Corrientes (12-9-14): La intervención en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) anuncia varias cosas, entre las que luce el “plan de reformas edilicias” que está llevando adelante el Gobierno; sin embargo dada la falta de publicidad se puede suponer que es un negocio inmobiliario; por caso el edificio de Junín 1240 ya lo están desocupando y los habitantes de ahí irán a parar al 3º y 4º piso de San Martín y Salta (que es alquilado a la familia Lorenzo).

La inminente evacuación del edificio de la calle Junín sería para venderlo, si es que ya no está vendido a un poderoso empresario local (que tiene vinculación comercial con el Estado), lo cual sería ilegal porque el señor Ricardo Colombi no puede disponer de bienes del Estado como se le ocurra, en primer lugar porque no son suyos y por lo tanto para enajenar inmuebles debe ajustarse a la normativa legal vigente, que contempla incluso los casos de emergencia. En segundo lugar el inmueble debe tener una tasación justa a efectos de encuadrar el procedimiento en función del monto (a lo mejor ya la tienen). Luego se debe hacer licitación, pública o privada, según el monto. Según versiones circulantes, la operación estaría encaminada con un grupo empresario que explota una parte del juego de azar en la provincia.

No sería raro que el ministro Enrique Vaz Torres se haya puesto de acuerdo con el señor del juego ya que usufructúa o alquila un inmueble situado en la calle Plácido Martínez al 1300 y además son conocidos de antes; al menos de cuando era interventor interino del Instituto de Lotería y prorrogó por diez (10) años la concesión del Casino de Goya, justito un 7 de diciembre de 2005, 3 días antes de finalizar Vaz Torres y Colombi sus respectivas gestiones.

Lo más novedoso es que la concesión vencía recién el 31 de marzo de 2007, vale decir casi un año y medio después de ese “apresurado” acto de gobierno. De todos modos, en el caso específico que nos ocupa, esta vinculación no invalida al presunto comprador, sino que refuerza la inquietud sobre los procedimientos oficiales. En especial por tratarse la Dpec de una “empresa quebrada”, tal como lo definió el Gobernador. Y la luz, ¿para cuándo?

El sistema eléctrico dejado caer no se arregla sólo con la compra de materiales. Para que se entienda: una persona puede hacer una casa en mil días, pero mil personas no pueden hacer una casa en un día; ni con toda la plata del universo.

Dejar en condiciones la empresa pública de electricidad requiere inversiones y tiempo. Al interventor Vaz Torres le quedan menos de dos meses de legalidad. Ahora la intervención admite “pérdidas” y que se va a “reforzar” el control de fraude. Muy bien, pero el verbo está mal usado: no pueden “reforzar” lo que no hay.

El ex interventor Vicente Parisi dejó de controlar fraude violando el reglamento, dejó de recuperar millones de kW/h de energía suministrada y no registrada, ¿por qué?, habría que preguntarle a la fiscal Sonia Meza si lo averiguó, o a la jueza Nº 1 Beatriz Agrasso, del Poder Judicial de Corrientes.

Viernes, 12 de septiembre de 2014