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Política
Juicio político: ahora van por toda la Corte. De no creer
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Martes, 28 de octubre de 2008

Por adulteración de documentos y mal desempeño, el ingeniero Rodolfo Paladini denunció ayer a tres ministros del STJ y al fiscal general. Pidió juicio y destitución para los acusados. Es la cuarta vez que lo intenta.

Una supuesta adulteración de un voto de Niz derivó en un pedidi de juicio político contra tres de sus pares.
Aunque no fue confirmada ni reconocida por su autor, hace unos días se conoció una gravísima denuncia pública atribuida al ministro Fernando Niz, miembro del Superior Tribunal de Justicia, que versaba sobre una supuesta adulteración de su voto en la anteúltima acordada del Superior Tribunal de Justicia. Tal situación motivó la semana pasada la presentación de una denuncia criminal y pedido de investigación sumaria que involucra específicamente a tres ministros de la Corte y al jefe de los fiscales de la Provincia. Y ayer la cosa llegó a la Cámara de Diputados pero como un nuevo pedido de juicio político.
Esta vez descansó el doctor Juan Carlos Codello. Y como Niz figura como una especie de víctima de un accionar delictivo que le es ajeno, los acusados fueron los restantes: el presidente del Superior Tribunal, Eduardo Farizano, los ministros Carlos Rubín y Guillermo Semhan y el fiscal general César Sotelo. Los mismos sobre los que pesa la denuncia criminal que se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo del doctor Juan Manuel Segovia.
Las acciones fueron presentadas por el ciudadano e ingeniero Rodoldo Amílcar Paladini, uno de los tantos denunciantes que espera turno en la Cámara de Diputados para sostener su pedido de juicio político contra el doctor Juan Carlos Codello. Ahora, además, contra otros tres ministros y el fiscal general, situación que es novedad por lo serio del hecho en sí pero también su insistencia.
Sucede que el ingeniero Paladini tiene todo un récord en esta materia. Es más: con la denuncia de ayer, registró el cuarto intento de los últimos años para enjuiciar y destituir al pleno de la Corte. (En rigor de verdad sería mejor decir a casi todo el cuerpo, porque Paladini apunta más que nada contra cuatro ministros, dejando a salvo casi siempre a Fernando Niz).
No obstante esto, hay que decir que la denuncia que ingresó ayer a la Cámara de Diputados pide una investigación profunda y completa en contra de los doctores Eduardo Farizano, Carlos Rubín y Guillermo Semhan; y en contra del fiscal general César Sotelo, además de otros funcionarios que pudieran surgir de la investigación, “por la comisión de los delitos de adulteración de documento público oficial agravado y coacción agravada en grado de concurso real de delitos”. Exigió además que se los tenga a los acusados como autores penalmente responsables del hecho.
Paladini basa su denuncia en hechos públicos, no reconocidos oficialmente, que habrían desencadenado en la adulteración del voto del juez Fernando Niz en la anteúltima acordada del Superior Tribunal que tuvo lugar el pasado 9 de octubre. Se trata de la famosa Acordada N° 32 de la que surgió un exhorto para que la Cámara de Diputados acelere sus trámites y termine de una vez con todos los juicios políticos que soporta el doctor Codello.
Niz votó en disidencia y la acordada lo refleja. Pero según se supo después, la postura del magistrado se fundó en una argumentación escrita extensa que por decisión mayoritaria del alto cuerpo no fue incorporada al texto de la acordada en su punto 18. Un diario de esta capital habló de adulteración y posteriormente se dio a publicidad el voto oficial y el voto real, con evidentes diferencias no tanto en su fondo como en su contexto.
Niz dijo que no estaba de acuerdo con exigir celeridad a la Cámara de Diputados y eso consta en la acordada, pero no aquello que habla de las libertades, de la independencia de los poderes y otros asuntos parecidos.
Por esta razón, Paladini acusa a los tres ministros y al fiscal de adulterar los fundamentos sobre un punto del voto negativo del también ministro Fernando Niz en la Acordada 32, con la eliminación de 37 líneas de texto en las que el magistrado manifiesta su disidencia. Y pide el juicio político por los delitos cometidos que se enumeran, lo que configura según dice la causal de mal desempeño.


Martes, 28 de octubre de 2008

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