Bs. As. (13-8-15): Gustavo Fresneda es candidato a ocupar el cargo de juez federal de Paso de Libres, vacante desde hace seis años. El Senado nacional prestaría acuerdo el miércoles. El pliego del postulante elegido por la Presidenta fue impugnado. Pero el abogado calificó las acusaciones como “falaces, mentirosas y arteras”.

El pliego de Gustavo Fresneda, candidato a ocupar el cargo de juez federal de Paso de los Libres, avanza en el Senado de la Nación pese a que recibió impugnaciones. La Comisión de Acuerdos se reunió este martes para analizar varios curriculum judiciales.

El pliego fue impugnado por dos particulares que acusaron al candidato de “haber estado procesado en una causa por delitos graves (cohecho y entrega irregular de bienes, entre otros)” cuando ejercía como secretario de un juzgado en Corrientes.

Recordaron que fue rechazada su postulación para integrar la Corte Suprema de Corrientes sin que se conocieran las causas. Fresneda escuchó cómo se leían las impugnaciones en su contra y que apuntaban a su supuesta falta de idoneidad e irregularidades en la devolución de cauciones y de vehículos y lanchas secuestrados cuando era funcionario en otro juzgado.

El abogado calificó a las denuncias como “falaces, mentirosas y arteras” y aseguró que había sido sobreseído en todas las causas.

El plan es aprobar los pliegos, entre ellos los de Fresneda, en una sesión que se realizaría el próximo miércoles o a más tardar el miércoles 26.

En octubre del año pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante de juez federal de Libres. Ahora, el Ejecutivo pidió prestar acuerdo el pliego de Gustavo Fresneda.

En la actualidad, Mabel Borda es la jueza subrogante de la instancia Federal en Paso de los Libres.
La cobertura del Juzgado de Paso de los Libres está pendiente hace ya más de seis años, y se estima que obtendría acuerdo el próximo miércoles.

NOTA DEL DIARIO LA NACION DEL 17 DE MAYO DEL 2004 EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS CAUSAS POR LAS CUALES FUE IMPUGNADO EL PLIEGO DE GUSTAVO FRESNEDA.

Investigan a un juez por liberar presos a cambio de dinero

Se trata del magistrado federal de Corrientes Vicente Soto Dávila; más denuncias

El juez federal Soto Dávila durante un procedimiento en Corrientes.

El juez federal de Corrientes Vicente Soto Dávila es investigado en el Consejo de la Magistratura en dos causas por la supuesta liberación de detenidos a cambio de dinero, el presunto reintegro de automóviles y lanchas secuestrados por plata a los imputados y por quedarse con parte del pago dejado en depósito por las excarcelaciones de detenidos que pasaron por su juzgado, según constancias de dos causas judiciales a las que accedió LA NACION.

A esto se suma una nueva investigación donde el juez está acusado de "cajonear" durante un año una denuncia del Banco Nación por una estafa de diez millones de pesos, desaparecidos de la entidad por medio de la entrega del dinero a empresarios correntinos que presentaban cheques sin fondos para ser cobrados por ventanilla. La denuncia del Banco Nación se presentó en abril de 2003 y la causa, meses más tarde. Hay una contadora del banco detenida por la Policía Federal, que se enteró del pedido de captura cuando la noticia fue publicada en los diarios correntinos.

Las denuncias, reunidas en dos causas investigadas por el fiscal federal de Corrientes Oscar Resoagli, alcanzan al secretario del juzgado Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda y a dos empleadas del tribunal: Miriam y Giselle Weschenfeller.

No obstante, el juez y sus empleados siguen en funciones y tramitan causas tan complejas y delicadas como el secuestro extorsivo del joven Cristian Schaerer, cautivo desde el 23 de septiembre del año último, sin que se tengan noticias de su paradero.

El caso Soto Dávila ingresó en el Consejo de la Magistratura en marzo pasado y desde el 8 del actual se debate en la Comisión de Acusación, a cargo del consejero Luis Pereyra Duarte, según dijeron a LA NACION fuentes del organismo

Los problemas del juez Soto Dávila comenzaron en un alejado destacamento de Gendarmería de La Leonesa, Chaco, el 17 de septiembre de 2003.

Allí, el detenido Luis Daniel Saez le entregó a un amigo que lo fue a visitar una esquelita, tan breve como reveladora: "Mariana, decile a Carlos que hable con Miriam, que es la secretaria de Fresneda, por el arreglo de la causa", decía, y adosaba el número de teléfono del juzgado.

Se investigan a sí mismos

Allí le comunicaba a Mariana, su esposa, que debía decirle a su abogado, Carlos Varas, que accediera al secretario del juzgado federal Gustavo Fresneda, a través de su empleada Miriam Weschenfeller.

El papelito terminó en el propio juzgado de Soto Dávila y Fresneda que, en lugar de excusarse, comenzaron a investigarse a sí mismos. Nunca le avisaron al fiscal del caso ni iniciaron sumario administrativo alguno.

Primero tomaron declaración al preso, que, como era de esperar, negó todo intento de arreglo, en un relato tan confuso y contradictorio que la escribiente lo recuerda especialmente.

El fiscal federal Oscar Resoagli, que intervino en la causa, determinó que antes de esa declaración testimonial el preso fue aleccionado en el despacho de Fresneda por el propio secretario sobre cómo debía declarar. Lo dijo el detenido cuando, arrepentido, confesó al fiscal que Fresneda y Soto Dávila "me compaginaron la declaración".

Reveló, además, que, mediante su abogado, le pidieron 60.000 pesos para arreglar su causa, aunque terminaron reclamándole 15.000 pesos. A pesar del descuento, al preso no le alcanzaba la plata, según explicó.

Este fue el primer caso que llevó al juez Soto Dávila a ser indagado por la jueza ad hoc Norma Pyrayine Nivero de Rinesi, pero allí se negó a declarar.

En ese expediente está acusado de haber reintegrado al detenido una camioneta Asia Topic con cigarrillos de contrabando a cambio de 1000 pesos, cuando la Cámara de Apelaciones había dicho que no correspondía devolverle nada y quedarse con parte de unos 4000 pesos secuestrados en ese expediente.

En la segunda causa contra el magistrado, iniciada por los dos fiscales generales, Resoagli y Germán Weisns Pinto, se incorporó una escucha telefónica de una charla entre un detenido por contrabando y la empleada del juzgado, donde exigió al primero 5000 pesos para recuperar un auto decomisado.

Además, hay constancias donde abogados con poderes falsos, ajenos a las causas, se presentan en el juzgado ofreciendo sustituir por una caución personal el dinero depositado por un imputado como fianza para la excarcelación, que ocurrió hace algunos años.

De este modo, desaparece esa plata sin que llegue nunca a manos del excarcelado que la depositó.

Estos trámites investigados se realizaron con la intervención de los mismos empleados y del propio secretario del juzgado.

Las sumas en juego son montos que van de los 1500 a los 5000 pesos, los que supuestamente eran distribuidos entre los abogados y los funcionarios judiciales.

La jueza ad hoc Pyrayine Nivero de Rinesi aún no resolvió si procesa o no al juez Soto Dávila y al resto de los implicados. En tanto, el fiscal Resoagli ya pidió que sean indagados por las nuevas irregularidades descriptas en su segunda denuncia. .
Por Hernán CappielloDe la Redacción de LA NACION

Jueves, 13 de agosto de 2015