Corrientes (3-10-15): Militantes políticos, ex legisladores, profesionales del derecho, otrora defensores adjuntos, como también de los vecinos de la ciudad, integran el lote de los postulantes a Ombusman de Corrientes que aprobaron el examen escrito y que siguen en carrera para suceder a Miguel Alegre. Asimismo en la lista aparece el nombre alguien que podría considerarse el más polémico: Carlos Alonso, ex concejal y viceintendente del municipio capitalino durante la gestión del partido Nuevo.

Justamente cuando se desempeñó en esta última función, Alonso cometería una de las aberraciones históricas que perjudicarían por años a los ciudadanos de la ciudad de Corrientes y a las arcas del municipio. Sería el responsable de desestimar el juicio Civil que la municipalidad local había iniciado por la atroz estafa del considerado robo del milenio, aquel préstamo de 60.000.000 de dólares adquiridos por la comuna correntina al Banco Nación en agosto del 2000, por orden del entonces delegado de la intervención federal, Oscar Raúl Aguad (hoy diputado radical) a expensas de una estrategia financiera de Ramón Bautista Mestre, jefe de facto del Ejecutivo provincial. Aquella montaña de dinero verde sería posteriormente canjeada por los tristemente célebres bonos CECACOR. El efectivo se esfumó. Se produciría así, el mayor desfalco a dineros públicos en los 427 años de vida de la ciudad de Vera.

En el año 2002 la administración de Nora Nazar de Romero Feris decidió impulsar el reclamo civil por la tremenda deuda con la banca nacional surgida por la toma irregular del empréstito, la que había violado, no solo la Carta Orgánica Municipal, sino la propia Constitución de la provincia. La municipalidad lograría a través de una medida cautelar (justicia federal), frenar los descuentos obligados de coparticipación que eran destinados a amortizar el crédito, quitas que le provocaban un tremendo ahogo financiero. Por presiones políticas del Poder Ejecutivo provincial y ante un supuesto acuerdo de refinanciación de sus fuertes pasivos, el municipio se comprometería a retirar la demanda ante el fuero federal para que las retenciones sigan operando.

La intendente Nora Nazar, avergonzada de tomar una decisión que entendía mellaría por años a las arcas comunales pidió licencia en su cargo. Su lugar sería ocupado por el viceintendente Carlos Alonso, a quien no le temblaría el pulso para rubricar la penosa Resolución de desistimiento de la acción civil. Decisión que también había sido avalada por el Concejo Deliberante. Se concretaría de esta manera una de las mayores traiciones al pueblo de Corrientes. Tampoco el gobierno cumpliría con su promesa de desahogar a la gestión nuevista. Todo lo contrario, lo asfixiaría más.

Aquellos u$s 60.000.000 que jamás fueron utilizados por el municipio, se convertirían posteriormente en 180 millones de pesos y después en 240 millones. Terminarían licuados en la última refinanciación de los pasivos durante la intendencia de Carlos Mauricio Espínola. Sencillamente, al millonario robo de Mestre y Aguad, los contribuyentes correntinos lo siguieron pagando hasta el día de hoy.

Como una paradoja del destino, Carlos Alonso puja en la actualidad por ser Defensor del Pueblo, a quien en su momento no le supo cuidar sus intereses.

Sábado, 3 de octubre de 2015