Corrientes (5-7-14): El Instituto de Viviendas de Corrientes, a través de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Recuperos, están enviando miles de intimaciones con amenaza de desalojo a las familias adjudicatarias de viviendas que tiene alguna dificultad para abonar las cuotas, y en otros caso se las intima por simples tramites, causando innecesariamente mucha preocupación a miles de familias, y causando muchos gastos en viáticos, combustible, y comisiones a la Institución, totalmente intrascendentes. El nivel de Recupero financiero del INVICO, no mejora por estas intimaciones.

La intimaciones y los desalojos que está llevando a cabo el INVICO son totalmente anticonstitucionales y violatorios de la Constitución Nacional, ya que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger a aquellas familias de recursos insuficientes, y no intimarlas con el desalojo por el atraso en el pago de las cuotas.

Tampoco es legal intimar con el desalojo a aquellas familias que por no tener donde vivir han adquirido a través de una cesión de derechos una vivienda, cosa que está sucediendo, con total impunidad, viviendas que luego son entregadas arbitrariamente.

Según las intimaciones realizadas por el Departamento de Recupero del INVICO, Gerencia Económica Financiera, sé intima las familias con dificultades en el pago, a que en el plazo perentorio de 5(cinco) días se haga presente a pagar la deuda, bajo la amenaza de iniciar los trámites de desadjudicación de la vivienda o ejecución de hipoteca.

Esto además de inconstitucional, genera zozobra y temor en las familias, y hasta enfermedad en casos de personas adultas y que puedan estar padeciendo alguna enfermedad relacionada con los factores emocionales, hipertensión, etc.

Es totalmente inhumano e insensible mandar estas intimaciones y amenazas a las familias adjudicatarias en momentos en que la situación económica oprime cada vez más a la gente, sobre todos a aquellas familias con trabajos precarios, cuentapropistas, con bajos salarios, madres solteras, desocupados, jubilados, etc.…En una provincia con uno de los salarios más bajos del país, sin industrias, y con más del 50 % de los trabajadores en negro.

Y mientras esto se hace con la gente, a las empresas constructoras se les continúa pagando millones de pesos por mes, en concepto de mayores costos, ya sea por certificados de obras, o por la constante variación de los terrenos aportados por las empresas para la construcción de viviendas.

El INVICO pretende tapar con esta política hostil hacia la gente, la falta de construcción de viviendas, mientras más de 42.000 familias inscriptas siguen esperando una solución habitacional.

DELEGADOS GREMIALES DEL INVICO-ATE. Ctes, 05/o7/2014.

Sábado, 5 de julio de 2014