Bs. As. (1-2-26): Una senadora radical impulsa la figura del “ecocidio” para castigar los crímenes contra el ambiente. En Diputados, impulsan proyectos para elevar penas contra quienes incendien bosques nativos. El engaño de la Emergencia Ígnea decretada por el Gobierno.

Por Agustín Gulman

Los incendios forestales que han arrasado más de 200 mil hectáreas en la Patagonia argentina se han colado en la agenda del Congreso de la Nación. Más allá de la Emergencia Ígnea exigida por los gobernadores que finalmente Javier Milei ha decretado mediante un DNU oficializado este viernes, bloques opositores impulsan proyectos para crear la figura de “ecocidio”, resistida por el Gobierno. También proponen ampliar penas para los autores materiales y responsables políticos.

Los proyectos han sido presentados en las últimas semanas en la Cámara de Diputados, mientras el fuego avanza con voracidad por el bosque andino patagónico hace casi dos meses —en el Parque Nacional Los Alerces las llamas comenzaron con la caída de un rayo el 9 de diciembre y ya arrasaron más de 20 mil hectáreas— , provocando a su paso una crisis ambiental desproporcionada, pérdidas invaluables de la biodiversidad, destrucción de infraestructura productiva y casi un centenar de viviendas que han sido reducidas a cenizas.

Ecocidio, un debate clave
La senadora Edith Terenzi, de la UCR, reactivó esta semana un proyecto presentado a mediados del año pasado para incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal, como una de las formas especiales de la criminalidad ambiental, y propone elevar las penas y establecer prisión de 3 a 10 años y multas económicas para quienes “provoquen daños especialmente graves sobre el ambiente”. Si fuera irreversible, se elevarían de 5 a 15.

Además, agrava las penas en caso de que intervengan funcionarios públicos, que contemplan la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos. Si como consecuencia del ecocidio se produjera la muerte de una persona, la pena será de 5 a 25 años de prisión.

En la región, Chile ha sancionado una legislación de avanzada en 2023, que incluye al ecocidio y estipula penas de hasta 10 años de cárcel.

Bélgica fue el primer país miembro de la Unión Europea en incluir esta figura a su código penal, sancionado en febrero de 2024, donde se establecen penas de hasta 20 años de prisión y multas de 1.6 millones de euros para empresas.

En Argentina el 95 por ciento de los incendios forestales están asociados a factores humanos, sea por impericia o producidos de forma intencional con objetivos económicos (lobby inmobiliario y expansión de la frontera productiva son dos razones esenciales), aunque también están aquellos iniciados de forma natural, la mayoría ocurren tras la caída de rayos.

Incendios: proyectos para elevar penas
En Diputados también hay un proyecto impulsado por Marcela Pagano, del bloque Coherencia, que busca modificar el Código Penal para agravar las penas para quienes provoquen incendios en bosques nativos o implantados, montes, selvas, áreas rurales, pastizales, humedales u otros ecosistemas naturales “y el hecho generare peligro común para los bienes o las personas o produjere daño ambiental de entidad”.

El artículo 186 bis del Código Penal prevé penas de 3 a 10 años y de 3 a 15 si tuviera agravantes. La iniciativa de Pagano busca elevarlas de 5 a 15; y de 10 a 20 si los incendios afectan bosques nativos protegidos por la ley de Bosques, que el gobierno desfinanció mediante un ajuste feroz previsto en el Presupuesto 2026.

En el caso de los incendios producidos por imprudencia, se elevarán las penas de 3 a 10 años de cárcel.

Pagano dijo a Página/12 que el Congreso debe involucrarse en una crisis que ha llevado a una situación límite a buena parte de la Patagonia. “Tenemos que elevar las penas y que sean efectivas, que no quede en la nada. Y también involucrar a los funcionarios que no cumplen protocolos ni la responsabilidad de aplicar los presupuestos para la prevención”, señaló.

El diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, presentó un proyecto similar, que también eleva las penas (a entre 5 y 15 años) y prevé la inhabilitación especial para quienes provoquen incendios que produzcan la destrucción o un peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o el ambiente.

Una vieja discusión
Pero la discusión por elevar las penas para estos casos viene de larga data. A nivel mundial los delitos ambientales representan la cuarta actividad delictiva, aunque no existen leyes específicas que persigan a los responsables.

En 2024, un panel de expertos en prevención del delito de las Naciones Unidas pidió legislaciones más estrictas y uniformes entre países y regiones para la protección del ambiente.

De hecho, con la legislación actual de Argentina es más probable que una persona vaya a la cárcel por robar un kilo de manzanas que por prender fuego 10 mil hectáreas de bosques nativos. Las causas por delitos de estas características fueron casi nulas en las últimas décadas, al igual que las condenas.

Los especialistas afirman que las iniciativas de endurecimiento de penas para los crímenes contra el ambiente deberían ser integrales. Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace, dijo a Página/12 que este tipo de proyectos que sólo se enfocan en los incendios no alcanzarán para la protección de la biodiversidad.

“Debería incluir desmontes. Se pierden más bosques por desmontes en el norte y eso debería ser un delito penal”, afirmó. “Estamos entre los 15 países del mundo que más deforestan, en especial en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”, agregó.

Las trampas de Milei
Tras casi dos meses de fuego desplazándose sin freno por la Patagonia, el gobierno publicó recién este viernes en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia que declara la Emergencia Ígnea, luego del reclamo de un sector de la oposición y el pedido de un grupo de gobernadores, incluso los aliados.

Pero la asistencia de las autoridades libertarias llega mal y tarde. De hecho, el DNU ni siquiera otorga partidas presupuestarias específicas o extraordinarias. Tampoco refuerza los recursos ya existentes, sino que es más bien una enumeración de medidas adoptadas.

El propio decreto reconoce que el Gobierno no estaba preparado para hacer frente a la crisis, aún a pesar de que durante la semana el presidente hizo gala en sus redes sociales de la asistencia que había prestado el Poder Ejecutivo para combatir las llamas.

El texto señala que “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada” y que “ante la criticidad de la situación deviene necesario e imperioso declarar la Emergencia Ígnea”.

Pero además hay una trampa. Al anunciar el decreto, el Gobierno desactivó los proyectos impulsados por la oposición para debatir la ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias que comienzan este lunes y que allí sí se asignen recursos concretos.

Recorte, recorte, recorte
Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales publicado este viernes, en los primeros 28 días de 2026 el Estado destinó 544,43 millones de pesos para atender la crisis producida por los incendios en la Patagonia. Sin embargo, se trata de fondos que ya estaban contemplados en el Presupuesto 2026 y no se ampliaron los recursos.

Pero además, todo ocurre en un contexto de desfinanciamiento de todas las políticas públicas orientadas a combatir las llamas. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó 207,55 millones sobre 20.130,71 millones disponibles (apenas 1 %). Y del Manejo del Fuego dependiente de la Administración de Parques Nacionales ejecutó 221,11 millones de un total de 6.805,18 millones disponibles, un 3,25 %.

Domingo, 1 de febrero de 2026