Bs. As. (31-12-25): En un nuevo capítulo de la libre interpretación libertaria el Gobierno consideró que un trámite judicial es un aval político. Tras apelar el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, la Justicia concedió el recurso y la Casa Rosada salió a festejar como si se tratara de una victoria. Patricia Bullrich y su reemplazante, Alejandra Monteoliva, celebraron la decisión y buscaron instalar que el esquema represivo sigue vigente. “La Justicia nos dio la razón”, escribió Monteoliva. Sin embargo, especialistas consultados por Página/12 fueron tajantes: lo que rige hoy es la sentencia que declaró nulo el protocolo por legislar por vía administrativa y afectar derechos constitucionales. La concesión de la apelación no suspende ni borra ese fallo y, hasta que la Cámara se pronuncie, el protocolo sigue siendo nulo. Pese a eso, el oficialismo intenta capitalizar las novedades judiciales para relanzar una agenda punitivista y ganar centralidad en la antesala del debate por la reforma del Código Penal, tras un periodo de sesiones extraordinarias fallidas y escasos resultados legislativos.

Por Paula Marussich

Aunque Casa Rosada lo festejó como una victoria, especialistas coinciden en que el fallo aún contúa nulo.

“El protocolo antipiquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”, posteó en X el jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal diera lugar al recurso de apelación presentado por el Estado. En la misma línea, la primera plana libertaria salió a instalar un supuesto aval judicial a un expediente ministerial diseñado por Patricia Bullrich a fines de 2023 para reprimir la protesta social por vía administrativa, avanzando sobre derechos constitucionales básicos y arrogándose facultades propias del Congreso. “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aun esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”, celebró Bullrich.

El protocolo fue presentado junto con la Ley Bases y el DNU 70/2023 en los primeros meses del gobierno libertario. En conjunto, las iniciativas implicaron una redefinición profunda del marco de derechos y funcionaron también como una prueba de los márgenes de aceptación social frente a un cambio de rumbo político de fuerte impronta punitiva. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que el argumento del “orden del tránsito” operó como justificación para ampliar el accionar de las fuerzas de seguridad. “Fue una excusa para tener un paraguas que les permitiera a ellos desplegar unos operativos totalmente desproporcionados y violentos para evitar que haya protestas fuertes frente al Congreso en el momento que ellos quisieran” , explicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del organismo, en declaraciones televisivas.

A dos años de su puesta en marcha, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el pasado lunes y declaró la nulidad absoluta e inconstitucional del protocolo impuesto por Patricia Bullrich.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad carece de competencia para dictar una norma de ese alcance, al advertir que avanzó sobre materia penal al definir qué conductas podrían ser consideradas delito en el marco de una manifestación, una facultad que la Constitución reserva al Congreso. La ahora senadora rechazó el fallo incluso antes de que fuera apelado y salió a cuestionar al juez en redes sociales: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, escribió.

Las novedades judiciales fueron aprovechadas por la Casa Rosada para reinstalar una agenda punitivista en la antesala de la discusión por la Reforma del Código Penal para tapar un periodo de sesiones extraordinarias fallido en el que el gobierno solo pudo avanzar con dos iniciativas: el presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Afuera quedaron la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria o “Regla Fiscal”, la Reforma Laboral, la reforma del Código Penal y la modificación de la Ley de Glaciares que empujan los gobernadores que quieren hacer negocios con los recursos naturales estratégicos. “Las marchas más reprimidas fueron

El fin de semana el propio Milei arrojó el globo de ensayo: “Estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y el endurecimiento de las penas en el Código Penal en febrero. Y en ordinarias avanzaremos para concretar las reformas planteadas en el Consejo de Mayo”.

Repercusiones

Matías Aufieri, militante del Frente de Izquierda y abogado que perdió un ojo durante una represión frente al Congreso por el disparo de un policía motorizado, advirtió que el esquema impulsado por el Ministerio de Seguridad “impuso una intervención federal ilegal en territorios locales” y pasó “por encima de cualquier control judicial con la excusa de actuar en flagrancia”. En sus redes sociales, lanzó además una advertencia: “Los jueces que semanalmente reciben denuncias sobre la actuación policial deberían tomar nota. Ya le concedieron dos años de ilegalidad a Bullrich y a Milei. Ahí están Pablo Grillo y otros tantos heridos que damos testimonio”.

En la misma línea, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura celebró la sentencia y sostuvo que “constituye un precedente de enorme relevancia institucional”, no solo por dejar sin efecto una normativa contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino también por reafirmar que la gestión del orden público en contextos de protesta social debe regirse por el respeto irrestricto de las libertades y garantías constitucionales, el uso excepcional y racional de la fuerza y el control judicial efectivo.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que desde el momento en que fue dictado sostuvo que el protocolo era inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales, y destacó que el juez Martín Cormick lo invalidó ahora mediante un fallo “sólido”. En ese marco, afirmó que si Patricia Bullrich está convencida de la constitucionalidad y legitimidad social de la medida, debería recurrir directamente a la Corte Suprema a través de un per saltum.

El titular de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, fue categórico: “El protocolo está herido de muerte”.

Por su parte, el exdiputado Leopoldo Moreau recapituló las consecuencias brutales del protocolo: “estuvo a punto de provocar la muerte del fotoperiodista Pablo Grillo, dejó a tres personas con pérdida de visión, incluyó el gaseo de una niña de diez años, golpes a adultos mayores y detenciones arbitrarias de centenares de manifestantes luego liberados por jueces de distintos fueros por falta de pruebas, lo que —remarcó— expuso la falsedad de las acusaciones de “terrorismo” impulsadas desde el propio Ministerio de Seguridad.

Por ahora, el Gobierno festeja. Pero las fuentes consultadas por este diario advirtieron que, mientras se resuelve la apelación, el protocolo continúa siendo nulo. “Si el Ejecutivo decide aplicarlo de todos modos, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y deberá hacerse cargo de las consecuencias que se deriven de esa decisión, a sabiendas de que existe una sentencia judicial que declaró su nulidad”, subrayaron.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025