Paso de los Libres (16-12-16): Desde teléfonos celulares hasta la penetración a redes sociales perso­nales. La denuncia se radicó en la fis­calía nacional del cibercrimen. El Juzgado Federal de Ins­trucción de Paso de los Li­bres sigue siendo una zona caliente y no por su acti­vidad meramente judicial. Cabe destacar que en este Juzgado se sustancian causas de relevancia nacional, además e la causa de trata de personas, se encuentra en investigación el de trafico de divisas y blanqueo de activos, causa en la cual existen detenidos y que se sospecha que habrían involucrados personas ligadas a los escalones más importantes del gobierno provincial. En los últimos días se habría detenido en el aeropuerto e Ezeiza a un importante comerciante libreño que venía desde la ciudad de Miami. Es para destacar también que en este juzgado se investiga la causa que involucra al Gobernador Ricardo Colombi conocida como "Casita Regalada", a la cual le "robaron" 8 cuerpos del expediente, justamente los que involucrarían al mandatario, pero que se vana a recomponer mediante las fotocopias que afortunadamente se tomaron.

Ayer se supo que todos los funcionarios judiciales de esa dependencia e incluso empleados administrativos pidieron peritar tanto sus teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico como el acceso a sus redes sociales personales. La sospecha es que todos esos dispositivos electrónicos están pincha­dos y están siendo espiados por piratas informáticos. ¿Paranoia? No, las sospechas se sostienen en el descubri­miento en febrero pasado de que el juzgado era espiado a través de un sistema remo­to, se cree, conectado a las cámara de seguridad.

Los hechos de espionaje informático fueron presen­tados en la Fiscalía Nacional de Cibercrimen esta sema­na, la presentación se hizo en base a episodios en que funcionarios del juzgado libreño sospechan que sus teléfonos celulares son ob­servados y manejados a dis­tancia. Por ejemplo, desapa­rición de contactos, de foto­grafías y el apagado y encen­dido sin que sus propietarios ejecutaran esas acciones. La situación se extienden a los secretarios del juzgado e in­cluso a los empleados admi­nistrativos.

En el pedido de investi­gación hacen notar que “la situación es un hecho grave que afecta a la intimidad de las personas y que también expone a los familiares de los funcionarios”.

Sospechan que las viola­ciones están relacionadas a causas en las que se inves­tigan a un grupo de empre­sarios acusados por contra­bando de divisas y lavado de activos.

Es que los funcionarios también intervienen en una causa en la que se investiga una organización de trata de personas que regentea­ba prostíbulos de la ciudad fronteriza del Sur provincial.

En el contexto de estas dos causas judiciales se des­cubrió que el ahora ex fiscal pudo haber te­nido vinculación con los in­tegrantes de ambas bandas y se sospecha que los prote­gió, según la acusación que hicieron los funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la Procuraduría de Crimi­nalidad Económica y Lavado de Activos.

“Las causas en las que se trabajan tocan muchos inte­reses, y seguramente existen a quienes les molesta que se exponga a la sociedad el trabajo que se realiza”, dijo a este medio un trabajador del fuero federal.

Viernes, 16 de diciembre de 2016