Bs. As. (11-5-26): Un documento de auditoría interna del Ministerio de Salud que se filtró en las últimas horas en torno a la causa de coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) da cuenta de que el sistema que favoreció a seis empresas proveedoras de insumos ortopédicos con “desvíos críticos y sobreprecios”, documentados en 505 expedientes por un presupuesto total de 18 mil millones de pesos ejecutados en 2025. Los sobreprecios presentados en la causa que se investiga al ex titular de la ex Andis, Diego Spagnuolo, alcanzan el 4.000 por ciento.

El informe señala vínculos familiares y societarios entre los proveedores, domicilios fiscales irregulares y maniobras que vulneran la transparencia y la competencia.

El informe analiza una serie de facturas emitidas por las empresas Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugia Y Ortopedia Imnova S.A., Bymax Medica y Expo Trauma.

El documento, que fue presentado ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, subrogado por Ariel Lijo, surge de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que encabeza Daniel Garbellini, uno de los indagados como sospechoso por el fiscal Franco Picardi.

Firmado por la asesora médica de la dirección, el informe destaca que la “gravedad de los hallazgos sugiere una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública” al analizar la facturación y la transparencia en la cadena de suministros ortopédicos del organismo.

Tanto Spagnuolo como Garbinelli abrieron la semana pasada una nueva ronda de indagatorias en la que estaban llamados a declarar unas 35 personas, involucradas en las maniobras descriptas en el documento. Este lunes, declaraba Osmar Mariano Caballi, un contador con paso fugaz por el Andis en la gestión de Alberto Fernández, que figuraba como accionista de la empresa más beneficiada en el informe que se hizo público: Farma Salud S.R.L.

Esa firma reunió el mayor monto entre los 500 expedientes analizados por un total de 11 mil millones de pesos, seguida por Ortopedia Bernat S.R.L. y las firmas Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A, que compartían domicilio legal y vínculos familiares en su conformación societaria.

Otro caso particular es el de la firma Expo Trauma, que presentaba domicilio operativo en la calle Héroes de Malvinas 422, Haedo, Buenos Aires; cuando esa calle solo llega al 200. Y domicilio fiscal en Avenida Federico Lacroze 2911, Ciudad de Buenos Aires, donde la auditoria muestra con capturas de Google Maps, que funciona un lavadero de autos.

El informe, presentado a principios de abril como “hecho nuevo” en la causa que sigue Lijo, alertaba que no todos los expedientes habían sido liquidados y que aún se podía evitar los giros “pendiente” de liquidación por un monto de 4.770 millones de pesos.

“Esta situación técnica otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostenía el documento interno.

En el caso de Farma Salud S.R.L, la empresa que representó la máxima facturación entre las maniobras analizadas, el documento enumeró casos ejemplares como el expediente EX-2025-74046385-APN-DNASS#AND, en el que el 8 de julio de 2025 el pago correspondiente a la provisión de un sistema de válvulas bicaval transcatéter se fijó en 425 millones de pesos, cuando el PAMI había realizado una operación por el mismo insumo en marzo de ese año por un monto de 124 millones.

El análisis de otro expediente de Farma Salud arrojaba una un incremento del 1.972 por ciento en el valor de adjudicación de diversos insumos médicos implantables, en comparación con compras que había realizado el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI).

Los casos de sobreprecios alcanzan al 4.000 por ciento en expedientes que involucran a las firmas Artrobone e Imnova, calificadas como “Grupo Belgrano 609”, porque ambas sociedades compartían el domicilio fiscal y un entremado familiar. “Se ha detectado una red de interconexión entre los proveedores adjudicatarios que vulnera el principio de concurrencia y transparencia”, indicó el informe respecto de un grupo de expedientes que sumaban un monto de 3 mil millones.

El informe surgido de la dirección que encabezaba Garbellini evidencian un circuito de manejos espurios que, como indicó el fiscal Picardi, involucran a Spagnuolo y también al lobista de droguerías Miguel Angel Calvete, ligado a través de la exfuncionaria de Andis Lorena Di Giorno, a la firma Bymax, que aparece entre las seis del documento filtrado, con expediente por 200 millones de pesos.

Lunes, 11 de mayo de 2026