Bs. As. (4-3-26): Lo hizo El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), quien hizo una presentación como amicus curiae en el marco de la causa judicial. “La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Así dice uno de los párrafos de la presentación realizada por el El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en el marco de la investigación judicial por la estafa de Libra. Esta organización, que se presenta como amicus curiae en la causa, realizó tal petición a partir de nueva información difundida por el Diario Clarín sobre un presunto acuerdo confidencial celebrado entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el empresario Hayden Davis.

En ese sentido, el CIPCE advierte que, de corroborarse la autenticidad del acuerdo, dicho instrumento constituiría un elemento sustantivamente nuevo que exige profundizar la investigación respecto a la eventual configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Por tal razón, el CIPCE formuló requerimientos formales de acceso a la información pública (Ley 27.275), que configuran líneas de investigación, ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.

La organización sostiene que las respuestas oficiales brindadas por la Secretaria General de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo.

Por eso concluye que, de ser así, no estaríamos ante un acuerdo “confidencial” sino oculto, es decir “clandestino”. Esta respuesta no clausura la cuestión, sino que introduce un nuevo elemento de análisis que exige profundizar la pesquisa, a fin de determinar si, efectivamente, el acuerdo existió; bajo qué modalidad fue celebrado y si se evitó deliberadamente su encuadre administrativo.


Miércoles, 4 de marzo de 2026