Bs. As. (23-3-15): Cuatro fallos similares y en cadena sentaron antecedentes peligrosos en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad de los ´70. Con sus recientes resoluciones, jueces de primera y segunda instancia parecieron enviar un claro y ominoso mensaje a la sociedad: será cuanto menos difícil que prosperen los procesos contra empresarios cercanos y/o integrantes de la dictadura. Los casos que exculparon a Massot, Blaquier, Magnetto y Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para Ti.

.La "falta de mérito" –una forma encubierta de sobreseimiento– que benefició al director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, la firmó el juez ad hoc Claudio Pontet. El mismo viernes 6 de marzo, este abogado de matrícula devenido en magistrado de manera momentánea exculpó a Massot – sindicado como "coautor" de los asesinatos de dos obreros gráficos y de realizar aportes esenciales para favorecer el genocidio desde el periódico familiar– y sobreseyó a Hugo Sierra, secretario del ex juez durante la dictadura Guillermo Madueño, acusado de manipular el testimonio de secuestrados. "Tapó un escándalo con otro escándalo", había asegurado el fiscal local, José Nebbia, al momento de los hechos.

Según consignó Tiempo Argentino, Pontet aterrizó al juzgado federal Nº 1 de forma polémica: remplazó en el cargo a Álvaro Coleffi, el único magistrado que avanzó contra civiles en la localidad bonaerense y que dejó el despacho por presiones de la corporación judicial. La decisión de que Pontet se transforme en juez la tomó la Cámara Federal bahiense, lo que derivó en un pedido de nulidad de la designación por parte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Ocurre que la cámara sólo determina las subrogancias "cortas" –menores a 60 días–. Las más extensas le corresponden al Consejo de la Magistratura. Los fiscales federales locales Nebbia y Miguel Palazzani entienden la de Pontet es una suplencia "larga", por lo que presentaron un recurso en Casación que aún no obtuvo respuesta. También recusaron a Pontet por sus antecedentes: se lo vincula con imputados de lesa humanidad.

En un fallo sumamente polémico en materia de lesa humanidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la "falta de mérito" del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.

El "caso Massot" evidenció lo mancomunada que está la corporación judicial local. Fue ubicado en el cargo por la cámara, por sorteo. Había una lista de diez abogados de matrícula del Colegio Público de Abogados de Bahía Blanca para ocupar el cargo que fue compuesta por la Cámara Federal local. Curiosamente, en esa lista estaban el abogado de Massot (Rubén Diskin) y el del arzobispo Guillermo Garlatti (Héctor Bertoncelli), acusado de encubrir al capellán del Ejército Aldo Vara, fallecido en Paraguay donde estaba prófugo. Garlatti también fue sobreseído.

Massot, Sierra y Garlatti representan las tres patas civiles vinculadas a la dictadura beneficiada por la justicia federal de Bahía Blanca: un empresario de medios; un representante del Poder Judicial y otro de la Iglesia.

Al analizar la composición de la Cámara Federal de Bahía Blanca se comprenden varias decisiones. Sus tres integrantes –hay dos vacantes– son:

-Luis Néstor Montezanti es un ex Personal Civil del Ejército que revistó en el Batallón 601 durante el terrorismo de Estado. Actualmente, es profesor universitario, titular de cátedra en la Universidad del Sur en la facultad de Derecho. En 1979, avaló en una revista jurídica la pena de muerte legal. Por su pasado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero no se logró llevar al acusado a juicio político. "Hacen falta nueve votos para lograr el juicio. Tuvo el respaldo de los radicales", explicó una fuente del Consejo. Algo similar sucede en la Academia, donde existe un debate en torno a su destino: se pidió echarlo de la universidad por sus vínculos castrenses.

-Ricardo Emilio Planes es un juez jubilado que fue convocado para que la cámara pudiera funcionar cuando falleció Ángel Argañaraz. Su llamado tal vez no fue azaroso. En 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca tuvo su momento de gloria cuando se pronunció por la "inconstitucionalidad" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aquel tribunal estaba integrado por Luis Alberto Cotter e Ignacio Larraza y el mentado Planes, que en aquel memorable fallo votó en disidencia: para él, las leyes del perdón eran constitucionales. Consideraba necesaria una "pacificación nacional" y una "reconciliación". Hablaba de "amnesia" respecto de los dolores del pasado. Relacionado al gobierno radical, dos años después, con el menemismo se opuso a los indultos. Si bien estuvo distanciado con Montezanti cuando se encontraron en la cámara las diferencias ya se habían limado.

