En horas más podría darse a conocer el primer caso de análisis jurisdiccional de una decisión irregular adoptada por la Fiscalía General que hizo asumir a fiscales que no reúnen los requisitos de Ley. En Paso de los Libres la cuestión está instalada y ya la Policía se muestra "con reservas" para acatar la autoridad de los designados. Lo grave de este hecho es que, después de más de diez días de publicada la investigación realizada por EL LIBERTADOR ni el Consejo, ni el Superior Tribunal acusaron recibo de ello.


Los medios locales dieron cuenta días atrás de lo que expresó Carlos Rubín, presidente del Superior Tribunal, en su paso por la ciudad de Paso de los Libres. El curuzucuateño habría admitido que en la localidad "hay fiscales flojos de papeles". Lo hizo poco después de que EL LIBERTADOR publicara una investigación periodística de fuerte impacto que no mereció réplica alguna de parte de las autoridades judiciales de la Provincia.

El tema pasó a ser la comidilla en el mundo tribunalicio, y a pescado revuelto rápidamente hubo presentaciones que obligarán a que los jueces de la localidad deban expedirse en este caso que roza los límites del escándalo con proyección al escenario provincial.

Algunos aventuran que lo de Paso de los Libres no es un hecho aislado, y que, en otras localidades, podría estar ocurriendo lo mismo.

Lo que sobresale claramente es el relajamiento de responsabilidades en el ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano extra poder que integran junto al Presidente de la Corte local; la representante del Colegio de Magistrados, doctora Sierra de Desimoni; la representante de la Facultad de Derecho, Verónica Torres; el fiscal de Estado, Carlos Pila, y el representante de los abogados, Mario Midón. Cinco voluntades que comparten la responsabilidad en un órgano que, creado en 2007, languidece casi herido de muerte, lo que dio lugar a que desde el Partido Liberal, desde el peronismo y desde el nuevismo se hable de la necesidad de una nueva reforma ante el fracaso de la experiencia de reemplazar el viejo sistema que rigió hasta la última convención.

Las críticas están a la orden el día. Es la comidilla en el mundo tribunalicio y apuntan no sólo a la Fiscalía General, sino que también alcanzan al Superior Tribunal y al Consejo de la Magistratura, que parece cartón pintado.

Hay casos, se supo, como el de Saladas donde hace cinco años hay un fiscal sustituto. Nadie dice por qué no se llama a concurso.
Otras situaciones irregulares hay en otras localidades. Ahora, ante la enorme trascendencia que tomó la cuestión publicada por EL LIBERTADOR, todo indica que se conocerían decisiones de alto impacto que quizás hagan que se conmueva la máxima instancia tribunalicia de la Provincia.

Todo esto acontece en momentos en que, el tema Corrientes, está en la mira del poder nacional. El martes, la senadora Josefina Meabe volverá a analizar con las autoridades del área de Justicia la situación de Corrientes. En la víspera, el Jefe de Gabinete habría instruido al Ministerio de Justicia respecto a la visión que desde el Poder Ejecutivo nacional hay de la crítica situación que se vive en la Provincia.

Causó sorpresa en el Gobierno nacional que durante este tiempo de monitoreo, lejos de haberse dado acciones concretas para reencauzar la situación, más pareciera que se siguen agregando elementos, acaso como si no se fuera consciente del poco margen que existe.

Sábado, 22 de septiembre de 2012