La Paz (19-11-19): La ONG criticó con dureza al decreto de la presidenta golpista Jeanine Áñez, que le quitó responsabilidad a las fuerzas de seguridad de por las muertes que pudiera generar la represión. A poco de convertirse en una protagonista central del golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales, la presidenta Jeanine Áñez firmó un decreto que le quita responsabilidad a las fuerzas de seguridad de ese país por las víctimas que pudiera generar la represión indiscriminada que se lleva a cabo día a día en la nación del altiplano.


Al respecto, la ONG Amnistía Internacional afirmó que "el Decreto 4078 que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente".

Además, se le pide al estado boliviano "garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como proteger los derechos humanos de todas las personas que protestan sin importar su opinión política, dijo Amnistía Internacional hoy".

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”, señaló al respecto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En un comunicado, Amnistía puntualiza que el decreto de Áñez "dispone la participación de las Fuerzas Armadas en ´la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional´ y exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública ´cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad´".

Al respecto, la ONG que trabaja sobre los derechos humanos alrededor del mundo, expresó su "preocupación por este Decreto que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad. El texto del mismo documento señala que la situación ´tiende a agravarse, incluso de llegar a una guerra civil´ , suponiendo que cualquier acto de violencia sería una excusa para la impunidad".

Asimismo, la organización recordó "que el personal de las fuerzas de seguridad no sólo debe rendir cuentas por sus acciones y omisiones a título individual, sino también son responsables, inclusive penalmente, todos los superiores que dicten órdenes ilícitas, supervisen o manden y las controlen de algún otro modo, o que puedan ser responsables de la planificación y preparación de las operaciones".

Además, subraya el peligro que representa que las "autoridades continúan respondiendo de manera violenta ante las críticas, las protestas, el escrutinio de los medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros".

“La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días. Jeanine Añez, quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”, dijo Erika Guevara Rosas.

"La organización llama a las autoridades a investigar, de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad y de actos de violencia por particulares", puntualizaron también.

Martes, 19 de noviembre de 2019