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Política Ajuste
El Gobierno intervendrá cinco sedes de registros del automotor en Corrientes
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Domingo, 5 de mayo de 2024

Corrientes (5-5-24): En el marco del plan de ajuste y recorte que lleva adelante desde diciembre pasado, el Gobierno de la Nación formalizó que intervendrá cinco sedes de registros del automotor en Corrientes.

En concreto, serán intervenidos el registro Nº 5 ubicado sobre avenida Italia 430 de la ciudad de Corrientes, la sede de Esquina, la Nº 1 de Ituzaingó, así como las radicadas en San Cosme y Santo Tomé.

El sistema registral, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y dependiente de la Dirección Nacional de Registro Automotor (Dnrpa), fue objeto de críticas por su naturaleza burocrática, su escasa eficiencia, alto costo y complejidad.

Además, se ha señalado como una estructura con conexiones políticas, ya que algunas designaciones están vinculadas a ex funcionarios o sus familiares directos o indirectos.

El inicio del trámite fue confirmado el viernes 3 pasado, luego de que se conociera que el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Carlos Medina, dirigió una nota al Secretario de Justicia, para revocar intervenciones vigentes y designar nuevos interventores en más de un centenar de registros.

GOLPE A «LA CASTA»

Desde La Libertad Avanza recordaron que el cierre de los registros es uno de los ítems destacados de la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, y destacaron la cuestión de los registros automotores al criticar la forma en que se designan sus titulares, incluyéndolos entre los privilegios de la «casta política».

Subrayaron que estos registros forman parte de un sistema que el nuevo Gobierno planea desmantelar como parte de su reorganización de los organismos públicos.

Remarcan que, en varias ocasiones, Milei expresó su intención de cerrar los registros automotores y eliminar el impuesto de sellos, así como los aranceles asociados a patentamientos y transferencias de vehículos.

POCA ACTIVIDAD

En Argentina, hay 1.557 registros de propiedad automotor para un mercado que por mes lleva a cabo alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones que incluyen automóviles, motocicletas y transporte pesado, que a su vez abarca maquinaria agrícola.

Durante 2022, se realizaron 407.532 operaciones de vehículos 0 km, 1.589.000 de vehículos usados, 410.955 de motocicletas nuevas y 401.562 de motocicletas usadas.

En total, el sector acumula 2.809.049 trámites, con un promedio de aproximadamente 150 por mes por cada oficina, aunque algunos registros manejan un volumen significativamente mayor debido a su ubicación y jurisdicción.

Motosierra

El viernes 3, el Gobierno nacional anunció que eliminará el 40 por ciento de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de «reducir costos y eliminar trámites burocráticos».

A través del Ministerio de Justicia, informó que «cerrará el 40 por ciento de los Registros Automotores (Dnrpa), comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos».

Por medio de un comunicado, esa cartera puntualizó también que se reducirá el 30 por ciento del personal de la Dirección Nacional de Registro Automotor «en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».

«De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dnrpa y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas», detalló.

Burocracia y altos costos

Desde el Gobierno señalaron que el problema de los Registros, en primera instancia, está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos, y el segundo, en sus costos.

Actualmente, estos trámites tienen un costo aproximado al 6 por ciento del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.

Además, si un auto es de origen nacional paga el 1,5 por ciento de arancel de transferencia, y si es importado paga 2 por ciento.

Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0 por ciento, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos.

También hay una distinción entre Caba y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3 por ciento de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4 por ciento del valor del vehículo.

El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.

Menos trámites

En el mismo proceso, se eliminará el Certificado de Transferencia Automotor, la «Cédula azul», y el vencimiento de todas las «Cédulas verdes».

Además, los titulares de los registros seccionales pasarán a ser responsables del 100 por ciento de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad.

También deberán digitalizarse la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo.

El Gobierno también propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales.

Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, y se derogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos.

También se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales se aumentará el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.


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