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Crisis Energética
Convergencia tarifaria: no puede o no quiere
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Lunes, 18 de mayo de 2015

(18-5-15): La quiebra de la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) queda mayormente a cuenta del Gobernador Ricardo Colombi ya que sus últimos interventores se la pasaron fuera de la ley Nº 3460 y ahora ese desorden administrativo, que en principio parecía controlado, de repente empieza a mostrar que arrastra un desbalance de tal escala que excede largamente al del sector eléctrico administrado por el Estado nacional. La cuestión es que el Gobernador ya no encuentra manera de enmendar su desorden administrativo por cauces normales, ni siquiera en un asunto tan básico como es cobrar una tarifa de electricidad que refleje los costes operativos de la empresa pública, habida cuenta que no tiene otro objeto que cubrir el costo de la energía sumado al componente de gastos locales necesarios para su distribución como por ejemplo salarios, materiales, vehículos, pérdidas de energía, etc., denominado VAD (valor agregado de distribución).
Por Alberto Ruiz Diaz


El Estado nacional buscó un plan a mediano y largo plazo para reordenar el sector y concertar un nuevo marco tarifario. La porción de tarifa correspondiente a las distribuidoras (VAD) fue dejado para el final. En este contexto apareció el “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas” y el Gobernador Colombi lo firmó en el mes de abril de 2014, pero luego de varias idas y venidas el acuerdo cayó y trascartón apareció un tarifazo de energía contra los usuarios de Corrientes, basado en el formalismo de una Audiencia Pública (no vinculante) llevada a cabo en la localidad de Bella Vista.

La historia oficial es que el acuerdo cayó porque la Nación no cumplió lo pactado, sin embargo para ingresar al Acuerdo las provincias firmantes tenían la condición de informar a la Secretaria de Energía de la Nación el VAD de las Distribuidoras de energía eléctrica provinciales -de la Dpec en este caso- como así también que “no mantengan deudas con CAMMESA y/o que acuerden un plan de pagos en caso de tenerlas, como condición para que, entre otros aspectos, puedan ejecutar las obras” (Resolución Nº 530/2014). Lo que la historia oficial no dice es que en el tramo ubicado entre 2010 y 2014 la empresa que suministra energía tuvo muy malos balances, lo que se halla en relación con el manejo por parte del gobernador, que no es apto ni a propósito para reemplazar al Directorio.

Lo que tal vez sea pura coincidencia es que la caída del plan de Convergencia tarifaria permitió no divulgar los malos balances que tuvo la Dpec ni las inconfesables deudas que mantiene con Cammesa, por más de $ 900 millones, la mayor parte de la cual corresponde a multas por altas pérdidas de energía, porque el gobernador no tendrá en quién descargar las culpas.

Para más yeta puso a manejar la Dpec a un contador que lee mucho a la Fundación Mediterránea o sea con la formación y el accionar de los economistas muy dirigidos a negocios y servicios para la empresa privada, pero trabaja en el Estado donde el concepto de lucro no es lo esencial, pues en la actividad pública el objetivo no es el lucro sino el servicio al ciudadano, la mejora en sus condiciones de vida... y un economista que no tenga esa mirada global no va a conocer la realidad y seguirá actuando con el lucro como idea fundamental que articula todo el funcionamiento del Estado. Por ejemplo si la empresa se fundió, sea por la razón que sea, la solución es el tarifazo.

Volviendo al Acuerdo de Convergencia tarifaria, desde principios de 2015 estamos que se firma, que no se firma, a resultas de lo cual los usuarios de Corrientes no podemos tener una tarifa normal ni la provincia puede mejorar el servicio de abastecimiento eléctrico mediante obras financiadas por el Estado nacional porqué el Gobernador Ricardo Colombi no puede o no quiere firmar. Entretanto durante los procesos judiciales contra tarifazos y cortes de luz hubo abuso de debilidad judicial con manipulación de jueces y abogados. Claros ejemplos fueron, en Santo Tomé las llamadas telefónicas recibidas por la jueza sustituta y en Paso de los Libres la indicación del propio Gobernador a un juez de “que pague la luz”. La injerencia del gobierno en la tarea de magistrados es cuanto menos impropia y sobrepasa la fina línea roja que separa la influencia de la manipulación ya que hay actos que pueden no ser jurídicamente sancionables, pero sí moralmente discutibles. La cuestión radica en que esa barrera moral no es la misma para todos y, como si fuera poco el Superior Tribunal de Justicia castigó con multa a los abogados de Paso de los Libres que patrocinaron un juicio por los cortes de luz. Tal vez el uso del verdugueo tenga el mismo sustento que hace que Corrientes sea la provincia con mayor cantidad de trabajadores esclavizados, según el Renatea.-


Lunes, 18 de mayo de 2015

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