Por Alberto Ruiz Diaz
El “grupo Chamas” agarró el cobro del agua en algunas provincias. Con los cambios de gobierno perdieron protección en Salta y en La Rioja. En 2009 fueron echados.

MUDANZAS

En Salta, entre 1996 y 1998 el menemista Juan Carlos Romero privatizó el agua. La concesionaria “Aguas de Salta” fue denunciada durante años por asociaciones de usuarios y por miles de particulares afectados por la mala calidad de sus servicios. La mayoría de las quejas ante el Ente Regulador terminaron en una vía muerta.

En 2007 cambió el signo político de la provincia. En mayo de 2009 el gobierno de Salta rescindió el contrato de concesión debido a su “incumplimiento y al colapso del sistema que requiere inversiones por $1000 Millones en diez años para prestar un servicio adecuado”. La empresa se fue de Salta sin haber hecho inversiones y los salteños se quedaron analizando los perjuicios causados durante la concesión. En junio de 2009 la “Sociedad Prestadora Aguas de Salta S.A.” se mudó a Corrientes, estableciendo domicilio en calle Catamarca 431.

En La Rioja en 1999 el menemista Angel Maza entregó el gerenciamiento de la ex Obras Sanitarias provincial a Pablo Chamas. En 2002 apareció Latinaguas (Jorge Chamas) con el compromiso de “desembolsar un canon mensual al Estado riojano y a invertir 20 millones de pesos en obras de infraestructura” (La Nación, 4 de abril de 2002)…

En 2007 cambió el signo político y el nuevo gobierno descubrió que las inversiones no se hicieron y que las falencias del servicio del agua potable debieron subsanarse con el aporte de recursos del Estado; además quiso saber en qué invirtió Chamas el dinero. La auditoría encontró que Aguas de La Rioja:

–era financista de terceros al mismo tiempo de solicitar ayudas extraordinarias;

–tercerizaba el servicio con sociedades vinculadas del mismo grupo;

–el mismo presidente de Aguas de La Rioja (Chamas), era el dueño de las vinculadas Uniser y Latin Aguas Operaciones y Servicios;

–utilizaba recursos para fines ajenos a la prestación del servicio, incluso pagaba gastos particulares de su familia en Corrientes y Buenos Aires;

En febrero de 2010 el gobierno de La Rioja les sacó la concesión y el Fiscal de Estado los denunció penalmente por una “administración desleal y fraudulenta, perjudicando el patrimonio confiado en la concesión”. La sociedad Aguas de La Rioja S.A. se mudó a Corrientes donde, a falta de apoyo popular, hay protección política. Fijaron domicilio en calle Buenos Aires 766 de la Ciudad de Corrientes.-



¿No se entendió todavía?

Por Alberto Ruiz Diaz

La protección política sirve para liberar al concesionario de inversiones millonarias y atar las manos de la gente para que le roben es decir, para tener lo que tenemos. Ricardo Leconte concesionó el servicio de agua potable en 1991. Los objetivos principales fueron:

* Rebaja de tarifas;

* Mejoramiento del servicio por medio de inversiones y

* Tratamiento de la totalidad de efluentes cloacales.

Los objetivos parecían buenos, pero después de la licitación y antes de la firma del contrato no sólo se le disminuyó al adjudicatario las exigencias del Pliego oficial sino que también se le modificó lo que éste había ofertado:

–El pliego establecía “Alquiler del Medidor” = 1 m3, pero en el contrato Leconte lo cambió por “Lectura y Mantenimiento de medidores” = 2,75 m3 lo cual representó un aumento del 275% en la facturación de ese “cargo fijo”.

–La “zona de concesión” licitada era el área total de cada municipio, que era atendida por Obras Sanitarias en cada localidad; pero en el contrato Leconte achicó el área de concesión de las localidades con lo cual disminuyó la responsabilidad del concesionario.

–La concesión se adjudicó “por ofrecer el mejor valor del Factor Multiplicador de las tarifas básicas…”. El valor ofrecido con el cual se ganó la licitación era el Factor 0,8309 y debió aplicarse a todo el periodo de concesión, pero en el contrato Leconte lo desagregó en seis Factores, acomodándole las bonificaciones menores en la primera mitad de la concesión (1991–2005); lo cual incrementó la facturación del concesionario en un ingreso extra de unos $44 millones aportado por los usuarios en esa etapa de la concesión (que en su mayor parte tuvo la paridad $1 = U$1).

Leconte finalizó su mandato pocos días después de firmar la entrega del agua y su Fiscal de Estado Raúl Marasco pasó a formar parte de la concesionaria privada, siendo actualmente el abogado en jefe de la empresa Aguas de Corrientes e integrante de su Directorio.

De Leconte a Colombi

Durante toda la concesión hubo una fuerte demanda de favores del Estado, desde la óptica de privatizar ganancias y estatizar gastos. La alta rentabilidad empresaria de los años ´90 tuvo su contracara en el crecimiento de la desocupación, el incremento de pobreza, la abrupta caída del valor adquisitivo del salario, etc., etc. El espejismo comenzó a evaporarse en 1998 y explotó en diciembre de 2001. Alguna maldición guaraní determinó que diez días antes haya asumido en Corrientes el continuismo delaruista con Enrique Vaz Torres como Ministro de Hacienda. A los pocos días, el 25 de febrero del 2002 el Ministro y el concesionario Pablo Chamas efectuaron el 1er acto preparatorio de un nuevo contrato para Aguas de Corrientes mediante un Convenio titulado: TRATAMIENTO Y SOLUCIONES A LAS MÚLTIPLES CUESTIONES Y PROBLEMAS PENDIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN. Chamas adujo que su ecuación económica-financiera le daba pérdidas y Vaz Torres, que tenía mala onda con la realidad, le firmó un “Acuerdo Marco” dándole lo que pedía.

La realidad es que entre 1991 y 1998 la rentabilidad que obtuvieron las privatizadas fue alta en todo el país, particularmente los concesionarios de servicios públicos, sin embargo las inversiones comprometidas en el contrato no se realizaron; pero en 2004, sin estudio alguno que lo fundamente y sin especificar “hechos y circunstancias imprevistas”, el Ministro le concedió:

*la postergación del cumplimiento de las Metas de calidad y las inversiones en plantas de tratamiento de Goya y Capital (punto 2º del acuerdo).

*la quita al usuario de la bonificación de la tarifa, otorgándosela al concesionario al dejar sin efecto la reducción tarifaria prevista en el Contrato de Concesión (punto 4º del acuerdo)

*la explotación en Empedrado, Santa Lucía y Yapeyú pero, en lugar de pagar el canon el concesionario cobra honorarios (punto 13º del acuerdo)

*la prórroga del plazo de concesión

Vale decir que Aguas de Corrientes tiene una concesión nueva, pero trucha, en base a un pacto de chicos ricos asociados a funcionarios venales, inclinados a las prácticas sucias de la política, a la que jugaron sin talento y sin escrúpulos.


Viernes, 13 de enero de 2012