-Pablo Candisano Mera es el más joven del trinomio. Integró la lista Bordó encabezada por Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Se lo vincula con el secretario judicial Santiago Ulpiano Martínez –quien también es muy amigo del beneficiado Hugo Sierra–. Con el apartamiento de Coleffi, Martínez había logrado transformarse en juez subrogante y retrasó el "caso Massot", pero fue recusado por "falta de imparcialidad" por los fiscales. Actualmente, compite con Coleffi por transformarse en juez natural del juzgado federal Nº 1 de Bahía Blanca. Días atrás rindieron el examen escrito ante representantes del Consejo de la Magistratura. "Son todos muy corporativos", explicó una fuente que conoció los pasillos de los tribunales bahienses. Por caso, Candisano también entabló amistad con el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro. Compartió con ellos diversos viajes.

La cámara con estos integrantes llegó a negar un allanamiento al diario LNP. Este recién se concretó cuando asumieron al frente de la Unidad Fiscal local los procuradores Palazzani y Nebbia.

El "ingenio" de la Casación que protege a Blaquier

La Sala IV y un fallo tan polémico como peligroso. En un fallo sumamente polémico en materia de lesa humanidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la "falta de mérito" del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y del entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Lemos, en las dos causas en las que estaban procesados por violaciones a los Derechos Humanos. Estaban vinculados a tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y a otros 20 que se ejecutaron durante la Noche del Apagón, cuatro meses después. La resolución con la que se blindó al empresario azucarero fue sumamente simbólica y preocupó a los organismos de Derechos Humanos. ¿Quiénes la rubricaron?

-Gustavo Hornos, presidente subrogante de la cámara que avaló de forma unánime la falta de mérito de Blaquier. Hornos es hijo de un coronel retirado del Ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional y hermano de otro magistrado, Roberto Hornos. Entre otros cargos, integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Fue denunciado junto a otros jueces de Casación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura en 2007 por su actuación en juicios de lesa humanidad. Sorteó la acusación en su contra.

"Aunque ha tenido una actuación aceptable en los juicios de lesa humanidad, siempre en su voto ha dicho que dejaba su opinión a salvo en cuanto para él no había que haber reabierto los juicios. Insiste con la constitucionalidad de las leyes de impunidad", explicó Rodolfo Yanzón, abogado querellante en causas de lesa humanidad y denunciante de los camaristas ocho años atrás.

-Si bien Juan Carlos Gemignani (h) no tiene antecedentes en el Poder Judicial, pertenece a la familia de los tribunales. Su padre, que lleva el mismo nombre, también fue magistrado: integró la Corte de Justicia de Entre Ríos durante la última dictadura. Fue designado por el gobernador de facto Rubén Di Bello. Gemignani padre hizo carrera académica: alcanzó el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, que lo catapultó luego para ubicarse en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Padre e hijo compartieron estudio jurídico en Paraná, informaron medios locales. Justamente, Gemignani (h) hizo su trayectoria en el ejercicio de la abogacía.

-El tercer y último integrantes de la sala IV es Eduardo Rafael Riggi. Se trata de un juez que le dio mucho trabajo al Consejo de la Magistratura: tuvo varias denuncias en su contra. Fue funcionario en el Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971. Fue nombrado juez durante la dictadura. "Dos de sus secretarios, María Laura Olea y Diego Amarante, fueron abogados defensores de sus respectivos padres, ambos militares procesados por crímenes de lesa humanidad", precisió el sitio Infojus, la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Entre las denuncias más mediáticas, se destaca el pedido de juicio político por haber sido contactado por un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, para ofrecerle un soborno a cambio de que la causa del asesinato de Mariano Ferreyra cayera en su juzgado y él sobreseyera al sindicalista José Pedraza.

En 2007 varios abogados en representación de muchos querellantes en causas por violaciones a los Derechos Humanos presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los integrantes de la Cámara de Casación "por entorpecer las causas de lesa humanidad". La presentación alcanzaba a Alfredo Bisordi (entonces presidente del tribunal), Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Juan Rodríguez Basavilbaso, Hornos y Riggi, entre otros. "Los únicos que sobrevivieron fueron Hornos y Riggi”, recordó Rodolfo Yanzón, uno de los letrados que impulsó la acusación. Desde la denuncia, el accionar de ambos se modificó, indicó. "A partir de todas esta movida –sostuvo Yanzón– se disciplinaron. Si bien Hornos dejaba a salvo su opinión, acompañó el nuevo proceso judicial (en relación a los juicios de lesa)." Por caso, en 2012, revocaron las absoluciones a represores en Neuquén y ordenaron al Tribunal Oral Federal 1 de la capital provincial que aumente la condena de 12 años impuesta entre otros, a Raúl Guglieminetti.

