El Gobierno logró el apoyo mayoritario de los legisladores propios y de muchos críticos, aunque concedió que se excluyera del proyecto el acta concertada con Marsans y firmada por el funcionario, a quien le exigieron que renuncie.

El oficialismo respaldó el rescate estatal de Aerolíneas Argentinas, pero lo hizo con un proyecto muy distinto del que había diseñado el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso. El plan de Jaime se sostenía en la compra de la empresa a través de un acta que, en nombre del Estado, él firmó con el Grupo Marsans.

Los diputados acordaron aprobar por amplia mayoría la recuperación de la empresa, pero excluyeron del proyecto de ley el acta firmada por Jaime. En privado, los principales legisladores del oficialismo no ahorraron críticas a la hora de opinar sobre el responsable de Transporte. En público no lo criticaron. Se limitaron a cuestionar el documento de compraventa que firmó con el grupo español. Al cierre de esta edición, ninguno de los diputados del Frente para la Victoria defendió al funcionario cuando los legisladores de la oposición pidieron su renuncia.

La porteña Vilma Ibarra, aliada del kirchnerismo, no dudó en señalar que “el acta-acuerdo es débil jurídicamente e inaceptable en sus términos”. Cuando este diario le preguntó a la cordobesa Beatriz Halak, integrante de la bancada del peronismo, por la responsabilidad de Jaime en el actual quebranto de Aerolíneas Argentinas se limitó a repreguntar. “Usted leyó el proyecto, leyó los fundamentos. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas”.

En los fundamentos, el oficialismo admitió que en principio no había firmado los balances de la empresa correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004, porque sospechaba que eran irregulares. Los reconoció en 2006 a cambio de incrementar la participación estatal en la firma. Algo que para algunos diputados de la oposición fue interpretado como el virtual reconocimiento de una comisión pagada en acciones.

La oposición no ahorró críticas contra Jaime. El radical cobista Daniel Katz, que votó con el oficialismo el rescate de Aerolíneas Argentinas, dijo que “si a algún funcionario responsable del área le queda dignidad, tendríamos que leer próximamente su renuncia en los diarios”.

El porteño Claudio Lozano, que votó con la mayoría oficialista, criticó el proyecto que originalmente había enviado el Gobierno y subrayó que Jaime es como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “Cualquier iniciativa que envíen estará plagada de sospechas”, dijo. Fue más allá y dijo que “en nombre de la recuperación del patrimonio público, sería sustancial separar a Jaime de la función pública”.

El porteño Miguel Bonasso, en diálogo con este diario, aseguró que “Jaime tendrá que ser investigado al igual que todos los funcionarios que consintieron el pillaje de Marsans”. En buen romance, Bonasso hacía carambola y sin nombrarlo también le apuntó al ministro de Planificación, Julio De Vido. Las críticas unieron al radical Miguel Giubergia, al diputado del PRO, Esteban Bullrich, y también al demócrata mendocino, Omar De Marchi. La seguidilla de cuestionamientos fue tan grande, que la bonaerense Graciela Giannetassio ensayó una tímida defensa. “No vinimos aquí a realizar un juicio público de ningún funcionario”, dijo la ex responsable de la reforma educativa que castigó a la provincia de Buenos Aires.

Los cambios realizados al proyecto diseñado por Jaime le permitieron al oficialismo contar con los votos de la totalidad de su bancada. Incluso sumó a muchos bloques que no siempre lo acompañan. En la primera sesión que se realiza en la Cámara baja después del rechazo parlamentario a las retenciones móviles, el Frente para la Victoria también reunificó, en la votación, a los diputados de la ex Concertación Plural. También consiguió el apoyo de Claudio Lozano, del bloque del SI, de Eduardo Macaluse, del Movimiento Popular Neuquino, y de los renovadores salteños. Ninguno de los que votaron afirmativamente cree que con este proyecto alcanza para solucionar la crisis de Aerolíneas. Todos reconocen que el conflicto tendrá que saldarse con una expropiación estatal. El círculo se cerrará en dos semanas cuando el Senado vote lo que anoche apoyó Diputados.

Algunos diputados ya hablan de “expropiación”

Los cambios introducidos en el proyecto de ley sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas disparó un alerta entre los legisladores, que comenzaron a conjugar el verbo “expropiar”. Varios diputados del oficialismo que hablaron con este diario reconocieron en privado que, más tarde o más temprano, el Estado tendrá que confiscar la empresa porque el proyecto enviado por la Casa Rosada desnaturalizó el Acta que el secretario de Transporte Ricardo Jaime firmó con el Grupo Marsans, y advierten que la empresa podría recurrir a los tribunales internacionales del CIADI.

En público, el oficialismo niega la idea de la expropiación. El kirchnerista Agustín Rossi es uno de los pocos que tanto en público como en privado desestima una posible confiscación. Incluso criticó a la socialista Silvia Augsburger por pedirla.

“Estás reconociendo toda la deuda de Marsans”, le reprochó. Es que el socialismo fue el único bloque que reclamó la expropiación de Aerolíneas, aunque varios diputados que votaron la iniciativa de la mayoría reivindicaron la medida. Así lo hicieron el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur; el radical cobista Daniel Katz y el porteño Miguel Bonasso, entre otros.

