Bs. As. (31-1-26)La oposición sostiene que el decreto es una maniobra extorsiva para “ganar tiempo” y negociar con los gobernadores el proyecto de Javier Milei. Cincuenta días tarde y luego de exhibir una actitud de desidia y abandono frente a los incendios que arrasan con la Patagonia, el Gobierno decidió decretar la Emergencia Ígnea y anunciar la transferencia de 100.000 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país que corresponden a “fondos adeudados del ejercicio 2025”.

Por Paula Marussich

Lejos de constituir una respuesta integral al desastre, la medida se reduce a un acto administrativo vacío que no prevé la disposición concreta de recursos, no contempla asistencia directa a los damnificados ni reconoce los esfuerzos extraordinarios de brigadistas y rescatistas. En el Congreso, la oposición advierte que el decreto funcionará como una maniobra extorsiva para “ganar tiempo” y abrir una negociación con los gobernadores por el envío de fondos, que quedará supeditado al apoyo de los legisladores de esas provincias a la reforma laboral.

La respuesta del Gobierno llega cuando el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas de bosque, solo en la provincia de Chubut, y en un contexto de fuerte presión social, que obligó a los gobernadores patagónicos a reclamar respuestas urgentes al Gobierno nacional.

El oficialismo cierra la semana en la que el presidente Milei se dedicó a pasear y cantar por Mar del Plata con la declaración, vía decreto, de la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, afectadas desde hace más de un mes por incendios forestales. A diferencia de las iniciativas presentadas en el Congreso, el DNU excluye a la provincia de Santa Cruz. Según el relevamiento de los mandatarios patagónicos, a las hectáreas arrasadas en Chubut se suman 170.000 en la zona ganadera y agrícola de La Pampa y alrededor de 20.000 más entre Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En total, ya son unas 230.000 hectáreas consumidas por el fuego, una superficie equivalente a más de diez veces la Ciudad de Buenos Aires.

En los hechos, la medida publicada el viernes en el Boletín Oficial, se limita a anunciar un refuerzo de la asistencia logística y operativa para las provincias afectadas, el envío de fondos extraordinarios —aún no especificados— destinados a cuerpos de bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de combate del fuego, la simplificación de trámites administrativos para acelerar compras, contrataciones y el despliegue de recursos, y la coordinación directa entre Nación, provincias y municipios. Una vaguedad de enunciados que no repara el abandono perpetrado por el Estado nacional durante más de 25 días de fuego ininterrumpido y tras haber sub ejecutado de manera sistemática las partidas para que el desastre no sucediera.

Las críticas
Además de decretar la Emergencia Ígnea, el Gobierno definió la transferencia de 100.000 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Sin embargo, la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut advirtió que no se trata de un aporte extraordinario, sino de fondos adeudados correspondientes al ejercicio 2025, que surgen de la Ley Nacional 25.054, la cual destina el 5 por ciento de las primas de seguros de automotores y viviendas al sistema. Se trata de dinero que paga la gente a través de los seguros y que el Estado nacional está obligado por ley a administrar y distribuir. El monto incluye pagos atrasados y la primera cuota de 2026, y se reparte de manera uniforme entre más de 1.000 cuarteles del país, sin priorizar a las zonas afectadas por los incendios. De este modo, los destacamentos patagónicos reciben lo mismo que cualquier otro cuartel. Desde la Federación advirtieron que presentar esta transferencia como una respuesta del Gobierno al desastre ambiental induce a error y confunde a la opinión pública.

En el Congreso, la oposición cuestionó con dureza el alcance limitado y poco claro del decreto y reclamaron el tratamiento de proyectos de emergencia más integrales, con eje en las personas afectadas y en quienes enfrentan el fuego en el territorio. La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que la emergencia dispuesta por el Gobierno “no resuelve ni contempla a la gente”, y remarcó que la medida “no prevé la disposición de recursos ni absolutamente nada en torno a los esfuerzos extraordinarios que hicieron los brigadistas de incendios”. Para Selva, el decreto funcionará como “una manera más de sentarse a extorsionar a los gobernadores para juntar votos para la reforma laboral”, ya que obliga a abrir negociaciones caso por caso para definir cuántos ATN transfiere el Gobierno nacional. En ese sentido, reclamó que el Congreso se anticipe con mecanismos de control parlamentario para supervisar cómo se ejecutará la emergencia.

En la misma línea se expresó el diputado Esteban Paulón, del interbloque Unidos, quien presentó un proyecto para facilitar la reconstrucción post incendio y mejorar las condiciones laborales de brigadistas y bomberos que arriesgaron sus vidas en la lucha contra el fuego. Para Paulón, el reconocimiento oficial llegó “50 días tarde”, luego de que se destruyeran más de 45.000 hectáreas, y sólo después del reclamo de gobernadores patagónicos y legisladores de distintos bloques.

Días atrás, el diputado envió una carta al presidente Javier Milei en la que le reclamó que “deje los shows musicales y se ocupe del ambiente”. Además, anticipó que su espacio continuará insistiendo en “tratar los proyectos que habíamos presentado, fundamentalmente porque hay temas que no contempla el Gobierno ni el decreto del Presidente”. Entre esas iniciativas, mencionó el endurecimiento de las penas por ecocidio y la recomposición urgente de los ingresos de rescatistas y del personal involucrado en la respuesta ante la crisis climática y la emergencia ígnea que atraviesa la Patagonia.

Un decreto vacío para negociar la reforma
La firma del DNU llegó tras la reunión de la mesa política del último jueves y busca quitarle rédito político al movimiento que hicieron los gobernadores patagónicos —Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— para forzar al Ejecutivo a incluir la Emergencia en extraordinarias y presionar al congreso para acelerar su tratamiento. En la Casa Rosada leyeron los posteos en redes sociales del gobernador Ignacio Torres y del expresidente Mauricio Macri como una advertencia. El conflicto no solo expuso la insensibilidad del Ejecutivo frente a la catástrofe ambiental, sino que además amenazaba con debilitar los apoyos legislativos necesarios para avanzar con la aprobación de la reforma laboral, el verdadero objetivo del Gobierno de cara al nuevo período de sesiones extraordinarias.

En ese marco, el diputado por la provincia de Chubut José Glinski sostuvo que la emergencia anunciada por el Poder Ejecutivo “es un acto administrativo vacío”, un trámite burocrático que habilita formalmente la ayuda pero que, hasta el momento, no ofrece ninguna precisión sobre el monto, los destinos ni el alcance real de los recursos.

Según el legislador, el decreto le permite al Gobierno “ganar tiempo” y sentarse a negociar con los gobernadores el envío de fondos, en el marco de una pulseada política más amplia que incluye el apoyo de los legisladores provinciales a la reforma laboral, la ley de glaciares y otras iniciativas clave. En los hechos, advirtió, la emergencia funciona como una herramienta de negociación general entre la Nación y las provincias, utilizada por el Ejecutivo para intentar garantizar respaldo parlamentario a las medidas que le interesan.

Sábado, 31 de enero de 2026