Corrientes (22-11-16): Los bienes del juez federal Carlos Soto Dávila están en la mira de los investigadores judiciales en el contexto de causas por lavado de activos y de otra y de evasión fiscal. Esto es porque entre las pruebas halladas existen documentos que involucran al magistrado con la compra y venta de dinero por fuera del mercado legal. Se trata del mismo magistrado que debía investigar la causa pero que dilató estas averiguaciones hasta que fue recusado.
NR: Cabe destcar que el juez Soto Dávila es quien tiene la causa que involucra al Gobernador Ricardo Colombi por Defraudación Fiscal y enriquecimiento ilícito, conocida como de "la casita regalada"
Fuente: Nova Corrientes

En el pedido de recusación de la Fiscalía se hace notar la connivencia, y se fundamenta en que “el objeto procesal de la causa es investigar maniobras de intermedicación financiera no autorizada, lavado de activos, y posible asociación ilícita, por lo que resultaría inadmisible que el juez sea el instructor y juzgador de las maniobras de evasión tributaria que se les imputa a los directivos de la Cooperativa”.

La denuncia puntual fue que juez federal Carlos Soto Dávila habría comprado y vendido moneda extranjera en negro por medio de la Cooperativa de Créditos Pyramis a la que debía investigar en el marco de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

También se hallaron documentos relacionados con la compra y venta de divisas sin autorización del Estado, como también de transacciones financieras por fuera del sistema legal.

En una de las computadoras se halló información que involucraría al juez federal Carlos Soto Davila quien se sospecha que compró 63.730 dólares estadounidenses a un precio “diferenciado”, y que además vendió esa moneda por un total de $209.825.

Estas operaciones se habrían realizado en forma personal por el magistrado quien trataba directamente con los imputados de la causa en la que debía intervenir.

Según la denuncia, entre los administrativos que están sospechado de compra y vender dólares se encuentra ‘Coco’ “quien sería Mario Boschetti, procesado en la causa mencionada, y que autorizaba la entrega de dinero”, quien habría acordado los intercambios de divisa con el juez.

Finalmente después que pasó casi un año del inicio de las investigaciones, y denunciado ante la Cámara Federal de Apelaciones, Soto Dávila se apartó pero sin hacer referencia a los hechos que se atribuyeron.

Por el contrario, alegó “violencia moral”. “Muy a pesar de no contar con legislación formal, la doctrina y la jurisprudencia reconocen como motivo de apartamiento la violencia moral, y aunque no aparece contemplada entre los causales constituye una circunstancia que debe ser tenida en cuenta por ser manifestación de un estado anímico que persigue por parte de quien la invoca, asegurar una recta administración de Justicia”, dice su argumento.

El expediente pasó a manos del federal Juan Carlos Vallejos quien tiene paralizado el expediente desde septiembre. El pedido del Ministerio Público es que unifique todas las causas relacionadas con Pyramis en un solo expediente.

Además, se solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras que ahonde en detalles respecto a los movimientos de activos del magistrado sospechado.

Este pedido aún está sin contestación.

Causa primigenia

En julio de 2015 la Administración Federal de Ingresos públicos había detectado que Pyramis había intervenido en intercambios comerciales por cifras superiores a los dos millones de pesos a través de una empresa intermediaria.

Puntualmente se trataba de venta de algodón a la empresa Alpargatas transacción concretada por medio de la firma Consignataria Río Uruguay SA. Los registros sugerían que ésta empresa era ficticia, y que realmente se habían realizado maniobras tendientes a esconder ganancias.

El estratagema consistía en que la concesionaria recibía los pagos por una suma determinada y se quedaba con el dinero. Pero la realidad era que todos los fondos iban al mismo destinatario, pues los mismos socios de Pyramis lo eran de Río Uruguay SA.

Fue entonces que se realizó una denuncia ante el Juzgado Federal 1 de Corrientes para que se investigue la supuesta comisión de delitos tributarios. En ese contexto se pidieron allanamientos y fue cuando se descubrieron las actividades financieras indebidas que dieron origen a la otra causa penal.

Los policías federales que en esa oportunidad entraron al edificio habían simulado ser compradores de divisas, y realizaron todas las preguntas necesarias para elaborar un informe muy detallado. Uno de los efectivos advirtió en esa incursion la existencia de cofres de seguridad que funcionaban sin permiso estatal.

Un funcionario que interviene en las averiguaciones explicó a NOVA que “llamaba la atención que la causa por evasión fiscal comenzó a principios de año pasado, y hasta se hicieron diligencias que derivaron en otra causa. El tema es que el juez de la causa tributaria nunca llamó a declarar a nadie, la causa no se movió”.

Pero llamativamente el magistrado nunca se apartó al saberse relacionado con los imputados y continuó vinculado al expediente aún después que se inició otra causa a instancias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Esa causa fue iniciada en el Juzgado Federal 2 desde donde se ordenaron casi 20 allanamientos que permitieron encontrar 320 cajas de seguridad donde políticos, funcionarios y empresarios guardaban millones de pesos, dólares, euros y valores que no estaban declarados ante la Afip.
Fuente Nova Corrientes

Martes, 22 de noviembre de 2016