Corrientes (25-3-15):
Por Alberto Ruiz Diaz
El tarifazo de la luz es una manera fácil de trasladar a la población las deudas que la administración colombi hizo contraer a la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) entre las cuales la más impresentable asciende a unos $500 millones por multas impagas que, a su vez, le fueron aplicadas debido a las altas pérdidas de energía, máxime porque esa irregularidad no sólo subsistió durante la última década sino que se incrementó, significando una infracción al marco regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de donde se alimenta su Red de Distribución. La “Pérdida de energía” es la diferencia entre la electricidad comprada al MEM y la suministrada (vendida) a los usuarios.
NdeR: Fue el propio Gobernador Colombi quien expresó en Radio Dos que la provincia adeudaba a CAMMESA la suma de $ 800 millones (ochocientos millones) y que no le pagab por no estar de acuerdo con los intereses que la firma imponía.

Un nivel cercano al 10% se considera normal porque no puede ser evitado, pero otra clase de pérdidas se originan por hurto o fraude y por mala administración ya que es energía consumida por alguien, pero que no es registrada y esa irregularidad se penaliza incluso con multas, cuyo ritmo aumentó cada vez más rápidamente desde 2010 cuando el Interventor Parisi administró la empresa en sintonía con el Ministro de Hacienda Vaz Torres, habiendo descuidado (por no decir desmantelado) el control de la calle y los operativos antifraude abandonándose los programas de en junio de 2008 la propia Dpec se había comprometido a ejecutar. La reducción de pérdidas pactada con la Secretaría de Energía de la Nación obedecía a la necesidad imperiosa de evitar precios diferenciados y sanciones monetarias.

La Auditoría para la distribuidora mayorista Cammesa llevada a cabo en Julio 2009, halló Pérdidas Totales (en porcentual de energía comercializada) de 42,62%, 44,04% y 49,30% respectivamente para los años 2005, 2007 y 2008. El informe de medición en pág. 17 dice: “Se observa un incremento de las Pérdidas Totales en el año 2007, tanto en los porcentajes relativos a la energía operada como los relativos a la energía comercializada. Este incremento se mantiene en el año 2008...”

El golpe que partió el corazón comercial de la Dpec fue el sistema informático SAP, licitado en 2008, pero puesto en servicio en julio de 2010 a sabiendas de que no tenía el módulo de fraudes con el que se había contratado. El SAP empeoró la situación, no por malo, ya que se usa en todo el mundo, sino por su implementación en la Dpec que no permitía hacer los “débitos” por energía no registrada y otros recuperos. El caso es que desde 2010 las pérdidas aumentaron con su correlato de multas y por ese concepto hay $ 500 millones impagos, pese a que las alertas de altas pérdidas estaban encendidas desde 2004.

CONVERGENCIA

A fines de 2013 saltó al plano político nacional la necesidad de futuras tarifas eléctricas con valores regionales, lo que a su vez obedecía a la necesidad de reducir subsidios nacionales a la electricidad, especialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires y, al mismo tiempo, asegurar que las tarifas provinciales queden congeladas por un año. El argumento era que los precios de la energía en provincias creció más que en la metrópolis y que esa brecha se fue ampliando en los últimos años por los incrementos que aplicaron las distribuidoras locales lo que, dicho sea de paso, no era el caso de la Dpec. El gobierno nacional negoció con cada provincia una inversión en obras para mejorar la infraestructura eléctrica de cada distrito con miras a un programa de tarifas eléctricas que convergería en valores regionales de referencia, que serán fijados por la Secretaría de Energía para cada una de las ocho regiones en que fue dividido el país.

