Corrientes (11-3-26): La iniciativa fue presentada este lunes 09/03 último por el legislador provincial Pedro “Perucho” Cassani, del partido ELI – Encuentro Liberal. El proyecto de ley crea el Régimen de Evaluación Toxicológica Preventiva, conocido como “narco test”.

De aprobarse, estaría destinado a funcionarios y empleados públicos que ocupen cargos jerárquicos o políticos en el Estado provincial.

La iniciativa propone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para detectar la presencia de drogas ilícitas.

Sería un requisito tanto para el ingreso como para la permanencia en la función pública, con el objetivo de garantizar que quienes ejercen responsabilidades institucionales lo hagan en condiciones psicofísicas adecuadas.

El proyecto establece que los controles serán preventivos, periódicos y aleatorios. Alcanzarán a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También a las autoridades y trabajadores de entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria y organismos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Asimismo, dispone que los candidatos a cargos electivos provinciales deberán someterse a los análisis toxicológicos entre la presentación de sus candidaturas y hasta 30 días antes del acto electoral.

La iniciativa establece que los controles serán obligatorios y de carácter anual, con una selección aleatoria basada en los resultados de la Lotería Nacional, a fin de garantizar transparencia y evitar discrecionalidades.

Los estudios deberán realizarse mediante convenios con instituciones que aseguren independencia técnica.

En caso de resultado positivo, se prevé la realización de una contraprueba, la activación de protocolos sanitarios de evaluación médica y un enfoque prioritariamente sanitario, con asistencia ante eventuales situaciones de consumo problemático.

Durante ese proceso, la autoridad competente podrá disponer una licencia preventiva hasta determinar la aptitud funcional del agente.

El proyecto también garantiza la confidencialidad de los resultados, considerados datos sensibles conforme a la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.

En sus fundamentos, Cassani señala que la iniciativa busca fortalecer la transparencia institucional y la confianza ciudadana, en línea con el principio de idoneidad para el acceso y permanencia en los cargos públicos establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

“La propuesta tiene un carácter preventivo, sanitario e institucional, y apunta a garantizar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan en condiciones adecuadas para la responsabilidad que la ciudadanía les ha confiado”, se destaca en el proyecto.

La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en provincias como SanLuis y Neuquén, e invita a los municipios a adherir al régimen, estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días posteriores a su promulgación.

Miércoles, 11 de marzo de 2026