Hace dos semanas, la Cámara de Diputados recibió una nota del presidente de la empresa Aguas de Corrientes que expresaba, en términos “poco felices”, su disconformidad por un proyecto votado por el cuerpo. Se dijo entonces que iban a analizar la misiva para contestar. La semana pasada no hubo sesión y ayer el cuerpo respondió, aunque con algunos cuidados.

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados recibió una nota del presidente de la empresa Aguas de Corrientes que expresaba, en términos “poco felices”, su disconformidad por un proyecto votado por el cuerpo. Se dijo entonces que iban a analizar la misiva para contestar. La semana pasada no hubo sesión y ayer el cuerpo respondió, aunque con algunos cuidados.
La única que se explayó sobre el tema fue la diputada María Inés Fagetti, autora de la iniciativa que entre otras cosas pide compensar a los usuarios de la costa del Uruguay que recibieron un servicio deficiente. “Quiero expresarle a mis pares que tengan la tranquilidad en cuanto a lo que votaron, porque lo único que se hizo fue cumplir con la Constitución, que está por encima de cualquier contrato”, arrancó diciendo.
“La Constitución exige al Estado velar por los ciudadanos. Y el Estado no es solo el Poder Ejecutivo. El Estado está integrado también por el Poder Legislativo, y el derecho al agua es un bien social. Lo único que se hizo en esta Cámara fue proteger a los ciudadanos”.
“La nota enviada dice en el primer párrafo que la empresa no tiene nada que ver con la contaminación del río Uruguay y yo digo que sí tiene que ver, como también tiene que ver con el tratamiento de los líquidos cloacales”.
“Por eso se debe recomponer el daño producido. Pongámosnos en el cuero de la población de Santo Tomé que nos decía que el agua tenía olor a gamesán. Porque aunque digan que no hace mal, al verla, ustedes la tomarían?. No es lógico el temor en el usuario?”.
“Nos debemos al ciudadano, ciudadanos que se vieron en la obligación de comprar agua mineral. Ellos deben ser compensados por el daño, un daño consistente en la pérdida del bienestar, y además, en pérdidas económicas”.
“Nosotros somos el Estado y estamos obligados a proteger derechos de los usuarios. No violamos ningún derecho de la empresa al decir que compense”, dijo finalmente la legisladora.

Jueves, 26 de junio de 2008