Río de Janeiro (26-3-26): Tuvieron que intervenir el expresidente Alberto Fernández y la diputada nacional Marcela Pagano. Evitaron que escalara un conflicto diplomático y que Agostina Páez terminara en la cárcel. El final todavía es imprevisible. La tardía intervención de la diplomacia argentina, llamando a una conferencia de prensa en el momento que había que mantener un muy bajo perfil, para querer anotarse en la definición positiva del caso, en el cual no tuvo ninguna participación, llevó a el juez brasileño postergara la firma para que Agostina pudiera volver a la Argentina. Nuevo papelón diplomático.

Por Raúl Kollmann

En la sucesión de hechos sorprendentes del caso de la abogada santiagueña Agostina Páez, en Brasil, cinco cuestiones asombrosas ocurrieron en las últimas dos semanas. Uno. Todos los medios decían que le revocaban la prisión domiciliaria y que iría a la cárcel. No ocurrió. Dos. Que en ese momento dramático cambió de abogada, abandonó una actitud más bien soberbia y empezó a pedir disculpas por las ofensas racistas. Tres. Que la fiscalía acusaría por tres hechos, con 15 años de expectativa de condena. Eso no ocurrió: la acusaron por uno solo. Cuatro. Que, en contra de lo pronosticado, terminaron acordando (falta la firma del juez) una condena a dos años, sin cumplimiento efectivo y, según parece, regresará a la Argentina en la semana próxima. El acuerdo, por escrito, se le entregó al magistrado este miércoles y tiene una semana para convalidar o no convalidar. Toda la historia tiene un detrás de escena en la que intervinieron el expresidente Alberto Fernández, de fluida relación con el gobierno de Lula, y la diputada nacional Marcela Pagano. Eso explica los cuatro hechos asombrosos anteriores. El quinto hecho no fue sorprendente: otra vez la Cancillería no hizo nada por defender a una ciudadana argentina. Recién a última hora, poco antes del juicio del martes, el cónsul en Río de Janeiro le entregó una carta al juez pidiendo por Páez.

Este miércoles, tratando de tapar el papelón, se hizo una conferencia de prensa en el consulado carioca y la abogada de Páez, Carla Junqueira, sostuvo que “no hubo intervenciones políticas porque no creemos que el poder judicial de Brasil sea permeable en esos temas políticos”. La conferencia de prensa cayó mal en el juzgado a cargo de Guilherme Schilling Pollo Duarte, porque estas cuestiones se resuelven con bajo perfil. Todo lo contrario de lo que hizo el cónsul Jorge Perren, concretando un acto público oficial. Igualmente, lo más probable es que el juez firme el acuerdo en los próximos días. Eso sí, no permite que Agostina regrese al país hasta que no esté la resolución final.

Una escalada insólita
Tal vez el hecho más sorprendente de lo sucedido en Brasil fue la forma insólita en la que escaló el caso. Se recuerdan no menos de diez casos de hinchas de fútbol argentinos que realizaron (nefastos) gestos racistas durante enfrentamientos con equipos brasileños.

En Brasil -y es bueno que así sea- la injuria racial es un delito grave. Pero, en ese marco, hubo decenas de hinchas detenidos y siempre intervinieron los embajadores y cónsules para ayudar a resolver las distintas situaciones. El exembajador Daniel Scioli jugó un papel decisivo en varias oportunidades. En el caso Páez, desde el 14 de enero, no hubo movimiento alguno de la Cancillería ni de la delegación diplomática argentina en Brasil. La lógica indica que las autoridades de la embajada tienen que contactarse y ver cómo ayudan a resolver las cosas.

A un paso de la cárcel
Hace dos semanas, la totalidad de los medios brasileños y argentinos daban por hecho que se le revocaba la prisión domiciliaria a Páez y que sería enviada a una cárcel común. Para entonces, la abogada se había convertido en una especie de enemigo público del vecino país y se mencionaba poco que también había sido blanco de gestos de los encargados del boliche en el que se produjo el enfrentamiento. Pese a que no hay estadísticas precisas, los datos oficiales indican que en la actualidad, en Brasil, hay 14.097 procesos pendientes por injurias racistas.

En ese momento, cuando se hablaba de que llevarían a Agostina a un penal, el expresidente Alberto Fernández decidió intervenir. Como se sabe, tiene una larga relación de amistad con el presidente Lula, con el canciller Mauro Vieira y con casi toda la cúpula del gobierno brasileño. Se recordará que Alberto visitó a Lula cuando éste estaba preso.

