Corrientes (19-3-17): El subcomisario Rubén Ferreyra y el suboficial Carlos López participaban de los operativos de las brigadas de la Policía Federal para la interceptación y secuestro de estupefacientes. Pero se sospecha que en lugar de registrar la totalidad del cargamento, apartaban algunos kilogramos de “pasto” (Cannabis) para pagar a los informantes que les brindaban datos de los movimientos de las organizaciones narco. Así se anticipaban a ellas. La hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que, además de “comprar información”, estos efectivos pudieron haber revendido a otras organizaciones criminales parte del estupefaciente secuestrado persiguiendo un beneficio económico.

“Pagar por información es una práctica que las fuerzas de seguridad alguna vez tuvieron que aplicarla para asegurar el resultado de los operativos”, confió un efectivo de una fuerza de seguridad federal a NORTE de Corrientes. Según la misma fuente, “todo aquel que integra una organización criminal lo hace por dinero. En ocasiones ofrecen vender la información y esos datos derivan en operativos exitosos que permiten alcanzar los principales eslabones de las organizaciones”.

Lo que ocurre es que las fuerzas de seguridad carecen de recursos económicos directos para “abonar” a sus informantes, y tampoco la Justicia avala estos mecanismos de acceso a información privilegiada. La práctica requiere una serie de acuerdos previos y de connivencias hacia dentro y fuera de la estructura policial para coordinar los registros del material incautado. “El informante puede estar manejando detalles de un cargamento de mil kilos de droga que saldrá desde cierto lugar a una hora determinada, pero el precio de los pormenores es, por ejemplo, 200 kilogramos de ese mismo cargamento.

Cuando se realiza el acta del procedimiento se podría hacer constar que lo secuestrado son sólo 800 kilogramos que es igualmente una cantidad importante que queda fuera del mercado”. Los informantes además brindan detalles relacionados con la composición de las organizaciones, y así se avanza en las averiguaciones para dar con las cabezas de los grupos criminales. La sospecha que surgió en el contexto del Operativo Sapucay es que los efectivos detenidos habrían comprado información a integrantes de las asociaciones ilícitas que tenían base en Itatí, pero que con el paso del tiempo afianzaron su relación con sus informantes hasta llegar a recibir parte del dinero obtenido por la venta de la marihuana incautada.

Esta sospecha surgió a partir de escuchas telefónicas para reunir pruebas en la causa que tramita el juez federal Sergio Torres, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, quien busca desbaratar las bandas que trasladan la marihuana que luego se comercializa en los barrios emergentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las grabaciones existe información que comprometería a los dos uniformados que prestaban servicios en la Delegación Corrientes de la Policía Federal, y que cuando fueron apresados tenían ocultos en sus lugares de trabajo varios paquetes de marihuana. Como resultado de estas vinculaciones la Jefatura de la fuerza de seguridad ordenó el pase a disponibilidad de 15 efectivos de la Región VIII, entre ellos oficiales de alto rango que coordinaban actividades en las provincias de Corrientes, Formosa, Paso de los Libres, Posadas, Presidente Roque Sáenz Pena, Puerto Iguazú y Resistencia. La sanción incluyó a quienes estuvieron en cargos jerárquicos desde 2014 en adelante, y alcanzó incluso a quienes habían sido ascendidos y a los que partieron de traslados a otras provincias en diciembre.

Mejicaneada

En noviembre del año pasado, los equipos de inteligencia de la Gendarmería Nacional montaron un operativo para detectar, seguir un camión hasta un depósito en Campana donde se iban a descargar casi dos toneladas de marihuana que estaba oculta entre la carga que trasladaba el rodado. Todo el plan se desarrollaba según lo previsto, hasta que tres automóviles interceptaron al rodado, y tras hacerlo frenar, un grupo de hombres armados obligó al chofer a ceder el volante, y uno de los “asaltantes” tomó el control de la máquina, custodiado por los autos.

Advertidos de la situación los gendarmes que controlaban la marcha del transporte de carga, fueron a su alcance y se produjo una persecución que terminó cuando el hombre que conducía el camión detuvo la marcha, se subió a un auto y se alejó. Cuando los hombres de la Gendarmería llegaron, el camionero entregó la carga y no puso resistencia al arresto. Las investigaciones posteriores dieron la pauta que quienes habían intentado apropiarse del camión era un grupo de efectivos de la Policía Federal, presuntamente encabezados por el subcomisario apresado la semana pasada. Sospechan que intentaban quedarse con parte de esa carga.
Diario Norte Corrientes

Domingo, 19 de marzo de 2017