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Política Economía
Preocupación e incertidumbre por la intención de privatizar el CoTeCar en Paso de los Libres
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Lunes, 16 de noviembre de 2026

Paso de los Libres (16-11-26): La intención de Milei de privatizar el COTECAR en Paso de los Libres y la búsqueda libertaria de privatizar la frontera tomé estado nacional y el evidente interés de informar de los medios sobre un nuevo atropello del gobierno libertario. Los libreños señalan que tras casi tres años de abandono absoluto el gobierno nacional avanza sin brindar información con la venta de uno de los pasos fronterizos terrestres más significativos del país. Página 12 entrevistó a diferentes actores locales, la mayoría mostró preocupación por la falta de detalles de la operación y los daños que causaría a los trabajadores y a la localidad fronteriza, la única voz en apoyo a la medida es del sector privado, ampliamente a favor de las medidas implementadas por el gobierno. El gremialista de UPCN, Javier Araujo, y el ex intendente libreño Martín Ascúa se manifestaron en contra de la medida y expresaron su fuerte preocupación por los problemas que acarrearía la privatización tanto para los trabajadores como para el comercio y empresarios locales

Por Andrea de los Reyes
Desde Corrientes para Página 12

Paso de los Libres es uno de los pasos fronterizos terrestres más importantes de Argentina y la principal vía de acceso al país del transporte de carga proveniente de Brasil. Esta intersección sobre el río Uruguay, ubicada entre la provincia de Corrientes y el estado de Río Grande del Sur, se convirtió en noticia durante la semana por el avance en el proceso de licitación para la administración privada del Complejo Terminal de Cargas (CoTeCar), el centro de control y logística para el transporte internacional de cargas. La novedad, según pudo relevar Página/12, genera incertidumbre y expectativas entre los usuarios de este complejo que acarrea problemas crónicos como parte de una de las fronteras más calientes de Argentina.

Durante los últimos tres años, el gobierno de Javier Milei cumplió uno a uno los pasos del manual de las privatizaciones de los servicios públicos: profundizó el abandono de un espacio que venía con dificultades en su manejo, lo vació de recursos humanos y empujó a los usuarios a reclamar la intervención del sector privado para mejorar la atención.

Tras la publicación del Decreto 1350/2026, los actores del sector público y privado miran con expectativa y preocupación el nuevo paso del Gobierno libertario para privatizar su frontera. Si bien no son nítidas las condiciones de la licitación futura, se declaró de interés público un proyecto de iniciativa privada para administrar, explotar y modernizar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, una medida que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y constituye la instancia previa a la licitación, no la concesión en sí.

Para comprender la dimensión de esta privatización y el enorme potencial como espacio de servicios para camioneros, pero también para los usuarios generales, hay que tener presente que CoTeCar es el predio donde se concentran los controles del tránsito internacional de mercaderías entre Argentina y Brasil. Actualmente, registra un promedio de más de 1.000 camiones por día y tiene un estacionamiento para unos 900 camiones. Los organismos de control del Estado, como Aduana, Migraciones y Senasa, funcionan dentro del complejo. Su peso en el comercio exterior es enorme. Por su volumen de camiones, es considerada la segunda aduana terrestre más importante del país. A esto se suma que allí funciona la tercera frontera detrás de Puerto Iguazú y Posadas-Encarnación, con 3.016.946 movimientos migratorios en 2025.

Este volumen logístico y el constante desfinanciamiento provocan quejas permanentes entre los transportistas. Desde el sector denuncian severos problemas de infraestructura, incluidos los sanitarios, falta de coordinación entre los organismos y crecientes índices de inseguridad. Sin embargo, el mayor inconveniente está vinculado a las serias demoras, con esperas que van de 12 horas a tres días, encareciendo sustancialmente el servicio de transporte.

La secuencia remite históricamente al abandono del Estado de sus funciones para desplazarlas hacia el sector privado.

Intereses en conflicto

Para Delia Flores, presidenta de la Cámara Libreña de Empresarios del Transporte y Afines (CALIBRE), la privatización traerá la inversión que el Estado no hace para que el predio funcione de manera eficaz. “Es algo que las empresas privadas veníamos pidiendo con mucho interés y anhelamos que pase a manos privadas cuanto antes”, afirmó en diálogo con Página/12. Reconoció el esfuerzo de quienes conducen el Centro de Frontera desde marzo, pero sostuvo que la voluntad no alcanza cuando los recursos llegan a cuentagotas. Detalló que el predio arrastra reclamos por falta de iluminación, alambrados perimetrales deteriorados, cámaras de monitoreo que no funcionan y la ausencia de un sistema de cobro eficiente que evite los atascamientos. Según Flores, toda la administración pasaría al sector privado, salvo los organismos del Estado como Migraciones y Senasa.
NR Sur Correntino: Claramente la empresaria no responsabiliza al gobierno por la falta de inversión, efectuada adrede para justificar su privatización. Si el reclamo por la falta de inversión se hiciera de forma contundente desde el empresariado del comercio internacional los problemas comenzarían a arreglarse, pero es más facil y menos comprometido dejar que el gobierno lo privatice. Los perjucios para los trabajadores y la comunidad y comercio libreños, "Bien Gracias"

Desde el gremio, la mirada está centrada en la incertidumbre laboral. Javier Araujo, secretario gremial regional de UPCN Corrientes, remarcó que por ahora solo existe la declaración de interés y que no existe información consistente sobre la licitación. Los pliegos no están publicados. Según explicó, la normativa indica que la propuesta declarada de interés público se incluirá en el futuro pliego. “Lo que nos interesa a nosotros es saber qué ocurrirá con los trabajadores”, dijo a este medio.

