Corrientes 830-3-14): A partir de todo el conflicto sucitado por los reclamos de los operarios de la DPEC y la profunda crisis energética que se vive en toda la provincia y las fuertes sospechas de la intención del Gobernador Colombi de privatizar la Dirección de Energía, desde la propia entidad denuncian fuertes operativos para lograr el gerenciamiento privado. Las sospechas sobre quienes serían los interesados privados recaen sobre Juan Castro de la Red Farmar, Goitia de casinos del Litoral y Jorge Chamas de Aguas de Corrientes

La medida de fuerza que llevan adelante los emplea­dos de la Dirección Provin­cial de Energía ya cumplió tres semanas. El sostenido reclamo por mejoras en cuestiones de Seguridad e Higiene terminó acelerando un proceso de análisis sobre el destino de la empresa.

Los rumores que surgie­ron a raíz de una serie de reuniones que se dieron en los últimos días hablan de la posible apertura a la partici­pación privada en el manejo del organismo estatal.

Funcionarios del Ejecuti­vo, como el ministro de Ha­cienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, calificaron de “estructural el problema de la Dpec” al esgrimir la nece­sidad “de un cambio de figu­ra jurídica”.

Ayer, los delegados de las distintas plantas analiza­ron los caminos para lograr un acuerdo que destrabe el conflicto. Varios coincidie­ron en denunciar que se está “apurando el fin de un pro­ceso que empezó en el año 2005 de vaciamiento insti­tucional”.

Para abonar esa hipótesis, se refirieron a un pasivo que tiene la Dpec que supera los 400 millones de pesos en concepto de deudas con los trabajadores, con la Compa­ñía Administradora del Mer­cado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cam­mesa), a acreedores por obras eléctricas, aportes previsionales, en otros.

También dicen que “la empresa no registra mu­chos de los ingresos que recibe en concepto de re­galías y subsidios ya que éstos se administran des­de la cartera de Hacienda”. “Tienen muchas artimañas para no aclarar sobre el di­nero que ingresa”, denun­ciaron.

Por otra parte, se refirieron a la falta de mantenimiento estructural y a la creación de estamentos jurídicos que le permitirían al Estado “avanzar con este proceso de desmantelamiento”. Así, mencionaron la creación de Encorsa (Energía de Co­rrientes Sociedad Anóni­ma) y posteriormente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre), órgano que con autonomía funcional y autarquía financiera, con­trolará el funcionamiento del servicio eléctrico en la provincia.

En ese sentido, además afirmaron que el pasado jueves un grupo empresarial visitó el Sindicato de Luz y Fuerza, “para manifestar su pretensión de hacerse cargo del gerenciamiento del sec­tor comercial de la Dpec”. “Eran de la red Farmar”, confirmaron a NORTE de Corrientes.

Ese mismo día, tasadores oficiales “visitaron la planta Edison e hicieron un releva­miento de las instalaciones y de la maquinaria”. Por otra parte, trabajan en un au­mento tarifario.

“Todo nos indica que es­tán preparando el terreno, tal vez no para privatizar, pero sí para gerenciar la parte comercial. Deben bus­car la manera de achicar la deuda y por eso pretende un marcado aumento tarifario”, coincidió un grupo de em­pleados.

Se manifestaron preocu­pados por la situación “límite en la que se dejó a la empresa, prácticamente sin recursos”. “No fue accidental que per­mitan que todo esto pasara, que dejen que las cosas lle­garan a este extremo. Tene­mos incertidumbre y temor respecto al destino final de la empresa”, añadieron.

Los delegados, todos an­tiguos trabajadores, consi­deran que hay “connivencia, de los sectores guberna­mentales y desde el mismo sindicato” para enajenar la firma del Estado provincial.

En ese contexto de vaci­lación sobre el terreno en el que deben negociar, un gru­po de delgados se reunió du­rante toda la jornada de ayer para analizar alternativas que podrían resolver el con­flicto para que los trabajado­res retomen sus tareas.

Domingo, 30 de marzo de 2014