Domingo, 8 de Junio de 2025
  
08/06/2025 22:56:26
Política Estafa
Escandaloso: el Gobierno se investigó a sí mismo y se absolvió por el caso Milei-$LIBRA
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Domingo, 8 de junio de 2025

Bs. As. (8-6-25): El colmo de los colmos. La Oficina Anticorrupción decidió que el presidente Javier Milei no violó la ley de Ética Pública cuando publicó en su cuenta de X la promoción del proyecto “Viva la Libertad Project” y su criptomoneda asociada $LIBRA. La resolución, firmada por Alejandro Melik, surge de una investigación interna de un organismo que responde al mismo Ejecutivo Nacional. El organismo estatal, dependiente del mismo gobierno, en manos de Cúneo Libarona, evaluó la conducta presidencial y descartó todo conflicto ético o administrativo.

La evaluación oficial determinó que el posteo del 14 de febrero de 2025 no constituyó un acto gubernamental, ya que fue emitido desde la cuenta personal del mandatario y sin involucramiento estatal. El resultado: la OA descartó cualquier tipo de falta ética por parte del Presidente.

“Dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no generó un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”, sostuvo la resolución.



Promoción cripto desde la cuenta personal del Presidente
El 14 de febrero, Javier Milei celebró desde su cuenta personal de X el lanzamiento de un proyecto privado con la cripto $LIBRA como herramienta para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. El mensaje incluyó enlaces directos al token en Solana y al sitio web del proyecto.

Tras la publicación, la cotización del criptoactivo subió abruptamente y luego cayó, generando sospechas y denuncias judiciales por posibles maniobras especulativas. Las causas penales fueron iniciadas por dirigentes como Claudio Lozano y organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Entre los nombres vinculados al ecosistema del proyecto aparecen empresas como KIP Protocol, Kelsier Ventures y Tech Forum SRL, junto con empresarios cripto como Julián Peh, Mark Hayden Davis y Mauricio Novelli.


La Oficina Anticorrupción investigó... al Presidente

La Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, analizó el caso. Entre sus hallazgos, el organismo indicó: “La publicación sobre el proyecto ‘Viva la Libertad Project’ de fecha 14 de febrero desde la cuenta en ‘X’ @JMilei, no implicó una actividad gubernamental por parte del Dr. Javier Milei”.

“Dado que no se detectó la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación al respecto”.

La Secretaría de Comunicación aclaró además que “no gestiona y/o maneja y/o genera contenidos y/o de otra forma destina recursos para la cuenta personal del Sr. Presidente de la Nación en la red social X @JMilei”.



También investigaron al exasesor de CNV… y también lo absolvieron
El expediente incluyó el análisis de Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. Morales tenía vínculos con el sector cripto a través de su empresa Morales Valores S.A.S., que no se encontraba registrada como agente regulado al momento de su paso por la función pública.

Según la OA, Morales “no se apartó de las instrucciones sobre ética pública y conflicto de intereses durante su desempeño como asesor de la CNV”. Sin embargo, recomendó que la CNV evalúe iniciar una investigación administrativa para verificar si utilizó información reservada en beneficio de terceros vinculados al proyecto.



Cierre oficial, causa judicial abierta
La investigación de la OA se cerró sin sanciones ni reproches, marcando que el Estado —a través de uno de sus propios organismos— no encontró motivos para considerar cuestionable la promoción del proyecto $LIBRA desde las redes personales del Presidente.

No obstante, la causa judicial sigue en marcha en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, bajo la jueza María Romilda Servini y con intervención del fiscal Eduardo Taiano. La investigación administrativa queda sujeta a lo que se determine penalmente.


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