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Política - Judiciales

Arriba la Educación!!! El Ministro Maccio y el presidente del Inst. de Cultura, G. Romero, imputados por fraude a la Facultad de Arquitectura

Resistencia (30-7-12): El fiscal Sabadini, del Juzgado Federal de Resistencia, requirió que se impute a 14 personas por incumplimiento de deberes de funcionario, fraude y encubrimiento. Entre los acusados, están el ministro de Educación de Corrientes Orlando Maccio y el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.

En el marco de la causa abierta por malversación de fondos públicos en la Facultad de Arquitectura de la UNNE, la Fiscalía Federal de Resistencia requirió que se impute a 14 personas por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude y encubrimiento. Entre los acusados, se encuentran el actual ministro de Educación de Corrientes, Orlando Macció y el presidente del Instituto de Cultura correntino, Gabriel Romero.

En su extensa presentación, realizada este viernes ante el Juez Federal, Carlos Skidelsky, el fiscal Patricio Sabadini aseveró que la gran cantidad de material probatorio confirma una serie de irregularidades vinculadas a importantes pagos de sueldos retroactivos a docentes por tareas que nunca realizaron, como así también de otorgamientos de cargos a profesionales que tenían abiertas incompatibilidades.

Por este motivo, Sabadini solicitó que se profundice en la investigación de 14 personas que tuvieron cargos jerárquicos dentro de la Facultad de Arquitectura, como así también a los profesores que resultaron beneficiados con estas contrataciones irregulares. A esto se le agrega la participación que tuvo el ministro de Educación correntino quien, de acuerdo al fiscal, estuvo involucrado en una maniobra de encubrimiento.

El esquema.

Para esquematizar su acusación, Sabadini dividió en tres los hechos investigados. El primero analiza la maniobra irregular que se realizó para abonarles un año de salarios en calidad de retroactivo, a los diseñadores gráficos Haraldo Schoroeder y Mario Liper Quijano, sobre los cuales, a la fecha, no hay un solo papel que determinen que efectivamente trabajaron durante ese período.

La contratación de ambos, se produjo el 16 de marzo de 2010, por resolución N°28/2010, del exdecano de la Facultad de Arquitectura, Jorge Putallaz. Esto se realizó previo consejo de las consejeras Dora Foulkes de Valdes, Ángela Sánchez Negrette y María Wilda Mac Donlad.

En la resolución que emitieron las consejeras, con fecha 2 de marzo de 2010, pusieron en función en el cargo de auxiliares docentes a Schroeder y Liper Quijano, con dedicación simple, en la cátedra “Historia del Arte”, pero con efecto retroactivo en el cobro, en el período que va desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2009. Es decir que cobraron por prestación de servicios que no fueron efectuados, según el fiscal.

Dos.

El segundo hecho analizado por Sabadini apunta a la contratación irregular, por abierta incompatibilidad, del arquitecto, Juan Carlos Coccato. Esta vez, el decano a cargo de la Facultad, era José Luis Solé, antecesor de Putallaz en la conducción de Arquitectura. Solé, a través de la resolución N° 1385/2006, del 18 de Diciembre de 2006, designó de forma interina a Coccato como profesor de Morfología II, de la carrera de Arquitectura.

Esta decisión se realizó violando la normativa de incompatibilidad de la UNNE debido a que Coccato pasó a planta permanente en el Ministerio de Salud del Chaco en febrero de 2006, hecho que el mismo Coccato no mencionó en ninguna de las declaraciones juradas que exige la UNNE a cada profesor nombrado. Es más, en el transcurso de 2008 ni siquiera presentó su declaración. Y Solé tampoco se la exigió.

“La incompatibilidad se verifica (en que) Coccato no podría cumplir las cuarenta horas semanales previstas para el régimen de dedicación exclusiva, teniendo a su cargo al mismo tiempo, dos puestos laborales de planta permanente en la Cátedra de “Morfología II” de la FAU-UNNE y el Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco”, sostuvo Sabadini.

Aún más: la continuidad política en Arquitectura fue tal que ya en la gestión de Putallaz, no sólo que se le renovó el cargo de dedicación exclusiva a Coccato, sino que se le otorgó otro más, en diciembre de 2008. Esta vez sólo de dedicación simple como titular de la cátedra de Arquitectura V. Es decir, a enero de 2009, Coccato tenía tres trabajos: dos cátedras en la UNNE y de planta permanente en Salud Pública.

Políticos.

El que seguramente tendrá mucha repercusión en el mundillo político de Corrientes es el tercer hecho analizado por Sabadini. El mismo apunta directamente dos altos funcionarios del gobierno que encabeza Ricardo Colombi: el ministro de Educación correntino, Orlando Macció y el presidente de Cultura de esa provincia, José Romero.

