La jueza Fabiana Schafrick hizo lugar a un pedido del defensor general, Mario Kestelboim, para que se haga un relevamiento de los daños por el temporal y se asista a la gente. Sin embargo, la tarea impuesta tampoco se cumplió.

Ni con la fuerza de una disposición judicial el gobierno porteño atendió a los barrios carenciados en la emergencia, que sufrieron la muerte de tres chicos en la Villa 21 y casas arrasadas. Ayer la jueza Fabiana Schafrick, titular del Juzgado Nº 5 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, le ordenó que adopte medidas para relevar la posibilidad de nuevos derrumbes, apuntalar los inmuebles y asistir a las personas en la crisis social. Pero los funcionarios no cumplieron con sus funciones.

La resolución de la magistrada se originó en un pedido de Mario Kestelboim, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recogió el reclamo de las organizaciones barriales Corriente Política 17 de Agosto, La Poderosa, Agrupación 14Bis Derecho y La Usina Villa 21.

Kestelboim interpuso el pedido de una “medida autosatisfactiva” contra el gobierno “por hallarse afectados derechos y garantías de rango constitucional, en particular el derecho a la vida y a la salud amenazados o segados”.

Inmediatamente, Schafrick ordenó que el Poder Ejecutivo “efectivice en el plazo de 24 horas un relevamiento de los riesgos de derrumbe para la integridad física de los habitantes de las villas 21-24, Fátima, Los Pinos, 15, 1-11-14, Lacarra, Carrillo y Escarpino, el asentamiento Magaldi, el Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta y el Complejo Habitacional ubicado en Portela entre Avenida Castañares y Lafuente, apuntalando los inmuebles en peligro, cortando árboles inestable y adoptar todas las medidas necesarias para resguardar las vidas de las damnificados; y proporcionarles materiales como cemento, arena, ladrillos, tirantes, chapas y membranas, etcétera, para que puedan reparar sus viviendas, protegiéndolas de filtraciones de agua y asegurar la estabilidad de las mismas”.

Además, ordenó al Ministerio de Desarrollo Social porteño “la provisión de elementos indispensables para afrontar la emergencia que padecen esos habitantes, proporcionándoles colchones, frazadas, alimentos, etcétera, que sean necesarios para hacer frente a la emergencia social proveniente de las mencionadas pérdidas materiales y provea una solución habitacional de emergencia a quienes han quedado a la intemperie, en situación de calle”. También ordenó a la Unidad de Gestión e Integración Social (UGIS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, que controle el riesgo eléctrico y garantice su provisión, además de proveer agua “por medio de camiones cisterna o los apropiados al caso”.

Pese a la resolución judicial que le ordenó a los funcionarios nada menos que la realización de las tareas que les son propias, en los barrios aludidos las obras brillaron por su ausencia. Referentes de la Agrupación 14Bis Derecho denunciaron que lo que llegó fue una “respuesta tardía y descoordinada”. En igual sentido, la asamblea barrial de La Poderosa en Villa 21 anoche describió el deficiente y escaso socorro recibido. “Hay que ir hasta Cruz y Escalada, a bastantes cuadras del barrio, allí anotarse, luego viene una asistente social para verificar lo solicitado y recién después lo otorgan. En resumen, trajeron algunos pocos colchones y nada más. Y hay vecinos que quedaron en la calle”, aseguraron.

Referentes de La Poderosa en Fátima hicieron un recuento del faltante en ese barrio. “Bajaron algo, pero es un porcentaje mínimo. Faltan 330 chapas, llegaron 117; de 300 colchones, 50; de 200 tirantes, ninguno; de 2000 ladrillos, 100 y diez membranas de 150. Y esos son los requerimientos que suponemos los vecinos que hacen falta porque no mandaron a nadie para evaluar los daños.”

Desde La Usina Villa 21 y Agrupación 14Bis trazaron un panorama similar: “Se está haciendo una distribución discrecional y arbitraria. La situación es caótica. No cumplen con la decisión judicial, ni se hizo ningún relevamiento.”

En síntesis, lo único que se restableció ayer fue el servicio eléctrico, que depende de la empresa que lo brinda y no del gobierno de la Ciudad.

Mientras tanto, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, atendió a cuanto medio de prensa quiso entrevistarlo en la cancha de San Lorenzo, los barrios en emergencia alcanzados por la disposición judicial, todos muy cercanos a donde permaneció el funcionario buena parte del día, no fueron relevados y, por tanto, todavía siguen en un riesgo de derrumbe que es evidente, pero no está mensurado.

El ministro declaró: “Tenemos 1500 personas trabajando en la calle en este momento, con cuadrillas y equipos en los barrios”, y agregó que eso no alcanza “ni siquiera para poner a punto y reconstruir” la Ciudad.

Luego expuso que se invirtieron 6 millones de pesos, aunque no aclaró cómo se gastaron y que “la reconstrucción comienza recién el lunes”.

Finalmente, Kestelboim recuerda en su escrito un dato que puede ser relevante en los próximos días ya que afirma que como defensor general “tiene aptitud para interponer la presente acción” en virtud de lo establecido “en el artículo 125 de la Constitución de la Ciudad”, y deja planteada la “reserva del caso federal”, ya que “se estarían vulnerando derechos constitucionales tales como la vida y la salud”.

Sábado, 7 de abril de 2012