Bs. As. (8-12-25): Analistas observan cambios profundos en controles impositivos que reducen sanciones y habilitan operaciones sin rastreo estatal. El Ejecutivo sostiene que busca estimular la “libertad económica individual” mediante la inyección en la economía de fondos no declarados. En paralelo, organismos de control y especialistas en transparencia advierten riesgos para la prevención del lavado de activos y la legitimación de dinero ilícito.

Las claves

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de “Principio de Inocencia Fiscal”.

El umbral para denunciar evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones.

La prescripción tributaria disminuye de 5 a 3 años.

Se habilita un régimen simplificado que no exige justificar consumos personales.

Especialistas alertan por un escenario propicio para el lavado de activos.

Un proyecto que reconfigura el sistema penal tributario

El Gobierno Nacional presentó al Congreso la iniciativa denominada «Principio de Inocencia Fiscal», que introduce una transformación amplia del régimen penal tributario. El texto oficial apunta a “blindar” a quienes utilicen “dólares bajo el colchón” y reducir la judicialización de casos por evasión, cuyas penas actuales llegan a 9 años de prisión.

El Ejecutivo sostiene que busca estimular la “libertad económica individual” mediante la inyección en la economía de fondos no declarados. En paralelo, organismos de control y especialistas en transparencia advierten riesgos para la prevención del lavado de activos y la legitimación de dinero ilícito.

Cambios en los umbrales: un salto de magnitud

El proyecto eleva el piso para la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, lo que multiplica el mínimo por 66. Para la evasión agravada, el umbral asciende de $15 millones a $1.000 millones. Esto deja fuera del radar penal a contribuyentes con operaciones millonarias que, bajo el régimen vigente, podrían ser denunciados.

Prescripción reducida y efectos en la fiscalización

El plazo que ARCA posee para reclamar impuestos o promover acciones penales pasa de 5 a 3 años. Organizaciones vinculadas a políticas tributarias sostienen que este recorte impacta en la capacidad estatal de reconstruir maniobras complejas que suelen requerir análisis prolongados.

Un régimen simplificado para altos patrimonios
La propuesta crea un esquema para personas físicas con ingresos inferiores a $1.000 millones anuales y patrimonios menores a $10 mil millones. El rasgo distintivo consiste en eliminar la obligación de justificar consumos personales. Esto habilita que un contribuyente con patrimonio declarado de miles de millones realice compras, viajes o inversiones sin que ARCA pueda preguntar por el origen de los fondos, en línea con el objetivo oficial de “desburocratizar” la relación entre fisco y particulares.

Pago con recargo como freno a la vía penal

El proyecto indica que ARCA no podrá presentar denuncias penales si el contribuyente cancela la deuda antes de la denuncia o si abona el total adeudado más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación.

Fuentes judiciales mencionan que este mecanismo limita la posibilidad de perseguir conductas de evasión reiterada o planificada.

Multas formales elevadas, impacto acotado

La sanción por no presentar una Declaración Jurada, actualmente fijada en $200, subiría a $220.000 para personas físicas y $440.000 para sociedades. Especialistas remarcan que estos montos resultan menores frente a cifras de evasión que no superarían los nuevos umbrales penales.

Riesgos de lavado de activos y vacíos informativos

Las alertas se concentran en la combinación de umbrales más altos, reducción de controles y eliminación de exigencias de justificación. Organizaciones especializadas advierten que la posibilidad de movilizar hasta $100 millones sin revisión elimina un mecanismo central de prevención. Además, el régimen simplificado impide rastrear consumos personales, lo que reduce la información disponible para la Unidad de Información Financiera.

A esto se suma la prescripción acotada a 3 años, que acorta las ventanas de investigación de estructuras complejas vinculadas a actividades ilícitas.

Proceso legislativo y marco político
El proyecto se integra en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para reducir la presión fiscal efectiva sobre sectores de altos ingresos, tras el blanqueo de capitales de 2024 que permitió regularizar más de USD 20.000 millones. La discusión parlamentaria comenzará en comisiones de Diputados, donde el oficialismo buscará acuerdos antes del receso de verano.

Lunes, 8 de diciembre de 2025