Ha pasado más de un año desde que salió a la luz pública el proyecto de construcción de una represa en el arroyo Ayuí Grande en nuestra provincia, a través de la cual se proveerá de agua a 20 mil hectáreas para la producción de arroz.

Los hacedores de este atropello a la naturaleza y a la conciencia de cuidado del medio ambiente de los correntinos y correntinas son personajes conocidos ya por su avaricia y afán de lucro a costa de la explotación irresponsable de nuestros recursos naturales. Por un lado el magnate húngaro George Soros, especulador financiero, dueño de una fortuna de 14.500 millones de dólares y accionista de una de las empresas en cuestión, Adecoagro SA, a través de la cual ya adquirió más de 4.000 hectáreas en nuestro país. Por otro lado, José Aranda, vicepresidente del grupo Clarín y titular de Copra SA, la empresa asociada a Adecoagro para llevar a cabo este emprendimiento.
Pero además, hay un tercer socio en este trato nefasto y es nada menos que el Poder Ejecutivo del gobierno provincial, que, en lugar de defender los bosques nativos y nuestros cursos de agua, eligió poner en riesgo la fauna y flora que habita allí a través del camino del negociado y la irresponsabilidad política. ¿Qué intereses defiende Ricardo Colombi cuando dice no quiere el 60% de las tierras improductivas? Claramente, defiende el interés económico de las multinacionales del agro que vienen a instalarse a estas tierras, explotan nuestros recursos, mezquinan el empleo decente, cosechan su producción, exportan, se llevan sus divisas y allí terminó la historia. ¿Qué intereses, entonces, NO defiende, Ricardo Colombi? Seguramente no defiende la capacidad de producción de los pequeños productores de nuestra provincia, que día a día labran esas tierras para decir presente en la mesa de los correntinos. Esos productores que han nacido en esas tierras y han elegido quedarse allí, apostando a un modo de vida en estrecha relación con la naturaleza, conviviendo en armonía con los animales y la flora del lugar, se verían seriamente afectados por esta obra, ya que el medio ambiente y su entorno nunca volverán a ser los mismos.

El litigio judicial por esta mega-obra comenzó apenas se hizo pública la noticia que el gobierno provincial intentaba ocultar.

La municipalidad de Monte Caseros sancionó, en este sentido, en el mes de agosto del año pasado, una ordenanza manifestando su rechazo al mega-proyecto, denunciando la situación y solicitando intervención a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y a la C.A.R.U. a fin de arbitrar las medidas judiciales necesarias tendientes a salvaguardar la salud de la población, teniendo en cuenta los efectos medioambientales que provocaría y los efectos que podría tener sobre las aguas del Río Uruguay, cuestiones que evidentemente se obviaron en la sanción de la Ley Provincial Nº 5974 que aprueba el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes y que constituyó el puntapié inicial para llevar a cabo la construcción de la represa. En este caso, la irresponsabilidad política en la sanción de esta ley, vino de la mano del primo del gobernador actual, el también radical, Arturo Colombi.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ha frenado este atropello institucional a través de la resolución Nº 1238/11 (publicada en el Boletín Oficial de la Nación: ). Entre los considerandos de la medida se recurrió a las razones mencionadas en la ordenanza municipal de 2010. Esto significa que las palabras de nuestro pueblo han sido escuchadas y tomadas como testimonio desde el Gobierno Nacional para dar cuenta del grave peligro que significaría continuar con este proyecto.

La resolución deja también en claro que el Tratado del Río Uruguay fue violado por las autoridades provinciales al autorizar, de manera unilateral, la viabilidad de la represa y la apropiación del cauce de un arroyo afluente del río Miriñay que, por volcar luego sus aguas en el Río Uruguay, constituye un recurso que no puede ser atribución del gobierno correntino debido a que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias e incluso a otro país.



María Elena Chieno

Martes, 30 de agosto de 2011