Bs. As. (29-4-26): Tampoco respondió preguntas Daniel Garbellini. El fiscal Franco Picardi les atribuyó erogaciones en favor de droguerías y ortopedias “amigas” por 75.000 millones de pesos en connivencia con el lobista Miguel Ángel Calvete.

Por Irina Hauser

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, apuesta –una vez más—a que se hable de la polémica sobre la validez de los audios que precedieron a la investigación en su contra en lugar de profundizar en las graves acusaciones que lo involucran en maniobras de direccionamiento y sobornos en la compra de medicamentos e insumos en el organismo. Por eso, con el argumento de que nunca se peritaron las grabaciones, se negó a declarar en su segunda citación a indagatoria en este expediente. Tampoco quiso responder preguntas el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. A ambos, al igual que al lobista Miguel Angel Calvete, el fiscal Franco Picardi les atribuyó erogaciones en favor de droguerías y ortopedias “amigas” –con sobreprecios y promesas de retornos– por 75.000 millones de pesos.

Los tres ya fueron procesados por asociación ilícita y otros delitos en una primera etapa de la investigación vinculada con medicamentos de alto costo. Este martes, con Spagnuolo y Garbellini, se inauguró una nueva ronda de 35 indagatorias, que incluye a exfuncionarios y empresarios. En relación a ellos dos, el fiscal Franco Picardi había señalado en forma categórica: “Todas las maniobras detectadas, implicaron sumas millonarias erogadas desde la Andis, habilitadas por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, entre otros ya procesados/as, a cambio de retornos para sí, de diversa índole. Un sistema que aceitaron entre empresarios/as y funcionarios/as para defraudar al Estado, en perjuicio además de un sector social especialmente vulnerabilizado”.

Vericuetos de los audios
Spagnuolo, un hombre que fue abogado personal de Javier Milei, quedó en el centro de esta historia no solo por su responsabilidad al frente de la Agencia de Discapacidad sino porque protagoniza los audios difundidos por Carnaval Stream el año pasado, donde relataba los pormenores de la trama montada para direccionar las adjudicaciones vinculadas al Programa Incluir Salud –destinado personas sin cobertura médica– de drogas e insumos de alto costo y baja incidencia. En esos relatos aparecía la alusión a Karina Milei, como quien se llevaría un 3 por ciento de lo facturado, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se quedaría con un 5 por ciento. También había una mención central a la droguería Suizo Argentina. Sobre estos tres “actores” de la historia todavía no se avanzó demasiado, aunque aparecen alusiones en algunos audios obtenidos de teléfonos celulares incautados.

Tanto el primer juez de la causa, Sebastián Casanello, como el fiscal Picardi dejaron a un lado los famosos audios al momento de sostener las imputaciones. La trama de corrupción se describe con el análisis de contrataciones que siempre giran alrededor de las mismas empresas: pagos, diálogos obtenidos de los celulares analizados y numerosas anotaciones, por ejemplo, de Calvete. Pese a las evidencias, algunos de los implicados insisten en un intento de voltear la causa con un planteo de que los audios son grabaciones ilegales que contaminan toda la investigación. Los primeros en plantearlo fueron los dueños de la Suizo Argentina, pero Spagnuolo convirtió el asunto en su principal bandera.

La Sala II de la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Boico y Martín Irurzun, ya indicó en dos oportunidades que su posición es que se debería investigar el “origen y veracidad” de los audios y “exponer” “qué otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada” al omitir su utilización. Ahora están terminando las audiencias donde los camaristas deben definir si convalidan los 19 procesamientos dictados hasta ahora y donde podrían pronunciarse una vez más sobre las conversaciones grabadas, lo que ilusiona a Spagnuolo, y desde ya al Gobierno. El juez Ariel Lijo, quien reemplazó a Casanello en la subrogancia del juzgado 11, convocó a las indagatorias sin pronunciarse sobre la cuestión.

El exdirector de Andis tiene posiciones oscilantes sobre los audios. Así como dijo que eran falsos y hechos con Inteligencia Artificial, presentó un peritaje privado que afirma que no se puede decir nada de manera concluyente. En otra causa, iniciada por el Gobierno (para intentar debilitar ésta) con una denuncia de espionaje ilegal, insistió en que los audios fueron manipulados, aunque decía que en algunos tramos la voz podía ser la suya, solo que no dijo lo que se escuchaba.

En esa “contracausa”, Spagnuolo le dijo al fiscal Carlos Stornelli que sospechaba de que su teléfono podía haber estado intervenido. Contó de manera sugestiva que el aparato que usaba se lo había dado Fernando Cerimedo, consultor que asesoró a La Libertad Avanza y que fue fundador de La Derecha Diario. Cerimedo declaró como testigo en esta causa que el exfuncionario le había contado cierta vez lo mismo que decían los audios. Su esposa, Natalia Basil, había trabajado en Andis, pero se fue –en teoría– por diferencias de criterio.

Para el fiscal Picardi, al estar al mando de la Andis, Spagnuolo ocupó una posición jerárquica que “resultó esencial para el funcionamiento del esquema ilícito” porque generó las condiciones para el direccionamiento de contrataciones en favor de determinados proveedores del rubro “insumos” a “cambio de retornos de múltiples cualidades”. Así, “generó erogaciones millonarias desde Andis, en perjuicio del erario público y en favor de grupos empresariales concentrados”. Se trata de retornos que llegaron por pagos directos, pero también a través de compra de mobiliario, como fue cuando Calvete canceló una deuda que Spagnuolo tenía en una mueblería. Hay muchas más. Spagnuolo se reunió con el lobista en su casa y también recibió a otras personas que canalizaban el dinero como Sergio Mastropietro -vinculado a la firma Baires Fly S.A- y Alan Pocovi.

Spagnuolo se negó a declarar sobre estas imputaciones de un entramado que cabe en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, cohecho pasivo y asociación ilícita, en calidad de jefe.

Daniel Garbellini tampoco declaró sobre las imputaciones que recaen sobre él. Picardi lo señala como otro de los jefes de la organización criminal --de vínculos estrechos con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian--, que tuvo “un rol clave en la instrumentación concreta del esquema ilícito” porque intervenía en la selección de proveedores, en las contrataciones y en la coordinación de las compulsas a través del sistema Siipfis. Una lugar desde el que podía incidir de “forma directa en la ejecución material del direccionamiento del sistema de compulsas de precios, a cambio de retornos”.

Para el Picardi, Garbellini usó el mismo procedimiento con los medicamentos que con los insumos: “puso al servicio de 214 intereses privados recursos estatales especialmente destinados a poblaciones vulnerabilizadas”. Él era una de las personas que definía qué firmas participaban del proceso y cuáles no, como también quien firmaba las órdenes de pago.

“Fue este quien le envió a Miguel Ángel Calvete el mensaje con el listado de firmas proveedoras de insumos, junto con el mensaje por demás elocuente “sus ofrendas de esta semana´”, indica el texto y agrega que Garbellini le dio información privilegiada al lobista Calvete para “obtener ganancias extraordinarias en detrimento del erario público”.

Y agrega que Garbellini – procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional; y asociación ilícita– “no solo incumplió sus funciones como funcionario público, sino que montó en la agencia a su cargo una organización criminal destinada a generar permanentes ganancias a grupos reducidos de empresarios”.

Miércoles, 29 de abril de 2026