Paso de los Libres (10-7-26): Lo hizo a través de la resolución Nº 215 del Departamento Ejecutivo Municipal. El veto de la Ordenanza Nº 1.693/26 fue total. En sus fundamentos la resolución del DEM, expresa “la Municipalidad no cuenta con farmacia habilitada, ni profesionales farmacéuticos responsables de la recepción, conservación, control, dispensación y trazabilidad de medicamentos” y resalta que la implementación de dicha ordenanza “resulta materialmente inviable ya que puede generar un riesgo cierto para la salud pública y las consecuencias jurídicas para el municipio”. El proyecto lo había elevado el concejal, Pablo Vera, pero lo llamativo desde lo político, es que la iniciativa tuvo el acompañamiento de los propios concejales del oficialismo.

El martes 7 de julio, el ejecutivo municipal, vetó de manera total, la Ordenanza Nº 1.693/26, sancionada el último 24 de junio por unanimidad del Concejo Deliberante, y referida a la creación de un banco solidario de medicamentos en el municipio.

El proyecto de ordenanza, había sido impulsado inicialmente por el monobloque del concejal, Pablo Vera, y llevó la firma también de los concejales, Fernando Núñez (MID) y “Goia” Danuzzo (Vamos Corrientes), ambos del interbloque oficialista y solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal, “la creación en el municipio de Paso de los Libres del Banco Solidario de Medicamentos, como programa de recolección, almacenamiento y distribución de medicamentos no vencidos, con fines sociales, solidarios y de atención a la población vulnerable”.

La resolución Nº215, que vetó la ordenanza con la firma del intendente municipal, Agustín Faraldo, fundamentó que “la ordenanza citada, prevé la recepción, almacenamiento, conservación, clasificación y entrega de medicamentos donados por particulares, actividades que requieren condiciones técnicas y sanitarias específicas”, en virtud de ello, sostiene “la Municipalidad de Paso de los Libres no cuenta con farmacia habilitada, ni profesionales farmacéuticos responsables de la recepción, conservación, control, dispensación y trazabilidad de medicamentos”.

Agrega “que en esta línea de idea y razonamiento se debe tener en cuenta que la distribución de medicamentos sin la intervención de un profesional farmacéutico puede generar graves riesgos para la salud de la población, y comprometer la responsabilidad patrimonial y administrativa del municipio”.

Por otro lado, la resolución añade el marco legal al respecto “la normativa sanitaria nacional y provincial, atribuye a los establecimientos farmacéuticos habilitados y a los profesionales farmacéuticos la responsabilidad técnica sobre la conservación y dispensación de medicamentos, exigencia que la municipalidad, no se encuentra en condiciones de cumplir”, por lo que “la implementación de la Ordenanza 1693/26 del Concejo Deliberante, resulta materialmente inviable ya que como se ha dicho en otro párrafo, puede ocasionar un riesgo cierto para la salud pública y las consecuencias jurídicas para el municipio”.

Los argumentos de la resolución son claros, pero lo llamativo en el plano político, es que la ordenanza, tuvo la aprobación de los mismos concejales del interbloque oficialista. En el palacio municipal, atribuyeron el hecho a la “falta de comunicación política”, evidenciando un déficit en la coordinación política entre el ejecutivo y sus propios legisladores locales.

Por Ignacio Villanueva

Viernes, 10 de julio de 2026