Bs. As. (2-8-26): El discurso dominante amenaza con un default si vuelve el peronismo/kirchnerismo, pero los antecedentes muestran lo contrario. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner normalizaron y pagaron la deuda, mientras Macri y Milei privilegiaron al FMI, relegaron a los bonistas privados y agravaron el endeudamiento y la fragilidad financiera del país.

Por Alfredo Zaiat

Uno de los fantasmas alimentados por la derecha política, económica y mediática es que un eventual próximo gobierno peronista/kirchnerista declarará el default de la deuda. Para alejarlo, algunos dirigentes políticos de la oposición proponen enviar señales de compromiso con el equilibrio fiscal, con la ilusión de que así disminuirá el rechazo de los financistas locales e internacionales.

La cuestión fiscal tiene relevancia para amortiguar la intensidad de las corridas cambiarias en una economía bimonetaria, como la argentina, más que para evaluar la capacidad de pago. El fantasma de la cesación de pagos se exorciza de otro modo.

Existe una máxima en el mundo de las finanzas que dice que los deudores tienen que pagar sin importar cómo lo hagan, con o sin superávit fiscal. Lo único verdaderamente importante para sus integrantes es cobrar en fecha los vencimientos de intereses y capital. La segunda prioridad es que el negocio de la colocación de bonos de deuda no se detenga, ya sea para refinanciar vencimientos o para cualquier otro destino.

Todo está guardado en la memoria
La débil memoria sobre lo ocurrido durante el ciclo político del kirchnerismo, entre 2003 y 2015, e incluso durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, constituye un aporte involuntario del PJ opositor a la distorsión analítica. Esa experiencia debería ser rescatada para tener argumentos menos gaseosos ante la estrategia de confusión deliberada de la derecha.

El default de 2001 fue consecuencia del desastre financiero de la convertibilidad, plan económico con respaldo del poder económico y del mundo de las finanzas. El kirchnerismo rescató a la economía de la cesación de pagos mediante una primera negociación, en 2005, que obtuvo la adhesión del 76,0% de los acreedores. Ese porcentaje se amplió al 92,4% en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos años del segundo mandato de CFK, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se cancelaron las obligaciones derivadas de fallos adversos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, se renegoció la deuda con el Club de París y se pagó la indemnización a Repsol por la recuperación del control estatal de la petrolera nacional YPF. Y si los fondos buitre no hubieran desplegado una estrategia de extorsión política para debilitar la opción electoral del entonces oficialismo, se habría cerrado el capítulo del default de 2001.

Además, desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner hasta el último día del gobierno de Cristina se pagaron sin ningún atraso todos los vencimientos de capital e intereses de los títulos públicos en dólares y en pesos.

Otro gobierno peronista, el de Alberto Fernández, reconoció la inmensa deuda contraída con el FMI, pese a las irregularidades cometidas por el organismo internacional en su otorgamiento, así como a los incumplimientos administrativos del gobierno argentino. El responsable de semejante endeudamiento fue el gobierno de Mauricio Macri.

Ese insólito préstamo totalizó 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones. Luego, el gobierno de Javier Milei lo amplió en otros 20.000 millones.

El factor que no pasa desapercibido para los bonistas privados es que, como consecuencia de estos dos ciclos políticos de derecha, quedaron relegados. El FMI es un acreedor privilegiado: cobra primero y sólo después lo hace el resto de los acreedores. Este es uno de los principales motivos por los cuales el indicador de riesgo país se mantiene en niveles que impiden la emisión de bonos de deuda en el mercado voluntario internacional de crédito. Los bonistas privados no tienen voluntad de prestarle a la Argentina de Milei si esos dólares se destinan a pagarle al FMI y, de ese modo, ellos quedan en una posición más vulnerable para cobrar, dada la debilidad financiera del país.

Otro antecedente que no debería pasar inadvertido fue el default de la deuda en pesos dispuesto por el gobierno de Macri al final de su mandato mediante el “reperfilamiento” de los vencimientos de capital e intereses. Antes, como consecuencia del desmanejo de las finanzas públicas del entonces ministro Luis Caputo, grandes fondos de inversión internacionales, como Pacific Investment Management Company (PIMCO) y Templeton, perdieron miles de millones de dólares.

Con este recorrido, ¿a quién deben temer más los bonistas privados: al kirchnerismo, que fue una máquina de pagar deudas, o a los proyectos políticos de derecha, que privilegian al FMI y les provocaron quebrantos millonarios?

Este interrogante, al igual que el análisis de la historia reciente de la deuda —sin incluir los quebrantos bancarios de la última dictadura militar, el default selectivo durante el gobierno de Raúl Alfonsín ni el Plan Bonex del gobierno de Carlos Menem—, interpela el discurso dominante, que ha sido muy eficiente en la construcción del sentido común.

