Corrientes (6-8-25): En la mañana de ayer, una imagen conmovedora se desplegó frente al río Paraná: familias, profesionales, docentes y personas con discapacidad se reunieron en la Costanera de Corrientes para alzar la voz. Con carteles, aplausos y lágrimas, se sumaron a la protesta nacional que tuvo su epicentro frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, y que se replicó en el interior del país. El reclamo fue claro: declarar la emergencia en discapacidad, rechazar el veto presidencial a la ley ya aprobada por el Congreso, y exigir el cumplimiento efectivo de los derechos de uno de los sectores más vulnerados del país.

Organizaciones, familias y profesionales se movilizaron en la costanera para exigir la restitución de derechos y el rechazo al veto presidencial a la Ley.

"Hoy estamos aquí con otras instituciones para visibilizar esta herida que sentimos por parte del gobierno nacional", expresó Yanina Barriola Abad, representante del Centro Puentes. Su voz fue una de las más firmes en la protesta, pero también una de las más dolidas. "El veto a la ley de discapacidad no es sólo un golpe a nuestros derechos, es una amenaza a los avances que con tanto esfuerzo hemos logrado. No pedimos privilegios: pedimos dignidad y justicia", afirmó.

La situación que describieron los manifestantes es alarmante. Desde centros terapéuticos y profesionales independientes señalaron que están cobrando los servicios brindados en marzo, mientras que muchas obras sociales recién comienzan a autorizar pagos desde agosto. "Trabajamos gratis durante medio año", denunció Barriola durante una entrevista con Radionord, y agregó que no sólo no hubo actualizaciones de aranceles acordes a la inflación, sino que además el acceso a los servicios esenciales está cada vez más limitado.

RECORTES, RETROCESOS Y ABANDONO

"No sabemos qué va a pasar. La situación es angustiante, estamos desamparados", dijo otra mamá presente en la concentración. Su testimonio fue uno de los tantos que pusieron en palabras una realidad dolorosa: obras sociales que recortan prestaciones, sesiones que pasan de cinco a dos por semana, terapias interrumpidas, tratamientos suspendidos y niños sin atención.

"Los transportistas no pueden sostener el servicio con estos valores. Entonces los padres tenemos que arreglarnos para traer a nuestros hijos dos veces por semana, cuando deberían venir todos los días", explicó otra madre. Las restricciones de transporte y los valores desactualizados generan una barrera enorme para acceder a los tratamientos.

A eso se suma el desgaste emocional y económico que atraviesan las familias. "Tenemos que llevarlos, traerlos, acompañarlos y además ahora también salir a la calle a pelear por lo que es justo. Esto no da para más", expresó entre lágrimas una mujer que se presentó como madre y también como profesional del área.

PROFESIONALES AL LÍMITE

La crisis no golpea sólo a las familias. También tiene consecuencias devastadoras para quienes sostienen los tratamientos. Claudia Zuñez, kinesióloga y fisiatra, advirtió que la situación es "insostenible". "Hay colegas que ya no pueden pagar el alquiler del consultorio, otros están reduciendo sesiones o dejando de atender. No podemos seguir trabajando casi ad honorem", explicó.

Desde septiembre del año pasado no se actualizan los honorarios profesionales y hay obras sociales con deudas de hasta ocho meses. "Estamos al borde del colapso. Esto repercute directamente en la calidad de atención que reciben las personas con discapacidad. Y no se trata de un lujo, sino de un derecho", afirmó Zuñez.

Además, la profesional remarcó los riesgos concretos que implican la interrupción o reducción de terapias: "Puede haber involución, pérdida de habilidades adquiridas, regresión emocional, alteraciones neurológicas u ortopédicas. No es algo que pueda esperar".

El reclamo fue unánime: si no se garantiza el financiamiento y la regularidad de las prestaciones, muchas instituciones podrían cerrar. "Hay centros que están echando personal o bajando la persiana. Si eso pasa, las familias no tendrán dónde dejar a sus hijos mientras trabajan, y los pacientes quedarán sin atención", advirtió.

UN RETROCESO DE DÉCADAS

Uno de los mensajes más fuertes de la jornada fue el que apuntó al retroceso en términos de derechos. "Nos dirigimos hacia un modelo donde sólo quienes tengan poder adquisitivo van a poder acceder a servicios. El resto quedará encerrado en su casa, como pasaba hace treinta años", advirtió Barriola.

Quienes estuvieron ayer en la Costanera coincidieron en que hay un abandono generalizado por parte del Estado. "Esto no es un problema sectorial. Es un problema social. La persona con discapacidad es parte de esta sociedad. Necesita atención específica para vivir con dignidad", sintetizó una madre.

Los manifestantes exigieron que se rechace de manera inmediata el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por mayoría en el Congreso. Y llamaron a los legisladores correntinos a involucrarse activamente en la defensa de los derechos vulnerados.

Miércoles, 6 de agosto de 2025