Bs. As. (30-9-26): Tras conocer el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el freno a la derogación de la Ley de Tierras, Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial en Diputados para intentar rechazar por completo el DNU 70/23. El decreto ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 y todavía no fue tratado por la Cámara baja.

Por Natalia López Gómez

Antes del debate en comisiones de un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía nacional y la causa Malvinas, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros legisladores del bloque se habían encontrado con representantes del CECIM La Plata, la organización de excombatientes que había llevado a la Justicia el reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras.

La oposición vuelve a poner el DNU en la agenda del Congreso
El intento de la oposición de dar de baja por completo el decreto tiene un antecedente concreto: el Senado rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones.

Sin embargo, el DNU nunca fue llevado al recinto de Diputados. Y esa diferencia es determinante para su vigencia: el rechazo de una sola de las cámaras no alcanza para dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia.

Por eso, pese a la votación adversa en el Senado, el DNU 70/23 continúa vigente mientras Diputados no se pronuncie en el mismo sentido. Ahora la oposición busca que esa definición llegue finalmente al recinto.

Qué analiza el Gobierno
Mientras la oposición busca llevar el DNU 70/23 al recinto, el Gobierno analiza distintas alternativas para sostener la derogación de la Ley de Tierras, una medida que considera clave para avanzar con operaciones y proyectos que dependen de un cambio en las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros.

Según pudo saber este diario, el oficialismo está dispuesto a agotar las alternativas legislativas para preservar la derogación de la norma. Una de las opciones que analiza es volver a incorporar regulaciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya se encuentra en Diputados.

El Gobierno había intentado avanzar con esos cambios durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, pero finalmente retiró el capítulo referido a las tierras rurales ante la falta de respaldo para aprobarlo.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema y la posibilidad de que Diputados avance contra el DNU 70/23, el oficialismo vuelve a evaluar cómo sostener el cambio. La urgencia responde también a que existen proyectos y operaciones que, según fuentes al tanto de las conversaciones, están pendientes de un marco legal que permita concretarlos.

Por qué la Corte dejó sin efecto el fallo
El conflicto judicial comenzó a fines de 2023, cuando el Gobierno derogó mediante el DNU 70/23 la Ley de Tierras, sancionada en 2011. La norma establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El CECIM La Plata presentó entonces un amparo para cuestionar la decisión. En primera instancia, la Justicia había rechazado el planteo, pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó ese fallo y declaró inconstitucional el artículo del DNU que había derogado la ley.

La Cámara había considerado, además, que los integrantes del CECIM estaban habilitados para recurrir a la Justicia porque entendían que la medida afectaba la soberanía territorial.

La Corte Suprema no se pronunció sobre ese punto. No determinó si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no, sino que centró su decisión en la legitimación del CECIM para presentar la demanda.

El máximo tribunal consideró que la organización no estaba habilitada para promover esa acción judicial y, a partir de ese argumento, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara que había frenado la aplicación del DNU.

La Ley de Tierras fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones específicas para determinadas zonas y propiedades.

Miércoles, 30 de septiembre de 2026