Bs. As. (16-12-25): La reforma laboral busca la extinción del poder sindical y la indefensión absoluta para los empleados. Si el gobierno la aprueba, millones de trabajadores tendrán prohibida la huelga. Como los intendentes en la política, los sindicatos y las comisiones internas van a ser ahora el factor decisivo..

Por Diego Genoud

La movilización convocada por la CGT y las dos CTA hacia la Plaza de Mayo quedará en la historia. En primer lugar, por el nivel de masividad que logre, un objetivo prioritario de la nueva conducción de la CGT que aspira a convocar a 150 mil personas en un acto con un gran escenario y varios oradores. En segundo lugar, por las circunstancias en que se da: en medio de la mayor ofensiva contra los sindicatos de un gobierno electo en las urnas desde el regreso de la democracia. Ni Carlos Menem, que tuvo el apoyo de la corriente más poderosa del sindicalismo; ni Mauricio Macri, que no llegó a tener su reforma laboral, se animaron a tanto.

Javier Milei, con toda una vida como empleado del poder económico, es el encargado de llevarla adelante de la mano de dos viejos conocidos de los gremios: Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. El primero para afinar la letra chica de un ataque directo a los sindicatos; la segunda para reunir los votos en el Senado. Los dos necesitan vengar sus dos fracasos anteriores en el poder y precipitar la ofensiva final contra el sindicalismo argentino.

Los gremios que en los últimos días se reunieron en Azopardo con intendentes, gremios industriales y entidades empresarias como Apyme tienen en claro que el jueves será un test muy importante. “Esta ley nos mata, no puede pasar”, le dijo a El Destape uno de los organizadores de la movilización.

Los análisis de los 197 artículos del proyecto de flexibilización laboral coinciden en casi todo. Para la Asociación de Abogados Laboralistas, la ley Milei viola la Constitución Nacional, prohíbe el derecho a huelga, impulsa la tercerización, fomenta la competencia entre trabajadores y promueve el convenio por empresa para liquidar las mejoras que obtengan los sindicatos nacionales. Nada favorece a los que trabajan.

Más allá de la falta de líderes a la altura del drama del presente y del nuevo triunvirato que acaba de asumir en la CGT, los sindicatos de todo el país son los que van a librar una confrontación obligada y en defensa propia, tal como la define la convocatoria a la huelga nacional de la poderosa Federación de Aceiteros. Si en la política los intendentes son los dirigentes más cercanos al vecino y el primer mostrador ante cualquier reclamo, en el contexto de caída de la industria, destrucción de empleo y persecución gremial, los sindicatos y las comisiones internas cumplen una función similar. Son el primer dique de contención ante la ofensiva inédita de un gobierno que, desde el primer minuto, se propuso refundar la relación capital-trabajo.

Un estudio que lo deja en claro como pocos es el del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM). Se titula “Una reforma de regresión laboral” y no niega la necesidad de hacer cambios, pero rechaza por completo el ataque múltiple de La Libertad Avanza a los trabajadores registrados y advierte que la reforma no va a servir ni para generar empleo ni para incorporar a la formalidad al continente de precarios que desde hace años viene en expansión.

Entre los rasgos centrales del proyecto, el análisis señala que limita la indemnización por despido, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar techo a las paritarias, legaliza el fraude laboral, convalida la precariedad del trabajo en plataformas y amplía las facultades de los empleadores para flexibilizar los tiempos de trabajo.

El corazón del proyecto pasa por el ataque a los sindicatos. En primer lugar, el estudio señala que la ley Milei perfora pisos salariales y condiciones de trabajo que ya se encuentran muy deterioradas, con los sueldos de las categorías más bajas por debajo de la línea de pobreza. El gobierno apunta a hundir todavía más los ingresos. La descentralización de la negociación colectiva que promueve la reforma, dicen los autores del trabajo de la UNSAM, permite que a nivel de las empresas se fijen salarios inferiores y condiciones laborales peores a las acordadas a nivel sectorial.

Uno de los capítulos más destacados es el que advierte que la ley enviada al Senado restringe los recursos de los sindicatos y limita la acción gremial. Entre las medidas que buscan ahogar a los sindicatos y comprometer su sustentabilidad económica se autoriza a que las empresas dejen de ser agentes de retención de las cuotas de afiliación. Así, se impide el mecanismo de recaudación, que requerirá consentimiento del trabajador y acuerdo colectivo. Además, el Estado debe convalidar cada afiliación.

Aunque a último momento Santiago Caputo, Martin Menem y Diego Santilli decidieron preservar la cuota solidaria, el CETyD sostiene que el componente que aporta todo trabajador al sindicato tiene fecha de vencimiento con el fin de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales y con el pedido de autorización expresa del trabajador para su retención. El objetivo es siempre el mismo: que el trabajador no se constituya como parte de un colectivo y se enfrente solo a las demandas de las empresas y empleadores, en una situación de asimetría cada vez mayor.

Los autores del informe son especialistas en el mundo del trabajo: Matías Maito, Juan Manuel Ottaviano, Lilia Alonso, Julián Hofele y el ex ministro de Trabajo de los gobiernos kirchneristas, Carlos Tomada. En el texto que elaboraron, sostienen que el proyecto oficial constituye un avance directo contra los sindicatos.

Desde lo económico, la ley reduce las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales -incluso en el caso de las grandes empresas- y el Estado resigna una cifra estimada como mínimo en 2500 millones de dólares al año. En paralelo al debilitamiento económico, también se limita la acción sindical y se restringe el derecho de huelga a través de la declaración de servicios esenciales que traspasan por completo los estándares internacionales de la OIT.

El gran objetivo de Milei es anticonstitucional: eliminar el derecho a huelga que está en la Constitución Nacional. El trabajo que elaboraron desde el CETyD de la UNSAM da cuenta de la magnitud de la ofensiva. Si se aprueba la ley, la cantidad de trabajadores formales del sector privado que tendrán el derecho a huelga restringido pasará de 470 mil de la ley actual a los 2,9 millones. Así, en la Argentina que sueña el presidente el porcentaje de asalariados registrados con derecho a huelga semiprohibido crecerá más de 6 veces y pasará del 7% al 43% del total.

Como si fuera poco, la que se presenta como la ofensiva final contra el sindicalismo argentino limita el tiempo de la actividad sindical y la realización de asambleas, además de habilitar el despido de activistas y se debilita la tutela sindical. Todo con el impulso del economista que pasó 15 años como empleado de Eduardo Eurnekian.

Como sostiene el informe, el intento de reforma empodera a los empresarios y busca disciplinar a los trabajadores. Pero no resuelve los problemas urgentes del mundo del trabajo, sino que los agrava, deslaboraliza la relación de trabajo y pretende esterilizar o erradicar la presencia sindical en las negociaciones y los lugares de trabajo.

Milei los eligió como enemigos y a los sindicatos les llegó su hora. Tienen que salir a pelear para impedir la consolidación de un proceso que retrocede dos siglos y los lleva a la extinción.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025