Reconquista (12-7-20): Reclama que un juez provincial ex­plique la razón por la que en 2016 se apresó a un alto oficial santafesino que comandaba un allanamiento. La Justicia Federal avanza en las investigaciones de los hechos que derivaron en la privación de la libertad de un alto funcionario policial de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Goya, du­rante un operativo antinar­co al que asistió el entonces gobernador Ricardo Co­lombi.

Ocurrió el 21 de diciem­bre de 2016 cuando el titu­lar del Juzgado Federal de la ciudad de Reconquista, Aldo Alurralde, mandó a realizar varios allanamien­tos en Goya debido a que existía una banda narco que operaba en esa ciudad y traficaba marihuana a la provincia de Santa Fe. Ese día llegaron a la segunda ciudad de la provincia un grupo de policías santafe­sinos con una orden para allanar varias viviendas, pero mientras se realizaba el operativo en una casa en la que estaban los narcos, se hicieron presentes en el lugar unos 50 efectivos de la Policía de Corrientes acompañados por Colombi y funcionarios judiciales.

Luego de ordenar que se suspendiera la irrupción en la vivienda donde había droga, se ordenó detener a José Mario Moyano, jefe de la Fuerza antinarcóticos de la Policía santafesina. “La privación de la libertad de Moyano habría contado con autorización de un juez o un fiscal. Esto debió haber originado un expediente ju­dicial, una investigación o una imputación contra el efectivo detenido. Eso es lo que se pretende conocer”, indicó una fuente judicial a NORTE de Corrientes. Esta información es clave para profundizar en la investiga­ción respecto a si Colombi y los efectivos policiales correntinos incurrieron en un delito.

“La investigación está activa y se avanza con los elementos de análisis. Lo que se puede notar es que la Justicia provincial se nie­ga a brindar la información que se viene requiriendo desde 2016”, hicieron tras­cender desde el fuero fede­ral. En aquella oportunidad la detención de Moyano fue avalada por el juez provin­cial Carlos Balestra y los fis­cales Patricio Palisá y Gui­llermo Barry.s

Defensor de testigos

La excusa de Colombi para bloquear el allanamiento antinarco fue que los efectivos santafesinos habían pa­sado por la ciudad de Corrientes y se llevaron a diez mu­chachos hasta Goya para que oficien de testigos. Es una carga pública a la que los jóvenes no pudieron negarse, pero sus padres no estaban en conocimiento de que se los trasladó y por ello se habrían quejado al gobernador, quien se apersonó en el lugar del operativo.

Condenas tras polémica intervención de efectivos

El juez de Reconquista, Aldo Alurralde, afirmó en 2016 tras el polémico al­tercado entre policías pro­vinciales de Santa Fe y de Corrientes: “Inicié una cau­sa para que se investiguen todos los hechos que ocu­rrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrien­tes sino también a los jefes policiales de esa provincia”. Lo que pretende aclarar es si los correntinos incurrieron en un delito, o bien, si hubo un error de procedimiento por parte de los efectivos santafesinos.

Pero, pese a los incon­venientes ocurridos aquel miércoles del último mes de 2016 en la ciudad de Goya, Alurralde logró que ocho integrantes de una organi­zación de narcotráfico sean procesados y juzgados por el tráfico de grandes canti­dades de marihuana desde la provincia de Corrientes a Santa Fe por medio de em­barcaciones que cruzaban el río Paraná.

La investigación había iniciado a principios de 2015 cuando la Policía de Santa Fe descubrió una red de centro de ventas de dro­ga que operaban en Recon­quista y localidades vecinas. Lo que se pudo determinar es que esos lugares se abas­tecían a partir de cargamen­tos de hasta 200 kilos que llegaban semanalmente desde Goya. Lo que se de­terminó es que los líderes de la organización estaban en la provincia de Corrientes.

Es por ello que en diciem­bre de 2016 se realizó el operativo “Ciudades Her­manas”, contexto en el que los policías santafesinos allanaron una vivienda ubi­cada en la calle Chile al 1100 de la ciudad de Goya don­de apresaron al goyano Ja­vier Oscar “Cabeza” López, quien fue llevado a juicio en 2019 junto a los demás inte­grantes de la banda.

En un juicio abreviado, López asumió la responsa­bilidad de los hechos y se declaró autor del delito de tenencia de estupefacien­tes con fines de comercia­lización y fue condenado a 5 años de detención; una pena de 4 años fue para Carlos “Gordo” Ramírez; Valeria Rolón, pareja de Ló­pez, recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión al igual que Fabián Antonio “Cotorra” Quiroz por tenen­cia de estupefacientes con fines de comercialización. El mismo monto de pena fue resuelto para Cristian “Colo” Thompson y Elvio Ramón Silva por tenencia de drogas

Domingo, 12 de julio de 2020