Bs. As. (13-8-25): La expresidenta sostiene que no se puede afectar posesiones ajenas al delito de la condena. Además, sus hijos indicaron que 24 de los 25 inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al decreto de 2009, que se usa para culpar a CFK en la causa Vialidad.

Por Raúl Kollmann

Guerra judicial, proscripción y también guerra económica. En dos escritos presentados este martes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el decomiso de bienes que le pertenecieron porque ninguno de ellos sirvió para cometer ningún delito ni fue producto de ningún delito, empezando porque la casi totalidad de esos bienes se compró muchísimo antes de que exista la causa Vialidad o las obras con las que se armó ese expediente.
En paralelo, también presentaron un escrito Florencia y Máximo Kirchner señalando, primero, que nunca fueron imputados en nada respecto del caso Vialidad y, segundo, que de los 25 bienes que heredaron, 24 fueron comprados por sus padres antes del supuesto hecho clave del expediente Vialidad, un decreto firmado por Cristina en 2009. La mayoría de los bienes se adquirieron incluso antes que Néstor Kirchner llegara a la Casa Rosada. Pero, además, los letrados de CFK sostuvieron que, de manera discriminatoria, se le aplicó a la expresidenta una actualización que determina un monto 100 veces mayor al que se impuso en otras causas, incluyendo decisiones de los mismos jueces en resoluciones tomadas unos pocos días antes. En los escritos se pide que todo el proceso se detenga, se debate en la Casación Nacional y luego en la Corte Suprema de Justicia. También está previsto un planteo en los organismos internacionales de derechos humanos.

Ningún bien está relacionado con el supuesto delito
Hay un escrito que lleva la firma de la propia CFK. Es el que se centra en que no se pueden decomisar bienes ajenos al delito de la condena. La exmandataria cita el artículo 23 del Código Penal que prevé que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”. En ese terreno, la expresidenta menciona que casi todo se adquirió muchísimo antes que se pusiera en marcha la causa Vialidad o que se produjera el hecho que el Tribunal Oral Federal 2 considera el centro de la responsabilidad de Cristina: el decreto del 54/2009, que permitió que se pagaran obras viales en Santa Cruz y en todo el país con un fideicomiso constituido con fondos provenientes del impuesto al gasoil. Lo insólito es que el decreto si vigente hasta hoy y se pagaron, entonces y ahora, centenares y centenares de obras viales.

Por lo tanto, un punto central es que se apela ese decomiso partiendo del hecho de que no hay vinculación entre los bienes que pretende decomisar el tribunal y el delito penado por el fallo que dejó firma la Corte Suprema. Otra cosa distinta es la reparación civil que tramita en el juzgado Civil y Comercial Federal número 2, por lo cual CFK pide que la cuestión se dirima en esa sede.

En el escrito, Cristina enumera toda la persecución que se llevó y se lleva adelante también desde el punto de vista económico: por ejemplo, las causas por enriquecimiento ilícito, en las que fue sobreseída hasta por el juez que instruyó Vialidad, Julián Ercolini. También hubo una causa por la herencia a Florencia y Máximo, igualmente sobreseída. Y la enumeración continúa. Debe recordarse que a CFK no se le encontró nunca una cuenta en el exterior o sociedades ocultas o bienes no declarados.

También contra Máximo y Florencia
Ambos hijos del matrimonio presidencial se presentaron igualmente ante el TOF 2 representados por el abogado Luis Joel Goldin. En el escrito se deja en claro que ni Máximo ni Florencia fueron acusados, ni mucho menos condenados, en la causa Vialidad, por lo que no tiene ningún sentido que haya un decomiso sobre los bienes que heredaron de su padre, después de la muerte en 2010, y de su madre, por cesión, en marzo de 2016, antes de que se pusiera en marcha el expediente Vialidad.

En el escrito se enumeran los 25 bienes que heredaron, con fecha de compra. Por ejemplo, el departamento de la calle Juncal fue adquirido en 1980, antes que Néstor fuera siquiera intendente de Río Gallegos. Hay un lote, en Río Gallegos, que el fallecido expresidente compró en septiembre de 2009. Es el único posterior al decreto 54/2009.

“La ejecución y el decomiso resultan descabellados --dice el escrito firmado por Goldín--. 16 de los 25 inmuebles fueron adquiridos por Néstor Kirchner, los cuales luego, dado su fallecimiento, fueron transmitidos a sus herederos forzosos. 24 de los 25 inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al único acto ejecutivo por el cual se dispuso la condena de CFK, el decreto 54/2009 firmado el 29 de enero de 2009. Está acreditado que los fondos utilizados por Néstor y Cristina Kirchner en tales operaciones resultaban absolutamente lícitos, porque en todos los casos hay sentencias de sobreseimiento por inexistencia de delito en los procesos judiciales por enriquecimiento ilícito”.

Cálculos discriminatorios
Hay un escrito principal, firmado por Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, en los que se cuestiona la resolución del TOF 2 de fijar en la cifra de 684.000 millones de pesos el monto sujeto a decomiso por la causa Vialidad. Es un recurso para que la cuestión sea tratada por la Cámara de Casación ya que no puede ser considerado un fallo firme, sino que admite apelación.

Los letrados cuestionan:

*Que en la actualización se haya usado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando en todos los fallos judiciales se aplica la tasa pasiva del Banco Nación. Incluso, los abogados citan tres fallos de los mismos jueces en que se aplica la tasa del Nación.

*En el fallo Vialidad se habla de un perjuicio de 84.000 millones de pesos, pero se señala que el monto proviene de un cálculo provisorio. Ahora los jueces dicen que no, que esa cifra es definitiva, es de diciembre de 2022 y que se actualiza desde entonces. El cálculo que deriva desde diciembre de 2022 hasta la actualidad son los 684.000 millones.

*Beraldi y Llernovoy sostienen que si se aplica la tasa del Banco Nación desde que se adjudicaron cada una de las 51 obras cuestionadas, la cifra sería 100 veces menor que la pretende aplicar el tribunal. En cierto sentido, todo refleja la persecución, porque de las 51 obras apenas se peritaron tres. De entrada se dijo que se iban a peritar cinco y se terminaron peritando tres, con pericias muy controvertidas. Y sin embargo, se aplican montos sobre obras que nunca se evaluaron. Debe ser un caso único en el mundo y exhibe el nivel de persecución.

Pero el centro del planteo de Cristina, Máximo, Florencia y sus letrados es que “el decomiso persigue desapoderar a las personas condenadas (y excepcionalmente a terceros), exclusivamente, de aquellos bienes que sirvieron como instrumentos para la comisión del delito y sus productos o provechos” y que, por lo tanto, los bienes que el tribunal pretende ejecutar no tienen relación alguna con Vialidad. Por lo tanto, se reclama detener todo el proceso, se apela a la Casación y que incluso se le plantea al tribunal que no tiene competencia porque en el terreno de lo económico ya está actuando otro tribunal, civil y comercial.

La tobillera electrónica impuesta a alguien que tiene custodia de la Policía Federal; la exigencia de que las visitas tengan aprobación judicial, algo que no se aplica a ningún detenido con domiciliaria; una condena sin prueba alguna; el fallo a velocidad récord, inédito, de la Corte Suprema, y el estrangulamiento económico: todo es parte del mismo fenómeno. O mejor dicho, el mismo intento de demolición política.

Miércoles, 13 de agosto de 2025