Corrientes (8-10-14): El retraso signa el proceso penal que busca dilucidar quién mató a Raúl “Moncho” Tuama, el célebre asesino y violador degollado y ultimado a puntadas en el anexo de la Unidad Penal Nº 1 (UP 1) en la cárcel -para presos procesados- de San Cayetano, en la medianoche del 20 de mayo de 2011.

Una hora y cuarto de demora. Caras de ofuscación y bostezos en la antesala de la sexta audiencia desarrollada en el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1): sólo uno de los dos testigos citados compareció.

La audiencia del lunes inició a las 9.15; duró unos setenta minutos. Si bien no produjo nuevas incriminaciones para algunos de los tres enjuiciados: Elías Luque, Javier Vera y Luis Caballero (el más complicado), sí robusteció un aspecto secundario pero clave: hubo injerencia directa del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para propiciar el crimen.

El fiscal de cámara requirió la remisión de copias de las declaraciones de todos los testigos a su par, que instruyó la causa para que determine si amerita que se endilguen responsabilidades al otrora director de la prisión de condenados, Hugo Molina, y a sus subalternos. “Estamos ante un posible delito de partícipe (necesario), porque fue el funcionario el que dio la orden de mantener las celdas abiertas durante la noche”, argumentó el representante del ministerio público.

A pedido de los defensores, el TOP 1 sopesará la posible citación como testigo de Molina, quien hasta fines de agosto era jefe del ahora intervenido SPP. El debate comenzó con la notificación por secretaría de la ausencia del testigo Tanuri.

La semana pasada el penitenciario ya había faltado, la Policía fue hasta el domicilio que había dado al declarar en instrucción, pero ya no vive más ahí. (Antes de concluir la audiencia el TOP 1 ordenó arrestarlo y traerlo mediante el uso de la fuerza pública).

Tras leves críticas al proceder policial de parte de la defensa y fiscalía, fue llamado al estrado el adjutor Alfredo Luis Acevedo, a cargo del sector en donde acaeció el homicidio. Ni bien tuvo la palabra pidió que lean su declaración de la instrucción.

La presidenta del tribunal denegó. Tuvo que evocar: “Esa noche me llamaron cerca de la medianoche; no me acuerdo bien la hora. Me hice presente. El oficial de guardia me contó lo que había sucedido: que hubo incidentes entre los internos y que había uno muerto en medio del pabellón”. Acevedo no vio nada. “Los otros presos ya estaban en su celda cuando llegué”, precisó y reiteró: “No estaba, a mí me llamaron”. El fiscal inquirió sobre la orden de dejar las puertas de los calabozos sin candados. “Fue una directiva puntual”, respondió el testigo y agregó que fue de carácter “verbal” y esgrimida por Molina; su superior inmediato y alcaide de la Unidad Penal Nº 1. “¿Y qué dice el reglamento respecto?”, preguntó la fiscalía.

El adjutor respondió: “El reglamento dice que las celdas tienen que estar cerradas”. “Era la forma de trabajo”, arguyó el compareciente. El fiscal recriminará poco después que en el libro de guardia tampoco había constancia del retiro de los celulares que, también por autorización de Molina, tenían los reos del pabellón.

El resto de las consultas divagaron por cómo habían llegado los presos hasta esa área que lleva el nombre de “aislamiento” y cómo era su relación. Acevedo dirá que el traslado de los internos fue por orden del por entonces, interventor del SPP, comisario general retirado Miguel Ángel Domínguez, y que “no hubo peleas” entre los convictos.

Además recordó que durante el cambio de pabellón ocurrieron “incidentes” menores (“se pusieron un poco duros para aceptar”). “Se llamaba todas las noches para informar las novedades a nuestro superior”, aseveró el declarante y recordó que en dos oportunidades Molina reiteró la directiva.

La última requisa fue en diciembre de 2010. A principios de 2011 el susodicho fue desplazado de su cargo en la UP 1; asumió el alcaide Roque Romero, pero la directriz pervivió: “No hubo otra directiva que contrarrestara la anterior. (Nortecorrientes.com)


Miércoles, 8 de octubre de 2014