El expresidente no conocía ni conoce a la familia Páez, pero lo hizo para que no escalara el conflicto con Brasil y para evitar consecuencias serias a una joven de veinte años. Si Páez iba a la cárcel y allí había algún problema serio, las cosas derivarían en tensiones imprevisibles de las relaciones entre Argentina y Brasil. “Sí, me involucré”, le confirmó Fernández a Página/12, aunque no quiso dar más detalles.

Una diferencia sustancial
En Brasil, la Procuración tiene estrecha relación con el Poder Ejecutivo. No al nivel de Estados Unidos en que el procurador -jefe de los fiscales- es un funcionario del gobierno y deja el cargo cuando el presidente termina su mandato. En el país del norte, el concepto es que el Poder Ejecutivo es el que instrumenta la política criminal y la ejecuta a través de la Procuración. En Brasil es bastante parecido. Aunque el procurador es, supuestamente, independiente, dura sólo dos años en el cargo y requiere de nominación del Poder Ejecutivo, por lo cual la sintonía y la dependencia es fuerte.

Todo indica que, tras la gestión de Alberto Fernández, el gobierno brasileño se puso en movimiento para amortiguar el caso y, como primer paso, a través de la Procuración y el fiscal, se ratificó la prisión domiciliaria. Según cuentan, la condición fue que Páez bajara el tono soberbio y empezara a pedir disculpas por la injuria. Eso derivó en el cambio de abogada.

Hacia una salida
Fijada la fecha del juicio -24 de marzo-, todos los medios señalaban que la fiscalía pediría condena por tres hechos de injuria racista con pena de hasta 15 años de prisión, de cumplimiento efectivo. La búsqueda de una solución llevó a que la fiscalía sólo acusara por un hecho, lo que permite que la pena sea en suspenso y, como alternativa, se cumplan tareas comunitarias.

En este último tramo resultó decisiva la intervención de la diputada Marcela Pagano que, mediante un escrito de cuatro páginas, se presentó como fiadora personal y solidaria de Páez, lo que significó garantizarle al juez que la santiagueña cumplirá con el fallo, realizará las tareas comunitarias y se presentará a la justicia cuando ésta lo requiera. Pagano le dice al magistrado que, con esa garantía, si así lo considera, podría habilitar el regreso de Páez a la Argentina. Y, caso contrario, que se le flexibilicen las condiciones de detención.

En la audiencia del martes, la fiscalía, la querella y la abogada Junqueira pactaron una condena a dos años de prisión, en suspenso, tareas comunitarias, y una indemnización para los tres denunciantes. Eso permitiría el regreso de Páez a la Argentina. Como la audiencia se extendió mucho, el juez pidió que le entreguen las cosas por escrito este miércoles, cosa que efectivamente se concretó.

La Cancillería ausente
Todo lo que hizo la Cancillería, tardíamente, fue presentarle un escrito al juez el lunes con la firma del cónsul Perren. Nuevamente ocurrió, como en el caso del gendarme Nahuel Gallo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó pagando por inacción. Eso llevó a una sobreactuación y a una conferencia de prensa en el consulado el miércoles, cuando todo pedía una silenciosa espera de la firma del juez. Algunas versiones indican que el magistrado se enojó con esa movida, pero otros sostienen que la demora es habitual: Schilling Pollo Duarte tiene una semana para formular una resolución. Eso sí, el magistrado le indicó a Páez que no se puede ir hasta que él firme la decisión final.

Hoy por hoy, la Cancillería y el ministro Pablo Quirno están concentrados únicamente en repetir, en espejo, lo que dice la Casa Blanca. Casi no hay más política exterior que esa. No advirtieron que las cosas cambiaron en Venezuela a partir de la presidencia de Delcy Rodríguez y tuvo que ir la AFA, también con intervención de Pagano, a rescatar al gendarme Gallo. En Brasil, se permitió el crecimiento insólito del caso con pronósticos de penas disparatadas para un delito serio, pero que no podía -ni remotamente- significar 15 años de cárcel. Además, se dejó que todo subiera a una zona de conflicto entre países. Esta vez no fue la AFA sino un expresidente y una diputada, los que tuvieron que actuar. Todo indica que se camina a una solución, pero el final está abierto.

Jueves, 26 de marzo de 2026