Esta historia comenzó en marzo de 2008, cuando el entonces decano Solé dejó sin efecto la licencia sin goce de haberes otorgada dos años atrás al arquitecto José Romero, quien se encontraba a cargo, con dedicación exclusiva, de la cátedra Historia III. Romero había pedido el fin de dicha licencia, con la intensión de retomar su cargo, pero lo hizo mientras aún seguía desempeñándose como subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Corrientes, al que accedió en 2005. La incompatibilidad era evidente.

“El capítulo IV, art 13.II.a del decreto N° 3413/79 establece que el agente que fuera designado o electo para desempeñar funciones superiores de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes, que se acordará por el término en que ejerza esas funciones”, recordó Sabadini.

El tiempo pasó y con la llegada de Ricardo Colombi a la gobernación Romero se fue para arriba. En diciembre de 2009 asumió como subsecretario de Cultura (posteriormente la subsecretaría se transformó en Instituto) mientras seguía cobrando “indebidamente” su sueldo como profesor de la UNNE. “Este cargo político lo alternaba indebidamente con los servicios de docencia en su cátedra de Historia III en la FAU-UNNE”, apuntó Sabadini.

“El cobro irregular de haberes de la FAU-UNNE por parte de Romero fue efectuado desde el 1 de abril de 2008 al 1 de abril del 2011, ya que aún ejercía transitoriamente otro cargo superior. En el caso de la Subsecretaría de Cultura del Municipio, Romero se reintegra no solo vulnerando la normativa citada sino la propia resolución de concesión de licencia sin goce de haberes por dicho cargo dictada por Solé, pues este había dispuesto que la licencia era otorgada desde el 1 de septiembre de 2006 ‘y por el término que ejerza esas funciones’”, abundó el fiscal.
Amparo.

Para el fiscal esta contratación irregular estuvo amparada y posteriormente apoyada por una serie de resoluciones bastante endebles que buscaban ratificar la legalidad de una designación abiertamente incompatible. En este plan, tuvo gran participación el ministro de Educación Macció, quien a pesar de haber sido una autoridad de la UNNE (fue secretario académico) emitió un dictamen en cual hacía foco en la escasa y versátil carga horaria que tiene Romero para efectuar sus tareas como funcionario, las cuales no lo imposibilitarían de realizar sus tareas en la facultad.

“Como funcionario público, (Macció) conocía que Romero había incurrido en una irregularidad, en percibir haberes por dos cargos en forma conjunta cuando en uno debía solicitar licencia y la no percepción de pago correspondiente (…) y que tenía la obligación de efectuar dicha denuncia”, afirmó Sabadini. Y remarcó: “Macció decidió efectuar su aporte a la maniobra de encubrimiento cuando debió denunciar, atento a su carácter de funcionario público”.

“Romero tanto como Macció no pueden desconocer que se conocen ya de lustros anteriores, lo cual crea una relación de confianza que presta a que Macció ayude a que Romero no se vea involucrado en un conflicto judicial administrativo o penal. Es por ello que emite dicha certificación, la que luego servirá a los demás acusados para que descansen dialécticamente sus argumentos”, afirmó Sabadini.

Acusaciones.

Con este marco, el fiscal resolvió acusar al exdecano Putallaz de fraude en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración infiel, en calidad de autor. Incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. Todo en concurso real.
La presentación también apuntó al exdecano Solé, a quien también acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor. Sabadini también imputó a los exconcejeros de Arquitectura, Dora Foulkes de Valdes, Carlos Gomez Sierra, María Mac Donald y Ángela Sánchez Negrette, de cometer fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipes necesarios e incumplimiento de los deberes de funcionario. A Foulkes y Gomez Sierra les añadió la acusación de encubrimiento agravado, en calidad de autor.

Retroactivos.

También acusó a los profesores que cobraron retroactivos de manera irregular, Mario Liper Quijano y Heraldo Schroeder, de fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipes necesarios y de incumplir deberes de funcionario público. Además, apuntó contra el arquitecto, Juan Carlos Coccato, a quien lo acusó de incumplir deberes de funcionario público.

El actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, José Romero, el fiscal lo acusa de incumplir deberes de funcionario público, al igual que al actual ministro de Educación correntino, Orlando Macció, sobre quien también pidió que se lo impute por encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público, en calidad de autor.

La Directora General de Asuntos Jurídicos, María Farias de Ramirez; su par de de Gestión en Personal FAU-UNNE, María Bataglia y la secretaria Académica, María Latorre también quedaron bajo la lupa de la Justicia. El fiscal las acusó de incumplir deberes de funcionario público y de encubrimiento agravado.

Cabe recordar que esta causa se inició con las denuncias presentadas ante la Justicia Federal entre diciembre de 2011 y abril de este año por un grupo de consejeros de Arquitectura, encabezado por el arquitecto Guillermo Jacobo. En esa presentación, afirmaron que la estafa al Estado ya era millonaria.

“Hemos solicitado en informes en reiteradas ocasiones a la autoridades de la facultad y en particular a Putallaz y reiteradamente nos ha negado la información. Así que el grupo completo tuvo que llegar a esta instancia judicial”, expresó Jacobo


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