EE UU (3-4-20): Con la excusa de combatir el narcotráfico, el gobierno desplegará una flota en torno al Caribe. La semana pasada el fiscal general había acusado a los mandatarios venezolanos de comandar una banda de traficantes vinculados a las FARC y puso precio a la cabeza de Maduro. Tensión en medio de la crisis sanitaria mundial. La escalada de Estados Unidos contra Venezuela pone ahora a los marines a las puertas de una invasión lisa y llana, aprovechando que los focos de la información apuntan al coronavirus, cuando en el territorio propio la cifra de víctimas de la pandemia encabeza ya las estadísticas mundiales. El bloqueo naval incluso impide el inghreso de mercadería y medicamentos al pais caribeño.


Por Alberto López Girondo
La semana pasada el fiscal general William Barr presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro y un grupo de altos funcionarios del gobierno chavista y de inmediato pusieron precio a la cabeza del mandatario en 15 millones de dólares. (ver acá).

Ahora, la Casa Blanca anunció la movilización de una fuerza naval con buques destructores, aviones y helicópteros en cercanías del espacio marítimo soberano de la nación bolivariana. No sólo la actitud resulta provocativa, sino que recuerda la invasión a Panamá para detener a Manuel Noriega, en 1989.

Barr fue clave aquella vez, como abogado de la aerolínea Southern Air Transport, ligada a la CIA y vinculada también con el tráfico de drogas en el marco de la operación Irán-Contras. Ahora volvió a escena. Otro de los personajes protagónicos de aquel escándalo, Elliot Abrams, había sido desempolvado de su retiro por Donald Trump para encarar una estocada final contra Venezuela. No lo logró, pero insiste.

El ataque contra Venezuela en este momento de crisis sanitaria en todo el mundo se hace contra la voluntad explícita incluso de países europeos, que reclaman el levantamiento de bloqueo para permitir la libre circulación de medicamentos e insumos médicos a Cuba, Irán y la propia Venezuela.

El 18 de marzo pasado, el FMI rechazó un pedido de ayuda económica de Caracas para paliar la crisis sanitaria, que sin embargo no está golpeando a Venezuela -donde hasta hoy había 144 infectados y 3 muertos- como a EEUU, con 217.263 casos y 5.151 decesos, en explosivo crecimiento.

El argumento fue que como a impulso de Washington un grupo de naciones reconocen como presidente al diputado Juan Guaidó, no les quedaba claro quién mandaba en el país. Si es que estuvieran dispuestos a colaborar, lo tendrían que hacer a través de Maduro, que mantiene el poder estatal para canalizar cualquier ayuda en el territorio.

Dos días más tarde de este rechazo, el uruguayo Luis Almagro fue reelecto en la OEA con el apoyo de los países que siguieron las directivas de EEUU. (ver acá). No fue el caso de Argentina ni México. Almagro es un incondicional de la administración estadounidense y ya deslizó que no tendría problemas en aceptar una invasión, algo que en América del Sur no ocurrió desde la independencia de España, desde 1810 en adelante.

La excusa de desplegar una flota para controlar los mares en una presunta operación antinarcóticos se choca, con la realidad de que el circuito de la droga no sale de Venezuela sino de Colombia y pasa por los países centroamericanos para cruzar la frontera mexicana.

Como recuerdan militantes por los Derechos Humanos estadounidenses como Roger Harris, si fuera por un interés genuino en combatir el tráfico, una buena medida inicial sería controlar el consumo en el país que más adictos tiene en el planeta: Estados Unidos.

Y luego implementar acciones contra quienes probadamente se determinó que colaboran en el proceso de esta industria tan lucrativa. Uno de ellos es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue identificado en un juicio contra su hermano en un tribunal de Nueva York en octubre pasado.

Por otro lado, los datos comprobables son que el principal exportador del mundo de opio es Afganistán, un país ocupado desde 2001 por Estados Unidos y donde el comercio de ese producto es fuente de ingresos paraa miles de pobladores. Así lo atestigua el informe de la oficina de las Naciones Unidas para el combate de la droga y el crimen organizado (UNODOC).

Ni qué decir del país de Gabriel García Márquez, donde desde 1999 se implementó el Plan Colombia, destinado a combatir el narcotráfico. Ese país es el que con ese argumento, recibe la mayor “ayuda” militar en el continente, en dinero contante y sonante y en efectivos dispersados en las siete bases estadounidenses.

En los siguientes informes de la UNODOC se puede ver el explosivo crecimiento de los cultivos en Colombia entre 2013 y 2018, cuando pasó de 48.000 hectáreas cultivadas a 169.000, tras pasar por un pico de 171.000 hectáreas en 2017.

Diosdado Cabello, el número dos del gobierno bolivariano, celebró -se entiende que de modo irónico- que el gobierno de Trump “tome acciones para controlar sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente del narcotráfico colombiano”. Y aprovechó para colgar ahí el comunicado de la cancillería venezolana donde expresa el repudio al ataque pergeñado desde Washington.

#COMUNICADO | Venezuela repudia las infamias proferidas por el gabinete de seguridad de Trump contra el Gobierno Bolivariano.Sin embargo,saluda que al fin EEUU tome acciones para controlar sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente del narcotráfico colombiano pic.twitter.com/SNGRAXaWq5

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 1, 2020

Viernes, 3 de abril de 2020