Bs. As. (6-8-26): Apenas una semana después de haber anunciado una reforma estructural en el sistema portuario, el gobierno de Javier Milei debió firmar una forzada retirada en su agenda de desregulación económica. A través del Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión total de los efectos del Decreto 690. Esta marcha atrás representa un duro revés político para el oficialismo, ya que evidencia una vez más la improvisación con las que el Ejecutivo toma decisiones y los límites de una estrategia que intenta imponer cambios unilaterales en sectores estratégicos de la infraestructura logística nacional.

El Ejecutivo suspendió la medida promovida desde el Ministerio que comanda Federico Sturzenegger. El decreto había desregulado el practicaje, pero retrocedió luego del conflicto que afectó la actividad portuaria.

El conflicto se originó con una medida que buscaba modificar de raíz el "Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina". Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la normativa vigente contemplaba "disposiciones y exigencias actualmente obsoletas" que operaban como "barreras y restricciones injustificadas" que dificultaban la incorporación de nuevos prestadores al servicio. Sin embargo, la premura por avanzar con este esquema desregulador, promovido por la gestión de Milei y ejecutado por el ministro Federico Sturzenegger, desató una resistencia fulminante en el sector marítimo.

El colapso del servicio y la negociación forzada bajo presión gremial
Tras la entrada en vigencia de la reforma libertaria, los prestadores del servicio de practicaje y pilotaje —esencial para que los buques transiten con seguridad y sin encallar por las vías navegables nacionales— iniciaron de inmediato medidas de fuerza. La reacción gremial paralizó las operaciones en los puertos y generó una "situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema" de navegación. La inminente parálisis del comercio exterior forzó al Ejecutivo a abandonar la intransigencia habitual y convocar de urgencia a una reunión con los representantes del sector para acordar una salida a la crisis.

El resultado de esa negociación quedó plasmado en el articulado del nuevo Decreto, el cual formaliza una capitulación explícita de la desregulación a libro cerrado que pregona el oficialismo. Para garantizar la "reactivación de la prestación del servicio" y "mitigar la situación de crisis", el Presidente se vio obligado a suspender los efectos de su propio decreto desregulador y restituir la "plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas".

Asimismo, el decreto de retroceso impone la creación de una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Este espacio de diálogo e intervención estatal —integrado por funcionarios de dicha cartera, de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector privado— buscará diseñar un nuevo reglamento por consenso, una instancia que la gestión de Milei omitió deliberadamente en su primer intento. Como parte del acuerdo para restablecer la paz en los puertos, se pactó además una "disminución en un veinte por ciento (20 %) de las tarifas vigentes".

Jueves, 6 de agosto de 2026