Las claves del proyecto de ley
Estos antecedentes sirven para concluir que un eventual próximo gobierno peronista/kirchnerista, que reemplace el experimento político liberal-libertario, no declarará el default de la deuda. Incluso, el escenario más probable es que resulte mejor para los bonistas privados. Esto se deduce del proyecto de ley presentado por el diputado Máximo Kirchner junto con otros 16 integrantes del bloque del PJ.

La propuesta principal, explicada en El Destape aquí y aquí, tiene de autor intelectual original a Daniel Kostzer, economista jefe de la Confederación Sindical Internacional. Es una idea que Kostzer compartió sin éxito en su momento con el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, cuando se estaba renegociando el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández.

Hoy adquiere todavía más relevancia ante el despropósito del FMI, liderado por la búlgara Kristalina Georgieva, de ampliar el préstamo a la Argentina y volver a violar los criterios de sustentabilidad de la deuda y los límites impuestos por el estatuto del organismo, tal como ocurrió con el crédito a Macri durante la gestión de la francesa Christine Lagarde.

Con el propósito de explicar de manera didáctica los fundamentos y el plan de acción de la iniciativa de Kirchner, Kostzer elaboró un texto en el que tituló uno de los apartados “Cómo explicar el proyecto a personas no técnicas”. Los diez puntos para ilustrar su relevancia son los siguientes:

1. No toda la deuda es igual.

Una parte del préstamo estaba dentro de las reglas normales del FMI y no se propone desconocer esta obligación. Otra parte fue extraordinaria y se aprobó mediante una decisión política excepcional. No corresponde tratar ambas partes de la misma manera. El préstamo excedió ampliamente la capacidad normal de acceso de la Argentina y su capacidad de repago; estuvo sujeto a decisiones políticas de los principales accionistas —en especial, los Estados Unidos de Donald Trump—; no impidió una salida masiva de capitales; y sus propios supuestos de sostenibilidad y recuperación del acceso a los mercados no se cumplieron.

2. Argentina no propone dejar de pagar.

La propuesta no es desconocer la deuda. Es pagarla en condiciones que el país realmente pueda cumplir, sin destruir su economía.

3. La deuda se paga con dólares, no solo con ajuste fiscal.

Reducir gastos en pesos no crea automáticamente los dólares necesarios para pagar al FMI. Para pagar deuda externa, la Argentina debe exportar más, acumular reservas y evitar que las divisas se fuguen.

4. Tomar deuda para que los dólares salgan del país es insostenible.

Si el Estado recibe dólares prestados y esos dólares terminan saliendo por fuga de capitales, la deuda queda para toda la sociedad, mientras los activos quedan en manos privadas.

5. Hay una responsabilidad compartida.

El FMI no es un prestamista pasivo. Evalúa, impone condiciones, aprueba y controla el programa. Cuando autoriza el mayor préstamo en la historia y el programa fracasa, no puede atribuir toda la responsabilidad al país.

6. La propuesta divide la deuda en dos partes.

Una parte se sigue pagando bajo reglas financieras normales. La parte extraordinaria se negocia por separado, con plazos mucho más extensos, un período de gracia, la eliminación de los sobrecargos, intereses renegociados y pagos sujetos al crecimiento, las exportaciones o la acumulación de reservas.

7. Pagar sin crecer es imposible: “Los muertos no pagan sus deudas”.

Si para pagar la deuda se reducen la producción, el empleo y las exportaciones, el país termina con menos capacidad de pago. Una solución sostenible necesita crecimiento y generación de divisas.

8. Controlar los capitales no significa cerrar la economía.

El control de capitales significa impedir que los dólares obtenidos mediante deuda pública sean utilizados para movimientos especulativos o fuga, preservando al mismo tiempo las divisas necesarias para importar, producir e invertir.

9. El Congreso debe autorizar las decisiones.

Una deuda que compromete recursos durante décadas no puede ser decidida por un decreto o una oficina administrativa. Debe discutirse públicamente y aprobarse por ley.

10. El problema también es del FMI.

La Argentina concentra una parte extraordinariamente elevada de los préstamos del Fondo. Si la Argentina no puede pagar bajo el cronograma vigente, esa exposición crediticia también representa un problema para el organismo.

Construir una doctrina de negociación
Kostzer sostiene que la principal contribución del proyecto no es ofrecer una excusa jurídica para no pagar, sino construir una doctrina de negociación. Concluye que “Argentina debe pagar lo que efectivamente puede pagar, en los plazos en que pueda generar las divisas, diferenciando la porción técnicamente normal de la exposición extraordinaria que fue creada por una decisión política compartida”.

La oposición política a la derecha, tanto a la extrema de Milei como a la tradicional, tiene la oportunidad de abandonar las posiciones argumentativas defensivas, porque cada una de esas experiencias, por lo menos durante los últimos 50 años, ha sido desastrosa en el manejo de la economía y de las finanzas públicas.

Domingo, 2 de agosto de 2026