Bs. As. (30-6-20): El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a indagatoria al ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al ex Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; y al ex Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en la causa por el direccionamiento de las concesiones de los peajes. Además prohibió la salida del país de los ex funcionarios.

Por Mariano Zucchi.
El escrito judicial tiene en cuenta “el estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan” y libró un oficio a tal fin a los jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal, división Interpol, Gendarmería y Migraciones.

También fueron citados Andrés Alfonso Barberis Martins, presidente de Ausol S.A, y Ricardo José Stoddart, jefe del servicio de Asuntos Jurídicos en la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión de Iguacel. Sobre ambos pesa también la prohibición de salida del país.

La Justicia investiga si el ex presidente Mauricio Macri y sus ex funcionarios cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por las serias irregularidades en las que operaba el Grupo Concesionarios del Oeste S.A. (Acceso Oeste) y Autopistas del Sol S.A (Ausol) , cuyo accionista era SOCMA- empresa de la familia Macri-, y la escandalosa prórroga de la concesión.

La génesis del conflicto con Ausol arranca en 2001 tras la pesificación y el posterior congelamiento de las tarifas en 2003. Llamativamente el Grupo Abertis -controlante española de Ausol- presentó recién el 17 de diciembre de 2015 una demanda ante el CIADI contra la Argentina por mil ciento treinta y cinco millones de dolares (US$ 1.135.000.000).

Esto significa que la empresa socia de la familia Macri esperó 14 años para dar inicio al millonario reclamo ante un tribunal internacional. Y lo hizo exactamente siete días después del arribo de Macri a la Casa Rosada.

La maniobra fue advertida por Carlos Balbín, procurador del Tesoro durante la gestión Cambiemos, quien defendió los intereses del Estado ante el organismo con sede en Washington. En ese marco planteó que no correspondía pagar la deuda que demandaba Abertis porque no se habían agotado aún todas las instancias administrativas en nuestro país para hacer un reclamo ante un Tribunal internacional. Por este motivo presenta el 3 de febrero de 2017 una solicitud de bifurcación del procedimiento.

Canicoba Corral solicitó a la justicia española -por vía diplomática- el allanamiento de la empresa Abertis para que se gestione el secuestro de toda la documentación relacionada con la denuncia en el CIADI, la renovación de los contratos, mails, y todo material vinculado a la causa. Desde Cancilleria confirmaron a Diario Pulse que el pedido ya se remitió.

El 27 de marzo de 2017 el CIADI declara por mayoría (con la abstención del señor Debevoise) la solicitud de bifurcación planteada por Balbin. Es decir, hizo lugar a separar la fase jurisdiccional de la fase de fondo.

Al mes siguiente Macri lo removió del cargo y lo reemplazó por Bernardo Saravia Frías, abogado de la familia Macri e integrante de la “mesa judicial” del ex presidente, cuyo máximo referente fue Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En la causa que instruye Canicoba se investiga también la prórroga de la concesión pese a dos documentos que recapitulaban 50 informes presentados por el extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi) que detallan escandalosas irregularidades en las que operaba Ausol: maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento.

Uno de los documentos sobre el estado de situación de la concesionaria del Acceso Norte es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 5 de noviembre de ese mismo año. Hasta dicha fecha, la empresa presidencial llevaba acumuladas 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales.

“Ausol tiene un capital social de 88 mil millones de pesos y un patrimonio de 124 mil millones de pesos; en el transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y, además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”, explica el expediente firmado por Gustavo Gentili, ex Director del Occovi, quien amplió esta información ante la Justicia.

“Si el concedente quisiera prorratear estas condiciones en el tiempo, Ausol S.A. se aviene a una prolongación del plazo de 15 años más de concesión, llegando entonces hasta 2035”. Y agrega: “Se destaca lo absurdo del reclamo que la cantidad solicitada supera el patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del Norte, (…) por citar algunos”.

La concesión de Ausol S.A debía haberse caído ante los numerosos incumplimientos de la firma. Lejos de esto, cuando Cambiemos arribó al poder, desoyó los dos documentos y le reconoció a la empresa 500 millones de dólares que reclamaba, además de extender la concesión hasta 2030 por decreto sin llamar a una nueva licitación como lo establece la ley.


DENUNCIA. La acción penal ante el juzgado de Arroyo Salgado contra los responsables de la empresa Autopistas del Sol S.A por la conducta de evasión agravada.

Así quedó plasmado en el denominado “Acuerdo Integral de Renegociación Contractual” del Acceso Norte suscripto por ex el ministerio de Transporte y Autopistas del Sol S.A. a través del decreto 607/2018 que lleva la firma de Gabriela Michetti, Marcos Peña y Dietrich.

Durante los dos primeros años del mandato de Cambiemos, el entonces jefe de Estado concedió fuertes aumentos en los peajes. Sólo en 2017, el incremento alcanzó un 120%. Fue una suba que Macri se auto-concedió ya que el holding de la «famiglia», Sideco Americana S.A, controlaba el 7% de las acciones en Ausol S.A. Rápidamente el valor de las acciones se duplicó.

Tras dos años de tarifazos en los peajes, Sideco vendió sus acciones a la empresa Natal Inversiones S.A., una firma dedicada al rubro agropecuario sin experiencia ni conocimientos en temas viales. Poco importó al gobierno de Macri: fue un negocio redondo para el entonces Presidente. La transacción también está siendo analizada por la Justicia.

Gentili brindó un dato de alto voltaje para la causa: la firma Ausol S.A adhirió a la ley de blanqueo para pagar la deuda que había dictaminado la AFIP. “Ausol blanqueó plata”, reveló en diciembre pasado en diálogo con Diario Pulse. “Y si se adhiere al blanqueo es porque los incumplimientos fueron con el Estado”.

El ingeniero tomó conocimiento de esta situación tras realizar una denuncia contra los responsables de la empresa en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado por evasión agravada y posible comisión de delitos de acción pública, basado en los lapidarios informes. “Asimismo, al momento de informar los ajustes conformados, el contribuyente solicitó ante la AFIP la aplicación de los beneficios contenidos en la ley 27.260”, sostiene el fallo, en referencia al “sinceramiento fiscal”.

Los Macri ya tienen antecedentes en la materia. Gianfranco, que integra los directorios de varias empresas familiares, blanqueó 35,5 millones de dólares, según una investigación del periodista Horacio Verbitsky. Otros cuatro directivos históricos de SOCMA también ingresaron al blanqueo de capitales, totalizando unos $750 millones gracias a la medida que implementó Cambiemos.

Martes, 30 de junio de 2020