Por Luis Alarcón (El Libertador)
Eso explica, entre otras cosas, el hacinamiento en muchos hogares. En lo que va del año, el Invico destinó apenas 600 mil pesos en planes de vivienda social. En cambio, entre mayo y junio pagó 7 millones de pesos de sobreprecio a empresas constructoras. El caso del Chaco y su Ministro de Desarrollo Urbano y Territorial. La expropiación, el derecho a la residencia y el derecho a la propiedad.

El déficit habitacional en la provincia afecta a unas 100 mil familias, de acuerdo a fuentes consultadas por EL LIBERTADOR. Suponiendo que el millón de correntinos se distribuye en familias-tipo de cuatro miembros, el número total de familias rondaría 250 mil. Eso significaría que un 40% de tales familias estaría careciendo de vivienda propia.

Así se explicarían cuadros habituales en determinadas franjas sociales, donde dos y hasta tres familias conviven dentro de un mismo núcleo habitacional, en un verdadero hacinamiento existencial.

Por otra parte, hay 42 mil inscritos en el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), de los cuales 22 mil son del Interior y 20 mil de la Capital.

Donde se advierten más deficiencias, dentro de un panorama general deficiente, es en la Capital. Lo que está en vista de realizarse son 100 viviendas de la CGT y 65 que se construirán exclusivamente para el traslado de los vecinos de la Costanera Sur (barrios Caridi y Arazaty).

De esas "no se ha colocado ni siquiera una estaca", dijo uno de los voceros del Invico consultado por EL LIBERTADOR. De manera tal que en la Capital la construcción de nuevos barrios del Invico es cero.

Para el programa social Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua (Epam) se han destinado en lo que va del año apenas 600 mil pesos. En cambio, entre mayo y junio se abonaron 7 millones de pesos en concepto de sobreprecios a las empresas constructoras, reconociéndoles mayores costos, lo cual no implica nuevas viviendas.

"Hay una serie de programas sociales para viviendas en el Fonavi; pero la actual intervención del Invico no los gestiona. Y eso por la sencilla razón de que no les interesa. Prefieren, al parecer, cerrar el negocio con los empresarios; pero la vivienda social no existe en Corrientes", reflexionó la fuente consultada.

-Pero se han enviado fondos federales a otras provincias, y poco y nada a Corrientes -inquirió EL LIBERTADOR-.

-Eso no es así. Esos fondos federales son, en realidad, créditos que se otorgan de un fondo fiduciario. Ocurre que la provincia de Corrientes no quiso tomar esos créditos, que se otorgan con fondos de la Anses. Para los planes sociales de viviendas se podrían estar destinando 4 millones de pesos, pero solo se han destinado 600 mil.

"Fíjese -agregó- que, sin ir más lejos, en la vecina provincia del Chaco ya han dado soluciones habitacionales a 20 mil familias, ayudándolas a construir sus viviendas, expropiando terrenos, procediendo a la regularización dominial".

Dijo que "aquí se quiere hacer ver que la ocupación de terrenos abandonados en el Pirayuí es como la invasión de Atila y los unos, pero en el Chaco ya se han producido 120 leyes de expropiación de terrenos, y nadie se escandaliza. Se da prioridad al derecho social por sobre el derecho de propiedad".

Y remató: "Aquí los propietarios de los terrenos del Pirayuí los utilizan con fines de especulación y para negocios inmobiliarios, mientras que miles de familias correntinas no tienen un lugar dónde vivir".

OTRA MIRADA

Este tipo de enfoque dio pábulo a que surgiera un proyecto de expropiación de los terrenos ocupados, hasta ahora ilegalmente, en la zona mencionada. Frente a esa perspectiva, que está siendo analizada actualmente en la Cámara de Diputados, el senador oficialista Sergio Flinta le dio otro enfoque a la problemática: "Es más fácil expropiar el predio de Santa Catalina, que es público, que el del Pirayuí, que es privado". El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes agregó: "Un terreno público puede estar sujeto a una decisión política; en cambio, uno privado obliga a desembolsar una indemnización".

Por ello es que su partido propiciará un proyecto de ley a través del cual buscará la expropiación de parte de los terrenos de Santa Catalina que pertenecerán a la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Flinta fundamentó su opinión: "Lanzo una propuesta de ocupar un terreno público en total abandono como es el predio Santa Catalina. Simplemente aporto una idea".

Con respecto a los terrenos ocupados en el Pirayuí añadió que "se veía venir que esa situación no se iba a dar favorablemente, pese a que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo correntino, toma esa iniciativa, y después veo que hasta algunos de ellos comienzan disentir con acompañarla".

