Bs. As. (29-1-26): El Gobierno convocó para la semana que viene a los dueños de los principales medios de comunicación en la previa del debate por la reforma laboral, que entre otros capítulos incluye la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, uno anhelo histórico de varios empresario del rubro. El llamado lo hizo la senadora oficialista Patricia Bullrich mediante las entidades que nuclean a los editores de medios de todo el país. La reunión está prevista para el miércoles en el Senado, confirmaron fuentes oficiales.

Foto: Reunión del Consejo de Mayo en donde se propuso la derogación del Estatuto del Periodista



Por Mariano Martín

Los citó Patricia Bullrich para el miércoles próximo en el Senado. Busca respaldo editorial para el proyecto oficial que incluye la derogación del estatuto que protege a los periodistas de los despidos arbitrarios.

La cita se inscribe en la división de tareas que encaró el oficialismo con vistas al tratamiento parlamentario del proyecto. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de la labor de convencer a los gobernadores con fondos frescos y eventualmente cambios en el capítulo impositivo de la norma, a Bullrich se le asignó el contacto con la CGT, todavía no cristalizado, y ahora con las empresas periodísticas.

En septiembre pasado, El Destape adelantó en exclusiva que la administración de Javier Milei, a propuesta del Grupo Clarín, había planteado la derogación del Estatuto del Periodista en el Consejo de Mayo, un ámbito cuyas deliberaciones se definieron confidenciales. Si bien en esa oportunidad el representante de la CGT, Gerardo Martínez, rechazó esa posibilidad y los funcionarios participantes no insistieron, el proyecto de reforma laboral incorporó la eliminación de varios estatutos especiales, entre ellos el del Periodista que contempla un suplemento indemnizatorio para los despidos sin causa ideado en su sanción para proteger a los trabajadores de prensa de las presiones externas e internas.

La vigencia del Estatuto data de 1946 y cuenta con algunos ítems históricamente combatidos por medios de comunicación como los grupos Clarín y Perfil. Entre ellos, el recargo indemnizatorio (en general se calcula como de diez salarios extra) y un período de prueba de 30 días, inferior al de 6 meses que empezó a regir en 2024 tras la sanción de la ley Bases, así como algunas categorías de trabajadores. La convocatoria de Bullrich contempla a editores nucleados en algunas de sus principales entidades como Adepa y Aedba.

La incorporación de ese punto en la reforma laboral motivó rechazos unívocos en los gremios de periodistas (tanto sindicatos como Sipreba como asociaciones como Fopea) y silencio, hasta ahora, de las entidades que agrupan a empresarios. Desde la presentación del proyecto ante el Congreso también fue sugestivo el silencio sobre este punto de los funcionarios a cargo de defender la iniciativa. De hecho, la convocatoria del miércoles que viene se hizo en la máxima reserva.

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Perón, en el mandato de Edelmiro Farrell, y ratificado por la ley 12.908 dos años y medio después. Fija los mecanismos de matriculación de los trabajadores de medios de comunicación, establece la duración de las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, las categorías profesionales y sus regímenes salariales, y los mecanismos de ingreso. Pero el punto históricamente más cuestionado por las patronales de prensa es el de “Estabilidad; ruptura del contrato de trabajo”.

Por tratarse de una profesión inherentemente sujeta a presiones de los poderes políticos y económicos, el instrumento da cuenta de la necesidad de dotar a los trabajadores de una protección extra a la del resto de los asalariados: “La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma”, señala ese capítulo en su introducción.

En caso de producirse un despido sin causa, el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador del trabajador de prensa a avisar con uno o dos meses (de acuerdo a los años de trabajo) de anticipación; a pagarle “una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución, según sea la antigüedad)” y “de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses” ante una cesantía injustificada. El punto “d” le añade, sin perjuicio de los pagos ya garantizados, “una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo”.

Jueves, 29 de enero de 2026