Corrientes (12-12-17): La Policía Federal llevó a delante sendos allanamientos en farmacias de la Red Farmar del Grupo Castro, por causas de defraudación al PAMI con distintos mecanismos como facturas apócrifas, recetarios de fallecidos, etc.. El Grupo Castro uno de cuyos propietarios es Juan Castro mantiene una estrecha relación con el ex Gobernador Ricardo Colombi y el ex Ministro Coordinador Eduardo Vischi, al respecto cabe recordar que Castro pretendía adquirir la DPEC cuando Ricardo quizo privatizarla en un gran negociado que luego no pudo concretar, además Castro le alquiló al entocnes Ministro Vischi un local donde durante 6 meses estuvo cerrado por la friolera de $ 250 mil mensuales.
Foto: Juan Castro su amigo Eduardo Vischi y el inmueble que fuera alquilado por el Ministerio de Coordinación

Efectivos de la Policía Federal realizaron distintos procedimientos en locales comerciales (farmacias) del Grupo Castro. Los mismos se cumplieron en las farmacias ubicadas en San Lorenzo y Junín (pleno microcentro); en Yrigoyen y España; y en Maipú y Teniente Ibáñez. De acuerdo a las primeras versiones, las inspecciones tendrían que ver con estafas al PAMI, en causas que datan de 2016

En la causa se investiga una defraudación a la administración pública. El expediente se tramita en la Fiscalía 1, Juzgado 2 de Juan Carlos Vallejos

La defraudación alcanzaría más de 200 millones de pesos

En domicilios particulares de la familia Castro también está la UFI de AFIP

La historia pasada

La UFI-Pami empezó su propia investigación para indagar sobre las cifras insólitas que se pagaban en Santiago del Estero.

Hace algunos años, la cadena de farmacias FARMAR, referente en la región mesopotámica argentina, se partió en dos.

Mientras que FARMAR siguió bajo la conducción de Juan Castro, su hermano, Alberto Castro, las renombró FarmaLife, justamente algunos de esos comercios fueron blancos de los allanamientos el último martes en Posadas.

En Santiago del Estero le facturaron al Pami $154 millones sólo en insulina y tiras reactivas, pero en esa provincia hay sólo 2.000 enfermos de diabetes. Si las cifras fuesen reales, implicaría que el Estado pagó $9.625 por mes para la medicación de cada uno de ellos.

Entre las irregularidades más importantes se detectaron recetas fraguadas y hasta de afiliados ya fallecidos, cuyos recetarios se seguían utilizando para retirar medicamentos. Similares irregularidades se repetían en varias provincias, sumado al uso de sellos de médicos que fueron falsificados.

Martes, 12 de diciembre de 2017