Araujo recordó que el avance más concreto hacia la privatización, hasta ahora, fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la concesión parecía inminente. Al final no hubo privatización y el organismo quedó con unos diez trabajadores. Esa cantidad resulta insuficiente, por lo que el entonces Ministerio del Interior, de quien dependía el CoTeCar, pidió que los trabajadores traspasados siguieran ocupando sus puestos.

El dirigente sostuvo además que todos los gobiernos desde Carlos Menem quisieron privatizar el complejo, y explicó por qué fracasaron las licitaciones: “La operatoria es muy costosa y solo el Estado puede mantenerlo con las tarifas que cobra”. Las tarifas aumentaron, pero no cubren lo que exigen las licitaciones. “Los números no cierran”, resumió.

La crítica política

Martín Ascúa, dirigente peronista, exintendente de Paso de los Libres y ex candidato a gobernador, se mostró “muy crítico” de la decisión del Gobierno nacional. “Estamos frente a una iniciativa que merece ser examinada con muchísimo cuidado, porque no estamos hablando de cualquier inmueble del Estado, sino de uno de los pasos fronterizos más importantes de la Argentina”, señaló en conversaciones con Página/12.

Para el dirigente, “el abandono y la falta de inversión no pueden convertirse en una justificación automática para entregar su explotación a intereses privados durante 20 años, con posibilidad de extenderla otros cinco”. Sostuvo que el Estado “tenía y tiene la responsabilidad de recuperar, modernizar y garantizar el funcionamiento de esa infraestructura”.

Su primera preocupación es la transparencia y marcó las inconsistencias del proceso licitatorio: “De ocho propuestas presentadas, solamente una fue declarada elegible. Por eso considero indispensable conocer las condiciones económicas, los beneficios que obtendría el concesionario y las garantías que tendrá el Estado. No podemos permitir que una infraestructura construida para servir al interés público termine beneficiando principalmente a un grupo empresario”.

A eso sumó una cuestión de soberanía: “Si bien las facultades de control aduanero y migratorio deben continuar en manos del Estado, estamos hablando de infraestructura estratégica para el comercio internacional y la integración con Brasil. El Estado no puede perder capacidad de decisión sobre su funcionamiento”.

Pero lo que más le inquieta, dijo, es el impacto local. Recordó que el proyecto prevé instalar dentro del complejo alojamientos, restaurantes o servicios gastronómicos, comercios, estación de servicio y talleres, “actividades que hoy generan movimiento económico en Paso de los Libres”. Y planteó: “Si los miles de transportistas que atraviesan nuestra frontera comienzan a consumir todos esos servicios dentro de un predio concesionado, ¿qué va a pasar con nuestros hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, talleres y pequeños comerciantes? ¿Qué garantías existen para proteger los puestos de trabajo locales?”.

Ascúa aclaró que no rechaza la inversión: “No estoy en contra de las inversiones ni de modernizar el CoTeCar. Todo lo contrario. Lo que cuestiono es que una decisión de semejante magnitud pueda avanzar sin un debate profundo con la comunidad de Paso de los Libres, sus trabajadores y sus sectores productivos”. Y concluyó: “Cualquier proyecto de modernización debe tener un objetivo fundamental: que el crecimiento económico también beneficie a nuestra ciudad y a su gente, y no solamente a quienes exploten comercialmente el complejo”.

Un consorcio de pesos pesados

Solo una propuesta logró el interés público en un listado de ocho. Se trata del Grupo Promotor, un consorcio que nuclea a tres empresas argentinas de enorme envergadura. La primera es General Urquiza, una SRL controlada por la familia Derudder, dueña de la histórica empresa de transporte Flecha Bus; la segunda compañía del consorcio es Servicios Logísticos Integrados, que opera Fast Track, una de las principales proveedoras logísticas de Mercado Libre; y la tercera es Da Fré Obras Civiles, una sociedad anónima que tiene desde negocios en medios hasta operaciones turísticas.

El propio decreto aclara que todavía no está acreditada la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera del futuro contratista, algo que deberá verificarse durante el proceso, aunque adelanta que las empresas presentan perfiles técnicos y operativos complementarios.

El procedimiento se encuentra en su primera etapa y, según se anunció, una vez finalizado se aplicará la misma modalidad en otras fronteras: el Gobierno prevé extender el modelo a otros 13 centros de frontera del país, con el antecedente de Santo Tomé. Este paso fronterizo, también en la provincia de Corrientes, está a cargo de CS Rodovias Mercosul y es una de las experiencias modelo para privatizar la frontera argentina.


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