Al ser consultado sobre el fin de la semana anterior por una emisora local, Flinta recalcó que "se genera expectativas en la gente que está a la intemperie en una situación que hay que resolver de alguna u otra manera". Y agregó que no le parece una solución "expropiar terrenos privados", y que en todo caso "no es la alternativa que se genere sin un acuerdo político".

Por eso es que planteó "a modo de idea" que "ahí cerca hay terrenos públicos inutilizados, hay más de 2.300 hectáreas que ya son dominio del Municipio capitalino", dijo en referencia al área de Santa Catalina, hasta ayer propiedad del Ejército Argentino.

Pero ahí hay otro gran problema: la Justicia federal dictó en 2007 una medida cautelar, aún vigente, que prohibe todo tipo de intervención en esos terrenos, ante la sospecha que en tales predios podrían estar enterrados restos humanos pertenecientes a personas detenidas-desaparecidas durante el período dictatorial 1976-1983. Hasta que esto no se resuelva, no podrá adoptarse ninguna decisión sobre Santa Catalina, so pena de violar una disposición judicial.

En el Golf

Mientras la necesidad de terrenos para viviendas sociales es un tema que se ha disparado luego de las ocupaciones ilegales en terrenos del barrio Pirayuí, el diputado liberal de la alianza gobernante, José Fernández Affur, presentó un proyecto de donación de 12 hectáreas del Estado al Golf Club de Mercedes.
Según Fernández Affur, el Gobernador "vio con buenos ojos" esa cesión.

Consultado al respecto por EL LIBERTADOR sobre esto y la problemática de la vivienda social, el delegado del Invico, Juan Arnedo, no se sorprendió. Además aportó otras reflexiones.
"Fíjense las prioridades del Gobierno: con respecto al fondo sojero el destino que tiene por ley es infraestructura básica, vivienda, hospitales; pero acá en Corrientes el Gobierno lo utiliza parar arreglar residencias oficiales, clubes, fachadas de iglesias, pintar la Casa de Gobierno, corsódromo, acuario", señaló.

"El Invico gasta 4 millones de pesos por mes de este fondo en estas cosas y no lo utiliza para viviendas. Qué les parece. Y si miran el cuadro del año 2011 verán que Corrientes recibió más de 300 millones al año y este año se incrementó en un 24%", aseguró.

DOS DERECHOS CONSTITUCIONALES: Un dilema para la Justicia correntina

Acerca de la compleja problemática de los asentamientos irregulares, dos destacados representantes del ámbito judicial como el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín y el constitucionalista Mario Midón, opinaron sobre la cuestión. "Asistimos a una crisis en el concepto del derecho", expresó el primero. Midón, por su parte, señaló: "El derecho a la propiedad individual y a una vivienda digna deberían coexistir".

Rubín destacó el nivel del informe presentado por la Justicia sobre la realidad socio-económica de las familias asentadas en terrenos del Pirayuí. El magistrado aclaró que en realidad el proceso penal no está pensado para solucionar problemas sociales, los que deben resolverse con la participación de otras esferas de la comunidad.

"El concepto del derecho argentino asiste a una crisis", señaló Rubín en el portal de noticias Momarandú. "El derecho argentino está basado exclusivamente en el Código Civil, en el derecho a la propiedad privada, pero asistimos en paralelo a una revolución en el derecho, en donde entra obligatoriamente el condimento social". Y advirtió que "si resolvemos exclusivamente de acuerdo al sistema tradicional, se pueden producir daños y conflictos graves".

Midón, en tanto, opinó que se está en presencia de dos derechos, el de la propiedad individual y a una vivienda digna, ambos coexistentes para la Constitución Nacional. "El derecho que tiene toda persona a disponer de los bienes que ha adquirido es un precepto constitucional, como también lo es el que cada persona pueda disponer de un mínimo de propiedad en lo que hace a un techo propio", indicó.

"Son dos factores que no tendrían por qué haber entrado en contradicción, que no se contraponen -dijo-. Sin embargo, la situación económica fuerza situaciones de hecho".
Midón apuntó que ambos derechos se relacionan con las políticas de Estado y las posibilidades de éste para garantizar que eso se cumpla.

"Tiene mucho que ver con el rol del Estado -admitió- pero, convengamos, en el caso de Corrientes estamos en una provincia que viene siendo ignorada, desde el Gobierno federal, en términos de planes de viviendas".

"No hay más que cotejar con los fondos que se remiten a otras provincias, al Chaco, por ejemplo, con los que llegan a Corrientes. En ese contexto de desequilibrio y de disparidad es probable que fracasen otras acciones", concluyó.

Lunes, 30 de julio de 2012