Con el fallo del 13 de marzo pasado, el máximo tribunal penal volvió a sentar un antecedente peligroso en materia de lesa humanidad. La revocación del procesamiento de Blaquier provocó un sismo. Ocurre que la Casación recorta cómo mirar las causas penales federales.

San Martín, sin jueces para indagar delitos de lesa humanidad

"San Martin hoy no tiene composición de tribunal para hacer juicios de lesa humanidad", afirmó el periodista y abogado Pablo Llonto, querellante en causas por violaciones a los Derechos Humanos. Esta situación compromete el avance de las causas que investigan los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El tribunal a cargo de esos procesos es el TOF Nº 1, que en la práctica sólo cuenta con una jueza firme en su cargo: Marta Milloc. Ocurre que el presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, es subrogante en este tribunal y no en exclusividad. Concurre entre dos y tres veces por semana, explicaron fuentes judiciales. Y añadieron que su subrogancia concluye en junio.

La situación se agravó en los últimos días, cuando el juez Héctor Sagretti se inhibió para actuar en los expedientes de lesa humanidad. Esto dejó a tribunal encargado de esos juicios más que rengo.

"En una resolución inédita, se inhibió porque consideró que su posición en los juicios ya es conocida", explicó Llonto a este diario. Tanto Milloc como Barroetaveña convalidaron la inhibición. Esto motivó que el abogado querellante Tomás Ojeda Quintana presentara un escrito solicitando la nulidad de la resolución.

Este escenario produjo un cuello de botella: hay una cola de nueve causas de lesa humanidad esperando ser elevadas a juicio, entre ellas, la que involucra a la automotriz multinacional Ford, que espera fecha desde el año pasado.

Se sabe, los tiempos lentos de la justicia benefician a los victimarios.

Papel Prensa: un rechazo tan categórico como veloz

Ercolini no quiere indagar a Magnetto, Herrera y Mitre. Un día antes de que el empresario Carlos Blaquier fuera beneficiado con la "falta de mérito", el juez federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, rechazó tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña, Ernestina Herrera de Noble; y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su actuación en el despojo de la empresa Papel Prensa que sufrió su anterior propietario, la familia Graiver.

El pedido había sido formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, el día previo. Ante la insistencia del procurador y la querella, quienes apelaron la decisión, Ercolini volvió a sentar su posición. A Ercolini se lo vincula al ex procurador de la Nación, Esteban Righi, y al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a quien siempre se adjudicó relaciones con Clarín.

De acuerdo con el libro Justicia. Era Kirchner, Ercolini integró la cátedra de Righi en la Facultad de Derecho (UBA) desde que tenía 20 años "como docente alumno" y allí entabló un vínculo fluido con Fernández. El ex jefe de los fiscales "quiere a Ercolini como si fuera de su familia", escribieron Pablo Abiad y Mariano Thieberger en su libro.

Entre las causas calientes que tuvo se destaca la que acusaba a Néstor Kirchner de enriquecimiento ilícito. En 2004 lo sobreseyó.

Bottinelli, un "periodista" al servicio del horror, publicó en Para Ti un reportaje falso con los a militares.

En el que fue el último caso de un "efecto dominó", la Sala II de la Cámara Federal porteña benefició con la "falta de mérito" –el 17 de marzo pasado– al ex jefe de redacción de la revista Para Ti, Agustín Bottinelli. El ex periodista de la Editorial Atlántida había sido procesado por el delito de coacción como consecuencia de su desempeño en la publicación, en 1979, de un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas, quien estaba secuestrada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Los jueces que favorecieron a Bottinelli fueron Eduardo Farah y Martín Iruzun.

Al primero, el periodista Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo definió como "el delegado de Javier Fernández en la Cámara" que "en un alarde de economía de recursos integra sus dos salas".

El 17 de marzo de 2008, el magistrado votó que los crímenes de la organización parapolicial Triple A no debían ser considerados de lesa humanidad. Sus pares de la

Sala I, Eduardo Freiler y Horacio Cattani, equipararon los hechos investigados con el terrorismo de Estado.

Por su parte, Martín Irurzun es un antiguo camarista al que se vincula con el "partido judicial", cuya existencia y gravitación en el poder denunció semanas pasadas la presidenta Cristina Fernández. A Iruzun se lo relaciona con el radicalismo.


Lunes, 23 de marzo de 2015