Paso de los Libres (24-9-14):
(24/09/2014) El Dr. Edgar Gimenez, Presidente del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción confirmó que la Dra. Roxana Romero se encuentra en uso de licencia desde el día lunes. “De esta manera se descomprime de alguna manera la situación que estaban atravesando los empleados judiciales pero no quiere decir que no sigamos manifestándonos y buscando una solución definitiva”, resaltó. Mañana se realizará una nueva marcha contra la fiscal.
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El Dr. Gimenez dialogó con La Balsa este martes, donde explicó que ya desde el lunes existían las versiones de una licencia obligatoria hacia Romero, que correspondería a una serie de licencias que ésta no se había tomado hasta que se esclarezca la situación. El lugar será ocupado de manera provisoria por quien la sucede en el cargo.

Por otra parte, se pudo saber que en las últimas horas fue presentado el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales, lo que deberá ser analizado por el organismo y determinar si da lugar al mismo.

PROTESTA Y MARCHA
Las expresiones de protesta contra esta funcionaria judicial que persigue a sus empleados, se siguen multiplicando en la ciudad fronteriza. Mientras, se piden informes y se tramita un juicio político.

Mañana jueves, a las 10, se realizará otra gran marcha contra la actuación de la fiscal Nº 1, Roxana Romero. Así como una semana atrás la modalidad fue una "marcha del silencio", en esta oportunidad será con una caravana de automóviles.

Todo concluirá finalmente con un bocinazo, con la intención de que las autoridades judiciales "escuchen" el clamor de los trabajadores judiciales de la cuarta circunscripción judicial, que vienen denunciando la práctica de mobbing (violencia o acoso laboral) por parte de esta funcionaria hacia los empleados de la Justicia libreña.

La actitud descomedida de la fiscal Romero llevó a que en un momento se quedara sola con un colaborador, pues la mayoría de su personal estaba de licencia por estrés o problemas psicológicos. Incluso uno de ellos, con un organismo ya afectado por un delicado problema de salud, terminó falleciendo.

Tanta resonancia adquirió este caso en el ámbito judicial de la Provincia, que el fiscal general César Sotelo tuvo que apersonarse en la localidad fronteriza ante el inocultable escándalo surgido por las denuncias de maltrato y acoso laboral contra la titular de la Fiscalía de Instrucción, Roxana Romero.

Lejos de asentar las versiones que lo dejaban como el "protector" de la polémica funcionaria judicial, el Nº 1 del Ministerio Público aclaró que las designaciones y las destituciones no le competen. Eso dejó en evidencia al propio Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura.

Sotelo dejó trascender que no le temblaría el pulso a la hora de presentar el informe sobre la coyuntura que ya significó marchas de silencio, actos de repudio y sentadas en el edificio público. Se hizo tiempo para una rueda de prensa en plena manifestación, donde tuvo que soportar estoicamente fuertes cruces con los periodistas, que de alguna manera dejaron trasuntar la preocupación no sólo de los trabajadores judiciales, sino de toda la comunidad libreña.

RESONANCIAS

El caso de la fiscal Romero llegó a la caja de resonancia de la Legislatura correntina. Los senadores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal, en tanto que una iniciativa similar se dio en la Cámara de Diputados.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), Telmo Aníbal Fernández, dijo que el gremio, después de mucho bregar, encontró predisposición en el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan para conformar equipos de trabajo que hagan un seguimiento de casos de mobbing en el ámbito del Poder Judicial.

Por su parte, otro dirigente del gremio judicial, Juan Carlos González, le informó a EL LIBERTADOR que el Sitraj está realizando un acopio de pruebas contra la conducta de la fiscal Nº 1 de Paso de los Libres, Roxana Romero, para presentarlo ante el Consejo de la Magistratura y promover un juicio político contra la magistrada a cargo del Jury de Enjuiciamiento.

También explicó que, en efecto, ni el Ministerio Público, ni el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) pueden adoptar medidas contra la cuestionada fiscal, puesto que la misma cuenta con acuerdo del Senado. Por eso "la única forma de desplazarla es a través de un juicio político en el Consejo de la Magistratura (Jury de Enjuiciamiento)", apuntó.

Las denuncias de los judiciales tuvieron la adhesión de sus colegas de la Justicia Federal y del Colegio de Abogados de Paso de los Libres, así como del gremio municipal y de otros sectores y vecinos de la comunidad de la ciudad fronteriza.


Miércoles, 24 de septiembre de 2014