VOTOS EN LA MADRUGADA. La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado el proyecto de ley que autoriza la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y determina que el Congreso deberá respaldar el valor del precio de las acciones de ambas firmas.

El dictamen de mayoría obtuvo 167 votos, consecuencia del respaldo del Frente para la Victoria, radicales K, el bloque Solidaridad e Igualdad (ex ARI), el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, entre otros.

En contra se manifestaron 79 diputados representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo, la Coalición Cívica y del peronismo disidente, entre otros.

Para lograr consensos, el oficialismo impulsó la eliminación del artículo 2 del proyecto que proponía respaldar el acta acuerdo firmada con el grupo Marsans, otro punto que habilitaba su reprivatización y se reformó un punto referido al financiamiento de la compañía.

Mientras se desarrollaba el debate, trabajadores, dirigentes de los cinco gremios aeronáuticos, la CGT y la CTA, se concentraron frente al Congreso Nacional, en apoyo a la sanción del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Al defender la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Transporte de la cámara baja, Zulema Daher aseguró que el proyecto de ley de reestatización de Aerolíneas "es una política de Estado para resguardar los 9.000 puestos de trabajo y garantizar la integración regional y el turismo".

Daher destacó que el Estado "no puede estar ajeno a las responsabilidades que le caben" y remarcó que el transporte aéreo es un "servicio esencial".

También, el titular de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto, opinó que el proyecto para reestatizar Aerolíneas Argentinas "es una herramienta para llevar adelante una política de crecimiento, integración y de atención de necesidades sociales" en el país.

Agosto defendió en el recinto de la cámara baja la iniciativa oficial, al sostener que esa alternativa es efectiva "en un contexto específico en el que se desarrolla la actividad aerocomercial".

En tanto, el diputado de Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, manifestó su respaldo al proyecto, al destacar que la cámara baja tiene "la responsabilidad histórica de recuperar" la empresa aérea y aseveró: "Hoy todos somos Aerolíneas".

Desde el radicalismo, Miguel Angel Giubergia, anticipó que ese bloque "se opondrá" al proyecto por "no estar de acuerdo" con que el Estado "deba asumir la deuda generada por Marsans", al defender el dictamen de minoría impulsado por esa bancada junto al PRO, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios de la oposición.

Por su parte, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez reivindicó la decisión de reestatizar Aerolíneas Argentinas pero reclamó que la deuda de esa línea aérea sea asumida por el grupo empresario que la gerenció en los últimos años.

En el cierre del debate, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "nos hacemos cargo del problema" y que "queremos una aerolínea de bandera, no una política de cielo abierto".

"No es lo mismo tener una aerolínea de bandera que opere el 75 por ciento de los destinos del país, que tener una política de cielo abierto; no queremos eso queremos una aerolínea de bandera que garantice servicio de cabotaje, porque no todos los destinos dan rentabilidad", añadió.

El dictamen establece que "para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial, correo y carga en el ámbito de la República Argentina, se dispone por esta ley el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral por compra de sus acciones societarias".

Asimismo, la iniciativa dispone que "el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones de la empresas" y que "la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas".

Respecto de la financiación, el proyecto establece que "el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficit operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008".

En esa línea, la iniciativa se sostiene que "se deben realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informando sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado".

DETALLES DEL PROYECTO. El proyecto aprobado hoy por la Cámara de Diputados y girado para su consideración al Senado, contempla la reestatización de las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas, elimina la posibilidad de una reprivatización y establece que el valor de las acciones deberá ser avalado desde el Congreso.

Los diputados del oficialismo excluyeron durante el debate en comisión el artículo 2, que proponía la aprobación del acta acuerdo firmado entre el gobierno y el grupo español Marsans.

También se eliminó el artículo 6 que habilitaba al gobierno a poder incorporar capital privado y ceder acciones de las empresas.

El proyecto establece que "para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial, correo y carga en el ámbito de la República Argentina, se dispone por esta ley el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral por compra de sus acciones societarias".

Establece que "el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las valuaciones de la empresas" y que "la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que aquellas valuaciones contemplen la real situación patrimonial de las empresas".

El artículo 3 precisa que "el precio que se establezca deberá someterse a la aprobación del Congreso", en tanto que el 4 autoriza "la cesión" las empresas "por hasta un máximo del 10 por ciento del paquete accionario".

Respecto de la financiación, el proyecto dice que "el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas hasta el 31 de diciembre de 2008, debiendo realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informando sobre dichas transferencias a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado".

En otro artículo indica que "el monto de las asistencias financieras realizadas y a realizarse por el Poder Ejecutivo con la finalidad de atender lo dispuesto en el articulo anterior, podrán instrumentarse como aportes de capital yo como créditos a favor del Estado Nacional, debiendo realizarse las adecuaciones presupuestarias correspondientes".

Además, el texto dice que "para garantizar y la correcta instrumentación podría requerirse la intervención de la Auditoria General de la Nación.

Como parte del acuerdo con el bloque Solidaridad e Igualdad, el oficialismo aceptó incluir, para completar el artículo 2do, que "las tasaciones se realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 15 de julio de 2008".

También se sumó un artículo 9 que aclara que "en ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma".


Viernes, 22 de agosto de 2008