Cuando se supo que la Nación aportaría dinero para obras el gobernador Colombi firmó el convenio de congelamiento tarifario de la Dpec a cambio de aportes nacionales. Vaz Torres volvió exultante y el 8 de mayo en el portal oficial www.corrientes.gov.ar anunciaba que “avanza el plan de obras de distribucion y la Compensación con Cammesa”, lo que fue tapa de varios medios. La “compensación” según Vaz Torres estaría por concretarse entre la Dpec y Cammesa, lo que sonaba un poco raro porque una compensación tiene lugar cuando dos son deudores uno del otro y tiene el efecto legal de extinguir las dos deudas hasta el importe menor; pero hasta donde se sabe Cammesa no le debe plata a la Dpec; vale decir que no hay deudas recíprocas sino simplemente la Dpec adeuda dineros a Cammesa, originado en la energía recibida que no paga con regularidad y en las multas por infracciones al marco regulatorio, que directamente no se pagan (rubro que acumula el pasivo de unos $ 500 millones sobre el cual todos ponen cara de “yo no fui”). Obviamente esa versión de Vaz Torres fue una comunicación disparatada, pues llamarle “compensación” es una inexactitud que va más allá de la semántica, especialmente porque desvió la atención al presentar como una exitosa gestión del Gobierno, la existencia misma de una deuda y el hecho de estar impaga.

El Convenio de Convergencia de Tarifas se complicó para Corrientes, tal vez porque la Dpec no había cumplido los planes de reducción de pérdidas, o porque no había hecho planes de pago con Cammesa, o por ambas causas que se hallan contempladas en las instrucciones regulatorias del Programa. La eventual falta de un Plan de Pago con Cammesa reforzaría la evidencia de que el monto de deuda en concepto de multas es inconfesable, aunque acá le echan la culpa a la Nación diciendo que no mandó la plata. El caso es que la Dpec volvió a fojas cero e intenta seguir negociando. Allá dicen que la tarifa no subió y acá dicen que el cargo fijo no es tarifa pero la aplican. Así las cosas cabe la pregunta, ¿quién asesora al gobernador?, ¿alguien le miente?

TRASQUILADO

Cuando se supo que la Nación aportaría dinero para obras el Ministro Vaz Torres le entró como chancho al maizal y al poco tiempo apareció como interventor en la Dpec. Su aterrizaje en el ente energético fue el 1º de agosto (día de su cumpleaños); la legalidad le duró 3 meses (Ley 3460; art 84) y debió cesar el 2 de noviembre (día de finados), pero se quedó... por ahora la mosca no apareció y el Ministro está como los magos que no tienen la obligación de revelar sus trucos y obviando explicar cuánto suman las multas por altas pérdidas; quién se hace cargo, si piensa pagarlas con el tarifazo y si hará bajar las pérdidas en la Dpec...

¿El gobierno se defiende del pueblo? El 19 de marzo pasado el Senado aprobó el proyecto oficialista de adhesión de Corrientes a la ley nacional que instituye el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum), que permite lograr una sentencia de la Corte provincial sin pasar por las instancias inferiores.

El Per Saltum creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación significa que “cuando circunstancias extraordinarias exigen la rápida intervención del máximo tribunal” el conocimiento y decisión de una causa se realiza pasando por alto (‘saltando’) las instancias ordinarias que las leyes rituales prescriben.

Ahora bien, el oficialismo local dice que se adhiere al per saltum nacional, sin embargo en la Nación 1) la Corte habilita la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad o la rechaza sin más trámite si no se observan prima facie los requisitos para su procedencia; 2) del escrito presentado se da traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema decide sobre la procedencia del recurso. En cambio en el per saltum colombista el Superior Tribunal automáticamente se hace cargo cancelando las instancias inferiores sin dar traslado a las partes interesadas.

Esa automaticidad difiere en este punto clave con el procedimiento de la Corte Suprema; es decir que si el per saltum colombista se junta con la mayoría automática colombista podría llegar a ser una virtual clausura de los derechos colectivos canalizados por vía judicial, como por ejemplo los amparos contra el tarifazo de la luz.

El hecho de que el Gobierno de Corrientes promovió meses atrás un recurso de per saltum en un conflicto de la DPEC con usuarios de Paso de los Libres, sin respuesta favorable, es una alarma gravísima. En Corrientes los Derechos Colectivos están en riesgo.-

Miércoles, 25 de marzo de 2015