Corrientes (31-1-13): Raúl Peloso (PL-San Roque), Hugo Perrota (UCR-Lavalle), y Vicente Romero (PL-San Luis del Palmar) fueron los jefes comunales que, antes de la presente Feria, realizaron ante la Justicia un pedido de ‘declaración de certeza’ para saber si pueden ir por un tercer mandato. Curiosamente no lo hicieron ni Osella ni Vischi a la espera de la definición de la justicia en estos casos, aunque el verdadero interés en saber si la habilitación puede ser factible es para que los mismos puedan arrimar votos a la candidatura de Ricardo Colombi. Mañana el pedido caerá en manos de la Jueza con competencia electoral, María Eugenia Herrero, quien deberá fallar al respecto, pero atendiendo a fallos anteriores de la magistrada y obedeciendo a la jurisprudencia por ella misma dictada rechazará los pedidos tal lo efectuado en el año 2009, cuando denegó dicha posibilidad a la Intendente de Parada Pucheta, María Brambilla, quien a la postre pudo rereelegirse por una habilitación del STJ, a donde seguramente llegará la causa, situación que puede derivar en el pedido formal del PJ para intervenir la justicia correntina por la evidente violación a la Constitución Provincial.
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La presentación de Peloso, Perrota y Romero pidiendo a la Justicia una ‘declaración de certeza’ por un tercer mandato como Intendentes la realizaron a fines de diciembre antes de la Feria Judicial, a pesar de pedir la habilitación de Feria el mismo fue negado por la magistrada de turno, quedando para su definición en el ámbito natural de la Jueza con competencia electoral del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 María Eugenia Herrero.

A este respecto la jueza Herrero debería fallar negando el pedido de los alcaldes, dado que la misma ya sentó jurisprudencia en el año 2009. Esta situación de solicitar la Declaración de Certeza ya tiene un antecedente en el año 2009 cuando a principios de mayo de ese año la jueza Civil Nº3, María Eugenia Herrero, con competencia electoral emitió un fallo en el que rechazó la pretensión de la intendenta de Parada Pucheta, María Brambilla de Osuna, de postularse a una re-reelección; la medida era extensiva para todos aquellos jefes comunales quienes guardaban esperanzas de volver a ser candidatos. En esa oportunidad fundamentó la Magistrada que “la norma constitucional es lo suficientemente clara y no existen dudas interpretativas, y se advierte que no existen discordancias entre las normas constitucionales pues tanto el art. 158 de la Constitución con la reforma del año 1993 como el art. 220 de la Constitución reformada del año 2007 ya que son coincidentes; en ambas se impide que el intendente sea reelecto por más de un mandato consecutivo”.

Una vez que la magistrada manifieste su veredicto, habrá una instancia de apelación para luego (estimativamente) trasladar el tema al STJ. Los integrantes del alto cuerpo judicial, según versiones, no tendrían un criterio unificado en el tema.

Desde el FpV ya expresaron su parecer en la interpretación de la norma constitucional y de ser violada la misma, habilitando a los alcaldes a un tercer mandato, determinaría que la latente intervención a la justicia correntina vuelva al tapete.

Cabe destacar que la sumisión del Poder Judicial a los designios del Gobernador Colombi es clara y evidente, ya en su oportunidad y a pesar del fallo de la Jueza Herrero, desde el máximo tribunal entendieron que se podría dar la reelección de un tercer mandato escudándose en el pedido de un concejal de Goya. Esta intromisión del poder político en el judicial y el manejo de los jueces tuvo su confirmación al aprobar los pliegos, enviados por el Gobernador, para la conformación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Electoral a las juezas Nidia Billinghurst, Vocalía A, María Herminia Puig, Vocalía C y Marta Altabe, la B, todas ellas con fuertes vínculos con la UCR y muy cercanas al gobierno. Fue justamente estas designaciones para entender en materia electoral parte de la estrategia que viene armando el mandatario provincial para facilitar su reelección. Estas nominaciones levantaron fuertes críticas entre la oposición desde donde se visualiza la posibilidad de un nuevo fraude electoral pergeñado desde el gobierno, el cual sería el tercero sería organizado por sectores ligados al ricardismo.

Es de recordar al respecto que para asumir en su primer mandato el fraude organizado por la intervención radical determinaron que a pesar de sacar más votos “Tato” Romero Feris, la propia justicia no permitió el conteo de todas las urnas y la quema de las mismas en forma inmediata luego del recuento de algunas de ellas, en igual sentido en al año 2009 cuando a Fabián Ríos le faltaron cerca de 200 votos para ingresar a la segunda vuelta electoral, la justicia electoral no atendió los reclamos del PJ, para un recuento pormenorizado ya que según los datos de los fiscales pejotistas dicha diferencia no existía, atendiendo a estos antecedentes se vislumbra claramente la intención del gobierno provincial.

Esta posición del Gobernador de querer habilitar un tercer mandato a algunos intendentes tiene como clara finalidad de posibilitar que en los dos distritos más grandes, luego de la capital, Goya y Paso de los Libres, que están visiblemente complicados electoralmente para la alianza oficialista, posibilitar a sus intendentes, Osella y Vischi, que al ser postulados para otro período puedan revertir la situación, aunque los distintos relevamientos determinan que en las dos ciudades revertir la situación de descontento de la gente con dichos alcaldes es prácticamente imposible.

El hecho de que el Gobernador desista del adelantamiento de las elecciones legislativas impide que Osella y Vischi vayan por dos cargos, legislador y luego intendente, como lo tenían previsto; ir como legislador en las elecciones que se tendría que adelantar para mayo y luego ir en septiembre por la reelección, jugando a dos puntas. Hoy esa posibilidad no se puede dar por lo que estarían ante el hecho de que si son intendentes y pierden quedan, por lo menos en el caso de Vischi, sin protección política y judicial ante cualquier tipo de denuncia que se pueda efectuar por distintos hechos ligados a sospechas de corrupción.

Por lo pronto se debe esperar el fallo de la Jueza Herrero, y luego la apelación ante el STJ.
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Jueves, 31 de enero de 2013