Con el Número de Expediente 4253/12 se presentó en Senado de la Nación el pedido de intervención federal al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. El pedido firmado por el Senador Nacional José María Roldán, fue girado de forma inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el Senador Nacional Marcelo Fuentes (FPV).

El documento sería girado hoy a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el kirchnerismo tiene mayoría asegurada.
Sólo resta una sesión en el Congreso y la iniciativa no sería tratada este año. En el texto se apunta al Superior Tribunal y al fiscal César Sotelo.

Finalmente el senador nacional José María Roldán presentó ayer el proyecto que promueve la intervención federal al Poder Judicial correntino, por 180 días prorrogables. Sin embargo, no habría tiempo para avanzar con su aprobación, al menos este año, debido a que sólo resta una sesión ordinaria en el Congreso.
Como lo anticipó El Litoral, las amenazas de intervención a la Justicia se hicieron efectivas ayer, cuando el senador radical presentó, a las 17.45, el boceto que hoy sería girado a la comisión de Asuntos Constitucionales.

En esa comisión, el kirchnerismo tiene mayoría, pero según los plazos legislativos, no hay tiempo para su aprobación este año, aunque podrían aprobarlo sobre tablas la próxima semana y girar la iniciativa a Diputados para su tratamiento en 2013.

El expediente tiene 22 folios y llamativamente sólo lleva la firma del senador radical, pese a que el propio Roldán había asegurado contar con el apoyo del kirchnerismo y de Josefina Meaba de Mathó para la redacción del documento.

En la iniciativa se expone cada una de las supuestas irregularidades que se cometieron en el Poder Judicial desde 2008. Se apunta principalmente al presidente del Superior Tribunal, Carlos Rubín, al ministro Carlos Codello y al fiscal general César Sotelo.

El legislador afirma en el texto que “el Superior Tri-bunal de Justicia se constituyó en una suerte de expresión monárquica y despótica en la prestación de un servicio indispensable”.
Califica además a la intervención federal como “remedio para garantizar a todos los habitantes de la provincia el cumplimiento indispensable del mandato imprescindible de una Estado de Derecho: vivir bajo el imperio de la ley, garantizar su aplicación en un marco de igualdad ante la misma”.

Sin tapujos, Roldán denuncia: “Desde hace varios años se notó un accionar por par-te del Superior Tribunal acorde con las necesidades electorales del oficialismo en turno”.

Menciona además las supuestas amenazas del fiscal Sotelo al presidente de la Cámara de Diputados y pone en tela de juicio el proceso de designación de jueces y fiscales. En la misiva se hace alusión además a los gremios estatales. “Los ciudadanos correntinos han perdido el derecho a una Justicia imparcial e independiente, como producto de la complicidad del máximo tribunal con el poder político, lo que expresan públicamente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), CTA, Suteco y todas las asociaciones gremiales”, se detalla.

También recuerda que “el Partido Justicialista mediante su máximo órgano, el Consejo provincial, emitió un contundente documento sobre el accionar de la Justicia y lejos de recibir respuestas del máximo órgano, existe silencio de ultratumba sobre esta cuestión y quien sale a defender al Poder Judicial con críticas al Gobierno nacional es el propio Gobernador de la provincia como si fuese su abogado defensor”.

Roldán también se presenta como una “víctima” de la Justicia correntina al afirmar que “.... lo propio ocurre en la causa caratulada Gonzalez del Castillo S/Denuncia, expte. N° 21.444, que tiene como rehén al ex gobernador de la Provincia Arturo Colombi y al senador nacional Roldán”.

El radical amplía sus quejas y hace referencia a la causa caratulada Ruiz Díaz Alberto S/ Denuncia, denuncia que “tiene en investigación a todo el Poder Legislativo provincial, todos los diputados y todos los senadores, por la forma y modo de su designación, sin avanzar la causa, teniendo de rehén y bajo sospecha a todo opositor que tenga el Ejecutivo provincial. Es clara, indudable y manifiesta la connivencia entre Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”.

El proyecto concluye con la afirmación de que “se utiliza al Poder Judicial como una herramienta política apropiada para disciplinar a la oposición”.

Luego enumera los pedidos de juicios contra el Superior Tribunal y repasa cada una de las normas constitucionales que facultan la intervención de un poder provincial autónomo.

Jueves, 22 de noviembre de 2012